El pueblo indígena de los nukak es uno de los pocos que aún mantienen sus costumbres nómadas en el territorio nacional. Hace dos décadas, el conflicto armado –liderado por grupos subversivos como las extintas Farc y las bandas criminales que transitaron por la región de la Amazonia– golpeó sus asentamientos y los obligó a huir de sus territorios atemorizados por la guerra.
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Los grupos armados ilegales han usado por años al pueblo nukak makú para la recolección de la hoja de coca. También ha sido víctima de reclutamiento y abusos sexuales.
La Contraloría General de la República, en su más reciente informe sobre el seguimiento fiscal a la inversión en materia de política pública para los nukak, advierte que el hambre y los problemas de salud son dos de los principales males que aquejan a este grupo étnico, aquel con el que se tuvo contacto solo en el año de 1988, cuando se estableció el primer encuentro oficial con la sociedad colona y el Estado.
Sus singulares características étnicas y también las complejas situaciones por las que ha atravesado este pueblo hicieron que fueran reconocidos por la Corte Constitucional como sujeto de especial protección constitucional mediante la sentencia T-025 de 2004; además, con el Auto 004 de 2009 se identificó a los nukak como uno de los pueblos que están en riesgo de extinción física y cultural en Colombia.
Según la Contraloría, la población de los nukak se estima en 1.000 miembros que habitan en alrededor de 13 asentamientos; en su mayoría, se encuentran fuera de su resguardo, debido al desplazamiento forzado perpetrado por los grupos ilegales.
El territorio del resguardo de los nukak se posiciona como el más grande de Colombia, con una extensión estimada de 954.480 hectáreas en el Guaviare, pero a pesar de esto viven problemáticas que han sido denunciadas como “inacabables” por algunos de sus voceros y hasta por las mismas autoridades locales.
Para evidenciar este punto solo hace falta recorrer las calles de San José del Guaviare o el municipio de El Retorno, donde se ha visto que las costumbres nómadas de los nukak están siendo modificadas por su interacción con la vida citadina. Hay quienes mendigan y otros que padecen de la intemperie.
En las calles se ve vagar a niños, jóvenes y adultos, todos ellos con un elemento que se ha hecho común: reclaman por acceso a condiciones mínimas para la supervivencia como la alimentación y la salud.
Óber Katua, líder de los nukak en San José del Guaviare, afirma que la falta de asistencia estatal se ha mantenido y aunque los niños, principalmente, se han visto beneficiados por algunas ayudas ofrecidas en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), aún cuentan con necesidades que no se ven asistidas por el Estado.
“Tenemos niños y jóvenes enfermos. A veces que mandan enfermeros y gente de salud desde la Alcaldía, pero así que tengamos ayudas, no”, afirma Katua, quien aún no habla muy bien el español, como otros miembros de su comunidad.
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Aunque, paradójicamente, la Contraloría revela que el resguardo nukak tiene recursos acumulados y pendientes de ejecución que ascienden a los 9.559 millones de pesos dentro de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para los Resguardos Indígenas (AESGPRI).
Asimismo, describe que el dinero está pendiente de ejecución desde 2002. La partida presupuestada del AESGPRI, según la Contraloría, está repartida entre el Ministerio del Interior por una cifra que asciende a los 5.897 millones; la alcaldía de San José del Guaviare, por 2.908 millones; y la alcaldía de El Retorno, por 754 millones pendientes de ejecución.
De acuerdo con el ente de control fiscal, la falta de reconocimiento jurídico del pueblo ha impedido que puedan acceder al Sistema General de Participaciones. También señala que no ha habido un cumplimiento del plan de retorno y devolución del territorio para los nukak, que fue planteado dentro del Acuerdo de Paz pactado en La Habana (Cuba) en el 2016.
“(…) Ninguna de las medidas de protección señaladas han sido objeto de entero cumplimiento por parte del Gobierno Nacional, y, por el contrario, cada una de ellas ha reiterado la falta de materialización de las dictadas anteriormente”, señala la Contraloría.
En esa medida, también es consistente en decir que organizacionalmente los nukak cuentan con un “débil sistema de gobierno propio”, que no ha logrado un alcance jurídico y legal y que tampoco ha sido precisado por el Ministerio del Interior, y la mayor parte de su población habita por fuera del resguardo debido al desplazamiento forzado.
En eso concuerda el alcalde del municipio de El Retorno, Yeison Pineda, quien señala que aunque la comunidad cuenta con un resguardo legalmente constituido, no ha sido posible que reciban la AESGPRI.
“Eso no lo han podido ejecutar porque ellos no tienen capitanía. Ellos no tienen una estructura organizacional, entonces por eso no se han podido ejecutar recursos con ellos. Ahí toca que el Congreso modifique la normatividad para que busque la manera de cómo liberarles esos recursos y ellos lo ejecuten”, señala Pineda.
El alcalde de El Retorno, ubicado en el departamento del Guaviare, comenta que en el municipio que está bajo su administración se encuentra el resguardo del parque Nukak, pero asegura que la comunidad que está asentada allí se ha desplazado hacia San José del Guaviare.
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Los nukak makú en la selva.
Filiperto Pinzón / EL TIEMPO
“Hoy la problemática la tiene toda San José del Guaviare. Allá es donde usted encuentra a todos los indígenas nukak en la calle, en mendicidad, vendiendo sus manillas y en cualquier parte se sientan. (…) Ellos no han querido aprender la lengua española y por eso es que ellos no tienen ningún tipo de organización”, agrega.
De acuerdo con datos de la gobernación del Guaviare, a agosto de 2022 se ha identificado una población de 1.001 personas nukak; de estos, 987 se encuentran en el municipio de San José del Guaviare y 14 en El Retorno, por lo que se hace evidente que la mayor concentración poblacional de pueblo indígena se encuentra en la cabecera urbana.
Sin esta distinción, la Contraloría General afirma que ambos municipios recibieron las asignaciones del AESGPRI para el resguardo nukak, entre los años 2002 y 2015; sin embargo, estos recursos no fueron ejecutados debido a la inexistencia de la figura jurídica de representación legal para concertar el uso de los dineros y también por sus condiciones de pueblo nómada y en situación de desplazamiento.
Estos recursos siguen reposando en cuentas bancarias de dichos municipios, no obstante lo señalado en el decreto 1953 de 2014, que indica que “los recursos girados y no ejecutados a la fecha de la entrada en vigor de este deberán reintegrarse por la entidad territorial correspondiente al tesoro nacional junto con los rendimientos financieros para ser ejecutados por el Gobierno Nacional”.
En San José del Guaviare, particularmente, la entidad señala que se fijaron nuevos compromisos sobre el proceso de caracterización y la asamblea de elección de autoridades del pueblo nukak, con lo que se espera fijar un enfoque diferencial en el proceso de registro e identificación.
“De acuerdo con reporte de la gobernación del Guaviare, de los 1.001 indígenas nukak identificados al mes de agosto de 2022, 291 cuentan con documentos válidos, 579 se encuentran indocumentados y 131 requieren procesos de actualización de documentos”, indica la Contraloría.
El proceso de registro único y el reconocimiento jurídico harán que la población pueda acceder a partidas presupuestales pendientes. La Contraloría insiste que es “urgente” generar las condiciones para que el pueblo nukak logre acceder a los recursos del Sistema General de Participaciones e insta al Gobierno Nacional a tomar acciones en esta materia.
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