La Procuraduría General de la Nación realizó una visita a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) Salitre y lanzó una alerta sobre “el alto riesgo” la operación de la fase II, a menos de siete semanas de culminar el contrato de ampliación y culminación entre la CAR y el Consorcio Expansión Ptar Salitre (CEPS).
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“Una comisión enviada por la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, realizó visita técnica a la PTAR y evidenció que existen averías en equipos, errores en el funcionamiento de la planta y fallas de comunicación en el control y supervisión de los procesos que impiden el trabajo remoto en parte de las instalaciones”, se lee en un comunicado publicado por el ente de control.
La Procuraduría también advirtió que las obras faltantes en el lote 8 de la fase 1 y las del Parque Metropolitano presentan retrasos y que a la fecha la Corporación Autónoma Regional (CAR) “no ha impuesto las sanciones correspondientes que permitan mitigar un posible riesgo de detrimento patrimonial”.
Además, confirmó la denuncia que realizó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en donde señalan que no se han entregado la totalidad de los manuales de operación y mantenimiento.
“Existe confusión de obligaciones entre la licencia la ambiental y el Contrato 0803 de 2016, que a juicio del órgano de control dan lugar a malinterpretaciones y diferencias entre los consorcios que ejecutan la construcción y la interventoría, la CAR y el actual operador que es la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)”, agregaron.
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¿Qué pasa con la Ptar Salitre?
La planta Ptar Salitre, cuyo costo asciende a 1,5 billones de pesos, fue contratada en 2017 por la CAR con el Consorcio Expansión Ptar Salitre (CEPS). Sin embargo, como lo publicó EL TIEMPO la semana pasada, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) viene señalando desde 2021 que la planta no está en condiciones de operar.
Estas advertencias de la EAAB han aumentado a menos de dos meses de que termine el contrato de construcción de la planta. El vencimiento del plazo está programado para septiembre próximo. De hecho, esta empresa debió, por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, empezar a operar la Ptar, a pesar de que la CAR no la ha recibido.
De hecho, la Procuraduría ya había advertido en junio de este año que dicha orden judicial ponía en riesgo el buen funcionamiento de la planta.
El mismo Tribunal, hace un par de semanas, ordenó también que se le pagara al Consorcio Expansión Ptar Salitre (CEPS) los recursos que está reclamando y que, de acuerdo con la CAR Cundinamarca, aún no se puede y son menores a los solicitados. CEPS exige el pago de unos 150.000 millones de pesos, pero para la corporación ambiental ascienden a apenas 117.000 millones de pesos.
REDACCIÓN BOGOTÁ
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