otra crisis en la ‘paz total’

Con el asesinato de Carmelina Yule Paví, líderesa indígena de Toribío, y el posterior ataque a sus honras fúnebres, las disidencias de alias Iván Mordisco forzaron, por segunda vez en menos de un año, que el presidente Gustavo Petro levantara el cese de operaciones ofensivas que ha protegido al ‘Estado Mayor Central, Emc. Así se hace llamar la disidencia de las antiguas Farc que tiene en el Cauca uno de sus principales centros de operaciones.

No es la primera crisis de la política de ‘paz total’ del Presidente ni tampoco la última. Hace un año, él ordenó la suspensión de cese de fuego con el ‘clan del Golfo’ tras el paro minero que por semanas puso en jaque a varios municipios de Antioquia y Córdoba. Y el proceso con el Eln, en teoría más sólido, se ha visto sacudido por el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz y por las desafiantes declaraciones de ‘Antonio García’, jefe militar de esa guerrilla.

Aunque el comisionado de Paz, Otty Patiño, afirma que las conversaciones siguen con frentes de las disidencias por fuera de Cauca, Nariño y Valle (departamentos donde esta semana volvieron a desplegarse las Fuerzas Militares) hay en esta ocasión elementos que agravan la situación y que podrían poner en un punto de no retorno el diálogo con ‘Mordisco’.

Por un lado, está el cansancio acumulado de las comunidades indígenas del Cauca, socios claves del gobierno Petro, por los constantes y cada vez más graves ataques de los disidentes en su contra. Reclutamiento de menores, asesinatos y pago de extorsiones son parte de las acciones que ahora, como antes de la firma de la paz en 2016 lo hicieron las Farc, imponen las columnas ‘Dagoberto Ramos’ y ‘Jaime Martínez’.

“Las autoridades indígenas del proyecto Nasa y del norte del Cauca se quieren descontaminar de la publicidad de los grupos armados, que están en todos los resguardos. Las comunidades se cansaron de los asesinatos, la guerra”, dijo la senadora Ayda Quilcué en entrevista con EL TIEMPO.

El asesinato de Carmelina ocurrió cuando los disidentes se llevaban a un menor de edad para sus filas. Poco después de que esas mismas comunidades indígenas regresaran del encuentro en Cali con el Presidente.

“Ahora está matando dirigentes campesinos, ahora está asesinando al pueblo, y hablan de revolución. Qué revolución ni qué carajos. Deje de usar la memoria de Manuel Marulanda Vélez (el fundador de las Farc), que por lo menos se atrevió a hacer una revolución de verdad. Usted es un traqueto vestido de revolucionario”, le espetó el Presidente a ‘Mordisco’ durante uno de los actos públicos de su correría por el Caribe.

El señalamiento de ‘traqueto’ al jefe de las disidencias es apegado a la realidad: esa organización controla o saca provecho económico de las siembras de coca que hay en el eje sur del Valle, Cauca, Nariño y Putumayo.

Un enclave que concentra, según la ONU, cerca de la mitad de la coca que hay sembrada en el país y que aprovecha, además, dos de las principales autopistas que tiene el narcotráfico: la frontera con Ecuador y el océano Pacífico. No es una novedad y puede aplicarse también para parte del Eln que está negociando y, sin dudas, para el ‘clan del Golfo’, que a pesar de posar como ‘Autodefensas Gaitanistas’ es, según organismos de inteligencia y autoridades de Estados Unidos, un cartel de la droga.

El Presidente, de hecho, les ha dicho narcos a los jefes de los grupos con los que trata de sacar la ‘paz total’. Incluso, con los del Eln utilizó un símil semejante al que usó con ‘Mordisco’ y la figura de ‘Marulanda’: les dijo que debían escoger entre el camino de Camilo Torres, el cura guerrillero, o el de Pablo Escobar, lo que produjo una suspensión en los diálogos a mediados del 2023.

Sin claridad en los protocolos del cese de fuegos, con una verificación endeble y con decenas de delitos durante su vigencia –la Defensoría del Pueblo documentó al menos 236 violaciones del cese de fuegos por los grupos armados en el 2023: de ellas, el 58 por ciento por hombres de ‘Mordisco’– la negociación con el Emc no avanza. Por ello, la nueva crisis podría parecer paisaje para muchos.

La respuesta de ‘Mordisco’ al Presidente, sin embargo, sorprendió: “Me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos”.

Esa respuesta revive uno de los fantasmas que tuvo que sortear Petro en campaña –el de los señalamientos de supuestos apoyos de grupos armados ilegales a los que supuestamente se les habían ofrecido prebendas a través de personas cercanas al hoy mandatario– y llevó al Presidente a dar una orden categórica: “Yo quiero que cojan vivo a ‘Iván Mordisco’, no me lo maten”, dijo en San Onofre, Sucre. “Quiero que esté vivo” para que vaya “a la cárcel a hablar”.

Petro, un político que durante buena parte de su vida en el Senado se dedicó a denunciar las alianzas de los ‘paras’ con la clase política, se ve así ante el escenario de un señalamiento similar por cuenta de las declaraciones del que es hoy el criminal más buscado del país: ‘Iván Mordisco’, cuyo verdadero nombre es Néstor Gregorio Vera Fernández y que ha vivido casi toda su vida en la guerra y el narcotráfico.

“El Gobierno está bajo mucha presión”, asegura Kyle Johnson, analista de Conflict Responses, centro de pensamiento que hace seguimiento al conflicto armado en el país. “En los territorios la situación de violencia es muy difícil”.

“La ruptura del cese del fuego pone en evidencia uno de los desafíos más grandes para la mesa con el llamado Emc –dice Elizabeth Dickinson, analista de Crisis Group, una ONG especializada en los conflictos armados en el mundo–, pero también con los demás grupos: la coherencia de la organización armada a nivel nacional. Cada frente, cada región, tiene intereses distintos”.

Sebastián Guerra, del Instituto de la Paz de Estados Unidos, advierte: “La crisis del cese del fuego puede conducir a una suspensión total del proceso, y más grave aún, a un agravamiento de la situación humanitaria. La situación de los líderes comunales en el sur del país es muy crítica por el interés del Emc de ganar bases sociales con el uso de la fuerza y la intimidación”.

Cambio de luces al ‘clan’

Mientras anunciaba garrote para las disidencias, el Presidente volvió al lenguaje de la zanahoria con el ‘clan del Golfo’. “Si se atreven, abrimos las mesas de negociación”, dijo. La expectativa es lo que pasará con la mayor banda criminal del país, el ‘clan’.

“El que tiene el balón en la cancha es el ‘clan’, ¿se atreve o no se atreve? Si no se atreve, guerreamos, porque la decisión es destruirlo”, dijo el Presidente en Urabá. Y les advirtió: “Yo pongo las condiciones, dada la experiencia. Primero tienen que pensar antes de sentarse con el Gobierno Nacional, no se puede entrar a negociar con el Gobierno para multiplicar el narcotráfico, sino para acabarlo”.

Para llegar a la ‘paz total’, en este caso, se debería intentar un sometimiento. Hay que concretar los temas centrales que son realmente gruesos: las penas ante su amplia criminalidad, la negociación de los capitales por entregar y los que en algún momento pueden mantener su compromiso de desmontar su engranaje de narcotráfico y garantías de no extradición a Estados Unidos, que seguro exigirán.

En el estudio de la Fundación Ideas para la Paz ‘La última negociación del clan’ se afirma que “en términos militares y según datos oficiales, comparando 2018 y 2023, el pie de fuerza de este grupo creció un 58 % (de 3.803 a 6.015 integrantes), pasó de tener influencia en 188 municipios a 214, y tiene planes de expandirse hacia Cundinamarca, Tolima, el suroeste antioqueño y Magdalena Medio, ahora bajo el nombre de Ejército Gaitanista de Colombia”.

En el texto firmado por los investigadores Gerson Arias y Carlos Andrés Prieto se anuncian las dificultades para iniciar un proceso: “Hay que encontrar un adecuado balance entre la posibilidad de generar un nuevo marco jurídico para el sometimiento, que cuente con incentivos claros y efectivos para este grupo y, por otro lado, que respete la autonomía y lineamientos de la Fiscalía y del Gobierno Nacional frente a las posibilidades del sometimiento”.

En este contexto, hay voces escépticas. “La negociación con el ‘clan del Golfo’, a pesar de los últimos intercambios, no tiene mucho espacio político ni jurídico para prosperar”, dice el analista Sebastián Guerra.

A pesar de estas alarmas, en la Casa de Nariño consideran que la política de paz tiene avances. Como lo han expresado los distintos responsables en el alto Gobierno, esta se sostiene en construir Estado social y de derecho donde hoy no existe, para lo cual se propone tramitar los conflictos que persisten en estos territorios, tareas de hondo calado, no hechas y que son deudas históricas.

“Las negociaciones con los armados no son la prioridad de la política, si se puede con ellos mejor, si ellos se oponen a la concertación y al respeto a las comunidades, el Gobierno debe redoblar el esfuerzo en proteger comunidades, gestionar conflictos, construir Estado social y de derecho y afectar las economías ilegales en las que se soporta la acción criminal”, dice uno de los asesores del Gobierno en esta materia.

Abrir otros escenarios

Eso explica, por ejemplo, el interés del alto Gobierno para establecer diálogos directos con las estructuras armadas del Eln, que operan en Nariño. Para Guerra, esta situación puede abrir otros escenarios. “Desde el principio, la denominada ‘paz total’ ha avanzado de crisis en crisis, tanto en las mesas de negociación como en la práctica de los ceses del fuego. Hoy la crisis es prácticamente generalizada. La estrategia maximalista sufre un proceso de achicamiento: los procesos de paz urbana están prácticamente suspendidos, y no se avizora interés ni capacidad del Gobierno para reimpulsarlos”, dice este analista.

“La mesa del Eln está en un dilema: si el canal paralelo de diálogos abierto por el Gobierno en Nariño, y la posible desmovilización del Frente Comuneros del Sur sirve para dinamizar el proceso nacional, o lo ralentiza aún más. El Eln probablemente no se va a parar de la mesa, pero el proceso en Nariño cuestiona fuertemente el principio de unidad del Eln y el principio de bilateralidad de la negociación”, asegura.

Mientras que Dickinson considera que “la ‘paz total’ hoy en día ha evolucionado significativamente en el último año y medio, con varios aprendizajes por parte del Gobierno. Faltan, eso sí, oferta, presión y exigencias claras del Gobierno. Es urgente aclarar una estrategia para los últimos dos años: qué es factible, cómo se puede mejorar la vida de los civiles y cómo dar continuidad a los procesos más allá del gobierno actual”.

¿Se mirará finalmente el gobierno del presidente Petro en el espejo de los procesos de paz del pasado y empezará a aplicar las lecciones que están en todos los manuales de negociación de paz, como la que señala que sin la presión de la fuerza legítima del Estado difícilmente los ilegales tomarán en serio una negociación de paz? Esa fue la diferencia entre el fallido proceso de paz del Caguán con las Farc y el que llevó a la histórica desmovilización del 2016.