La inquietud de varias voces que cuestionan la ausencia del Gobierno Nacional en la última sesión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la que se condenó el cierre de una ONG y las restricciones a instituciones religiosas por parte del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, contrasta con el silencio de la Cancillería de Colombia para explicar lo ocurrido.
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En el chat, por ejemplo, de prensa de la Cancillería los periodistas llevan varios días preguntando y la respuesta sigue siendo la de que por ahora no habrá un pronunciamiento oficial.
El mutismo va en contravía de las voces que se siguen sumando, la mayoría en tono crítico, del por qué pasó esto.
“La posición de Colombia frente a la situación en Nicaragua, al abstenerse de condenar la aberrante y violación sistemática de derechos humanos del gobierno de Ortega, es una gran vergüenza. Así no”, dijo el excandidato presidencial Sergio Fajardo.
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Daniel Ortega es el presidente de Nicaragua y uno de los principales aliados de Nicólas Maduro.
“Empiezan mal, como era de esperarse, este gobierno y esta Cancillería. Colombia se ausentó de la sesión de la OEA donde se votaba la condena a Nicaragua por las persecuciones a las ONG y la Iglesia Católica”, aseguró, por su parte, Rafael Nieto Loaiza, precandidato presidencial del partido Centro Democrático, CD, en 2018.
“Pesaron más las afinidades ideológicas que la defensa de la Carta Democrática”, argumentó, por su parte, el representante a la Cámara por Bogotá, también del CD, Andrés Forero.
El designado embajador de Colombia ante la OEA por el presidente Gustavo Petro, Luis Ernesto Vargas, respondió en un trino: “Nos culpan como funcionarios sin que aún lo seamos”.
En efecto, Alejandro Ordoñez, embajador del presidente saliente, Iván Duque, renunció a su cargo ante el cambio de administración.
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Esta podría considerarse una explicación para la ausencia que, sin embargo, ha sido rechazada por los expertos en el terreno de las relaciones internacionales:
“Si no había embajador acreditado, ¿eso quiere decir que Colombia no está representada en la OEA? ¿No hay más funcionarios en la misión? ¿No se hizo un empalme para evitar que se presentaran estas ausencias tan importantes?”, se preguntó la internacionalista y docente Sandra Borda.
Ante esta situación, la discusión se ha trasladado especialmente al ciberespacio porque el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, no ha querido manifestarse.
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Así, por ejemplo, varios usuarios cuestionaron este suceso. “Es un buen momento para que Álvaro Leyva, Laura Gil y Luis Ernesto Vargas nos cuenten porqué Colombia se ausentó de la votación en la OEA sobre la violación de DD.HH. en Nicaragua y de paso expliquen cuál será la posición del Estado en esa materia”, escribió el usuario Jair Prieto.
Ante esto, se produjo la respuesta del designado embajador Luis Ernesto Vargas: “Alguien empezó a culparnos como funcionarios sin que aún lo seamos. No hemos sido nombrados, mucho menos hemos presentado documentos para la posesión, pero ya nos están imputando omisiones”, replicó.
La situación coincide con la designación del nuevo embajador de Colombia en Nicaragua: el exrepresentante a la Cámara por Antioquia, León Fredy Muñoz.
Con esta designación, Colombia en la práctica reanuda las relaciones con Nicaragua que estaban rotas por decisión del presidente Duque quien consideraba que Ortega “es un dictador”.
“Con los vientos del cambio se abren las puertas para que nuestro país vuelva a la hermandad en Latinoamérica. Agradezco al presidente Gustavo Petro por esta designación y confianza. El restablecimiento de las relaciones con Nicaragua será una realidad”, dijo el nuevo embajador de Colombia que llegara a Managua.
Se trata de la única declaración pública de un funcionario de la administración de Petro sobre lo que al parecer será el nuevo estado de cosas entre Bogotá y Managua. Por lo demás, impera el silencio.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, durante un debate de la Asamblea del organismo, en Washington (EE. UU.)
EFE/ Juan Manuel Herrera
Esta situación se produce en medio de dos hechos decisivos. Uno, las demandas de Nicaragua en la Corte Internacional de La Haya contra Colombia.
En este caso, hay dos litigios. El primero, iniciado el 16 de septiembre de 2013, corresponde a la delimitación de la Plataforma Continental Extendida entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas, lo que podría extender más el territorio ya ganado en la disputa con Colombia. Este caso, sin embargo, todavía está pendiente.
El segundo, instaurado el 26 de noviembre de 2013, y sobre el cual se pronunció la Corte recientemente, corresponde a las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe. Nicaragua acusó a Colombia de no respetar e incumplir el fallo emitido en 2012, que decidió que aproximadamente 75.000 km² de espacio marítimo pasarían a ser parte de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Nicaragua.
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Y dos, las evidentes violaciones a los derechos humanos en Nicaragua por parte de Daniel Ortega.
“En Nicaragua, los opositores al Gobierno, los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los líderes sociales y los ex detenidos políticos sufren violaciones sistemáticas de sus garantías fundamentales, señaló la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, dice en la página de la ONU.
En Nicaragua, los opositores al Gobierno, los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los líderes sociales y los ex detenidos políticos sufren violaciones sistemáticas
“En una actualización oral sobre la situación en el país centroamericano al Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet dio cuenta de despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos progubernamentales a las reuniones pacíficas de los críticos del Gobierno”, agrega la ONU.
“Detalló haber recibido 43 denuncias de allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, así como acoso e intimidación por parte de policías o elementos progubernamentales contra individuos considerados opositores”, relató.
“Bachelet destacó la impunidad persistente frente a estos atropellos. “Aún no se conocen investigaciones o procesos penales para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en los últimos dos años, también debido a la Ley de Amnistía”, detalló.
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“Esta persistente impunidad erosiona la confianza en las autoridades, y junto con la falta de reformas legales e institucionales, incrementa el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos”, concluyó la ONU.
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