Desde el parlamento avanza el proceso en materia legislativa. Las bancadas han dado muestras de sus intereses y algunos de los congresistas que se instalaron ya han presentado sus propuestas para reformar el Congreso, o efectuar ajustes que podrían llegar a generar revuelo.
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Tal es el caso de los senadores del Pacto Histórico Gustavo Bolívar e Iván Cepeda y la representante a la Cámara Catherine Juvinao, del partido Alianza Verde, quienes presentaron una reforma que busca modificar el Congreso en tres puntos: reelección de congresistas, tiempos de receso y causales de perdida de investidura.
El acto legislativo pretende que los integrantes del parlamento solo puedan ser reelegidos para tres periodos en la Cámara alta y baja. Además, consideran que se debe disminuir el periodo de receso legislativo, para así lograr ampliar el semestre de sesiones que compone cada legislatura.
Los congresistas de la bancada de gobierno y denominado ‘petrismo’ concuerdan en proponer que el primer período de sesiones comience el 20 de julio y termine el 20 de diciembre y el segundo período iniciaría el 20 de enero y concluiría el 20 de junio.
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Es preciso decir que el Centro Democrático ya había presentado una reforma constitucional que fue aprobada en siete debates y se hundió en el octavo. Dicho proyecto también buscaba una extensión en el tiempo de los periodos legislativos. En su momento, fue impulsada por el congresista Gabriel Santos.
En ese sentido, se puede hablar de consonancia con el Centro Democrático y, en particular, con la congresista de la bancada Paloma Valencia. Para el legislativo que impera en esta nueva etapa legislativa hay iniciativas en las que, paradógicamente, concuerda con la coalición de gobierno.
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La senadora ha asegurado que impulsará una iniciativa para la reducción de los salarios de los congresistas, pues actualmente el valor ronda los 34 millones de pesos y su propuesta estaría orientada a que el sueldo tenga un tope de 23 salarios mínimos.
Asimismo Valencia se ha referido sobre la posibilidad de implementar un “impuesto solidario” del 20 por ciento como aporte al Estado, aunque esta propuesta aún estaría gravitando, pues en periodos anteriores se ha caído, después de que miembros del parlamento se declararan impedidos al legislar contra sus intereses.
Ahora bien, el Centro Democrático se declaró en oposición al gobierno entrante y, por ende, a la coalición que acompaña al presidente electo Gustavo Petro. Las diferencias ya se han evidenciado en asuntos como cambios en la seguridad y ruralidad; dos temas en los que avanza el Congreso, a pocos días de instalarse.
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Roy Barreras, el presidente del Senado para el primer año legislativo, aseguró que “estos son dos proyectos claves para el gobierno”; sin embargo, desde el denominado ‘uribismo’ congresistas de la colectividad aseguran que no están de acuerdo con la implementación de más impuestos para las tierras y argumentan que el asunto está en la “seguridad alimentaria”.
Por su parte, la bancada del expresidente Álvaro Uribe ha manifestado que su deber es “ser coherentes con las convicciones y principios” y, por eso, prepara un paquete de proyectos que estaría orientado a la protección económica, una “tributación amable”, la protección de las Fuerzas Militares, entre otros temas, que aún están en vilo.
Lo cierto es que en el Legislativo, el uribismo asumirá una postura de oposición, que, según algunos de sus congresistas, espera hacer un control político “serio y propositivo” al gobierno de Petro y las propuestas que “estén en contravía al bienestar de los colombianos”.
REDACCIÓN POLÍTICA
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