Aunque los choques y alianzas entre campañas han cedido espacio en los últimos días a nuevas controversias –como la supuesta infiltración del Gobierno en la campaña de Abelardo de la Espriella–, lo cierto es que desde hace varias semanas uno de los ejes de las adhesiones y de las tensiones entre candidaturas ha sido el Acuerdo de Paz.
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A diez años de su firma, el acuerdo de La Habana vuelve a perfilarse como uno de los asuntos centrales del debate electoral y podría incidir nuevamente en la decisión de los votantes, como ocurrió en el pasado. Esta vez, sin embargo, con matices distintos. En el fondo, la discusión gira sobre la implementación: justicia, seguridad y reconciliación.
Firma del Acuerdo de Paz con las Farc. Foto:CARLOS ORTEGA
Así ha quedado en evidencia en los recientes movimientos de alianzas. José Félix Lafaurie, por ejemplo, justificó parte de su decisión de respaldar la candidatura de Abelardo de la Espriella, en medio de sus diferencias con el Centro Democrático, frente al Acuerdo de Paz. Aunque aclaró que no tiene reparos personales con Paloma Valencia y recordó que ambos estuvieron del mismo lado en la oposición al acuerdo en 2016, marcó distancia con miembros de su equipo que sí respaldaron ese proceso.
Las recientes adhesiones también han vuelto a poner el tema sobre la mesa. La decisión del partido Comunes de sumarse a la candidatura de Iván Cepeda tuvo como argumento central la defensa del acuerdo.
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Y es que el acuerdo polarizó a la sociedad colombiana desde el mismo momento en que comenzó a discutirse. Ese debate parece haberse reactivado en plena contienda presidencial. Para el analista político e investigador de la Fundación Pares, Alejandro Chala, uno de los grandes clivajes que se están moviendo en estas elecciones “gira alrededor de un ejercicio revisionista del Acuerdo de Paz”. La pregunta es qué tanto influirá este asunto al momento de ir a las urnas.
Uno de los puntos que Juan Daniel Oviedo había marcado como “línea roja” antes de oficializar su alianza con Paloma Valencia era, precisamente, la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Según dijo entonces, quienes respaldaron su candidatura consideran que ese pacto hace parte del bloque de constitucionalidad y, por tanto, debe cumplirse.
Para Jorge Restrepo, director del Cerac, ese fue un giro clave en la contienda. “Lo que se logró en ese caso no fue nada diferente a un compromiso de no reabrir el acuerdo; es decir, de no buscar, por ejemplo, una renegociación del acuerdo. Eso, a mi juicio, fue un elemento muy importante. Creo, incluso, que llevó a que muchas personas que nunca hubieran pensado en votar por una candidata del Centro Democrático decidieran considerar su voto. Habrá que ver cuántas”, señaló.
Elecciones 2026. Foto:Archivo /El TIEMPO
Ese movimiento, añade Restrepo, también le habría restado fuerza a la narrativa del candidato cercano al Gobierno, Iván Cepeda, en el sentido de que ya no puede presentarse como el único aspirante que puso el tema de la implementación del acuerdo sobre la mesa.
En esa misma línea, el analista político Carlos Arias considera que, más que el acuerdo en sí, lo que ha vuelto al centro de la discusión es su implementación. “Lo que está circulando en términos temáticos y de conversación pública es el cumplimiento del acuerdo y lo que tiene que ver con la JEP”, señala.
Las campañas del Centro Democrático y de Salvación Nacional han protagonizado fuertes cruces, parte de esas tensiones serían, precisamente, por las diferencias frente al Acuerdo de Paz. Por el lado de la candidata del Centro Democrático, su propuesta gira hacia una doctrina de ‘Seguridad Total’, con la que busca reemplazar el enfoque de paz, en una línea que sectores críticos interpretan como una forma de evitar una derogatoria formal del acuerdo, pero sí limitarlo en la práctica. Más tajante es la posición de Abelardo de la Espriella, quien ha planteado abiertamente la eliminación de la JEP.
Para Arias, el hecho de que el tema de seguridad y conflicto esté retomando fuerza responde, en buena medida, al deterioro de la situación en varias regiones del país: el aumento de masacres, los asesinatos de líderes sociales, la presencia de grupos armados ilegales y el crecimiento de cultivos ilícitos.
Leonardo González, director de Indepaz, considera que el tema sí va a influir electoralmente, aunque no necesariamente de la misma manera que en elecciones pasadas. “El tema volvió al centro de la campaña porque hoy muchos colombianos sienten, al mismo tiempo, frustración por los incumplimientos y miedo a volver a una lógica exclusivamente militar. Por eso el debate ya no es tanto ‘sí o no al acuerdo’, sino qué hacer con él: implementarlo, corregirlo o incluso abandonarlo, como proponen algunos”.
González agrega que en las regiones más golpeadas por el conflicto el acuerdo sigue siendo un asunto de transformaciones territoriales, seguridad, sustitución de cultivos, vías, reforma rural, protección a líderes y presencia estatal. “Allí, aún con muchas falencias, la gente sabe que los peores momentos de violencia bajaron después de 2016. Lo que sí hay es una sensación muy fuerte de que el Estado no cumplió y de que esa falta de implementación permitió el regreso o fortalecimiento de otros actores armados”, explica.
En las ciudades y entre sectores más alejados del conflicto, en cambio, el acuerdo puede convertirse más en un símbolo político. “Esa discusión seguramente moverá votos, porque el acuerdo se ha convertido en una forma de dividir dos visiones de país: una que insiste en la negociación y otra que cree que la prioridad debe ser la respuesta militar”, concluye.
Paula Valentina Rodríguez
Redacción Política
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