A través de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro se defendió frente a las críticas por la supuesta contratación de una firma de abogados estadounidense para su defensa por la inclusión en la lista de la Ofac, conocida como lista Clinton. Aseveró que no es para temas personales sino para el “fortalecimiento de la capacidad del Estado”.
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El mandatario colombiano replicó un comunicado del Dapre en el que se asegura que no es un servicio para sí. “La contratación reciente de servicios especializados en materia de sanciones financieras internacionales no constituye un hecho excepcional ni responde a intereses personales, sino que se inscribe en una práctica histórica, legítima y sostenida del Estado colombiano para la defensa de sus intereses estratégicos en el escenario internacional”, dice el comunicado compartido por el Presidente.
En esa línea añadieron que el Dapre hizo una búsqueda de las contrataciones desde 1938 y pudo soportar, supuestamente, que es una contratación acostumbrada. “Los registros oficiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (FARA Database), así como los archivos institucionales del DAPRE, evidencian que desde 1938 el Estado colombiano ha recurrido, de manera regular y transparente, a firmas especializadas en los Estados Unidos, a través de distintos gobiernos y entidades, con el propósito de fortalecer su interlocución internacional, prevenir riesgos financieros y salvaguardar su reputación y estabilidad institucional”, indicó.
Bajo esa misma lógica, en el comunicado se expresó que es una contratación que también se hizo en los tres gobiernos anteriores, los de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque. “En ese mismo marco institucional se inscribe la contratación actual”, declaró.
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Se recalcó de esta manera que “el contrato no tiene como objeto la defensa personal del Presidente de la República ni de ningún funcionario o particular”. En cambio, se aseguró que se trata de fortalecer las capacidades del Estado para afrontar posibles sanciones financieras de regímenes internacionales, como la que ocurrió con el presidente Gustavo Petro y la inclusión en la lista de la Ofac.
“Las medidas adoptadas por autoridades extranjeras como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no corresponden a procesos penales ni judiciales, sino a decisiones administrativas de carácter financiero que, de no ser abordadas con rigor técnico y oportunidad, pueden afectar el sistema financiero, las relaciones internacionales y la confianza en el Estado colombiano”, dice el comunicado.
En ese mismo camino, desde el Dapre defendieron el mecanismo de contratación ejecutado. Aseveraron que la modalidad está “autorizada por el ordenamiento jurídico colombiano, se encuentra debidamente justificada en los estudios previos y responde a la inexistencia de una oferta nacional con experiencia equivalente en esta materia altamente especializada”. Argumentaron que el valor del contrato es “razonable y proporcional”-
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“El DAPRE rechaza de manera firme las interpretaciones que presentan esta contratación como una anomalía o un privilegio. Los hechos demuestran que se trata de una decisión responsable, institucional y coherente con la historia del Estado colombiano. Proteger al país frente a riesgos internacionales no es una opción política, sino un deber ineludible de la administración pública”, indicaron.
Daniel Palacios Foto:
JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO
Redacción política