Una pregunta cuya respuesta parece obvia, a lo luz de los recientes acontecimientos, no es tan sencilla de contestar. Si lo fuera, no tendríamos obras con serios retrasos en sus cronogramas; con sobrecostos; con contratos terminados por errores de diseño o porque los contratistas se quedaron cortos de dinero a pesar de haber recibido varios anticipos; o con problemas en la gestión predial, la adecuación de redes de servicios públicos o errores en la gestión social con las comunidades aledaña.
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Casos hay de sobra en todos los sectores de la administración pública: la Unidad Deportiva El Salitre; el Centro Día Campo Verde – para atender a adultos mayores-; el puente vehicular Hayuelos, en Fontibón; la construcción del BYPASS en las estación de bombeo de aguas residuales de Britalia y la ampliación de la Planta Wiesner, por parte de Acueducto de Bogotá; el Data Center de la ETB, en Puente Aranda; el proyecto de vivienda Arboleda Santa Teresita, en San Cristóbal; las obras en el Humedal Juan Amarillo; las aceras y ciclorrutas en las calles 92 y 94; las obras de infraestructura en la sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo, en la Estación de Policía en Usaquén y uno que otro colegio distrital, solo por citar algunos ejemplos.
Además de lo anterior, hoy tenemos cerca de 500 frentes de obra, principalmente para mejorar la movilidad de los bogotanos, con el mantenimiento de andenes y ciclorrutas, el mejoramiento de la malla vial, la extensión de varias avenidas y la ampliación de las troncales de Transmilenio, sumado a las obras de la primera línea de metro en el patio taller y la calle 72.
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Todas las obras son necesarias y todas, sin excepción, requieren de especial atención, no solo sobre el contratista que se ganó la licitación para ejecutarlas sino también sobre el interventor que tiene a su cargo vigilar que lo que se contrató se cumpla según lo establecido en el contrato. Hace bien la alcaldesa en llamarles la atención por los retrasos en varios frentes de obra en la troncal de la 68. Incompresibles son las respuestas del contratista al afirmar que los problemas obedecen a la falta de personal, aunque algo de razón tiene cuando se refiere a los retrasos por culpa del traslado de las redes de servicios públicos.
Este aspecto no es menor y viene siendo un común denominador en varios frentes de obras. Las empresas de servicios públicos se demoran en hacer las adecuaciones; en algunos casos no saben a ciencia cierta por dónde van las conexiones de alcantarillado (en particular en las zonas más antiguas de la ciudad) o por qué no hay una adecuada articulación entre la empresa de Acueducto, la empresa de teléfonos, la empresa de energía y los proveedores privados para realizar a tiempo el traslado de redes.
Así como los restaurantes tienen un código QR del menú, las obras públicas deberían hacer los mismo para comunicar a los ciudadanos los avances físicos, las adiciones y otros aspectos (…)
Los retrasos en las obras afectan no solo a la ciudad, sino a las comunidades vecinas, comerciantes y el transporte público. Las comunidades reclaman obras, pero pierden la paciencia cuando estas no cumplen con los cronogramas; cuando pasan los meses y no ven avances o al menos personal trabajando; cuando deben cerrar sus negocios porque disminuyeron los clientes; o cuando deben pagar los impuestos de valorización y aún no ven ningún tipo de avance. Valdría la pena que entidades como la Contraloría, la Personería y la Veeduría Distrital entreguen un balance de los 16 proyectos contemplados en el acuerdo de valorización, incluyendo prórrogas, suspensiones y adiciones presupuestales.
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Hay que volver a ganar la confianza de los ciudadanos y demostrar que lo que en su momento se prometía con renders y animaciones digitales, al final se cumplió, según el tiempo y el costo estimados. En el mismo sentido, apoyar las veedurías ciudadanas para las obras públicas y brindar información actualizada del estado de estas, pues no basta con instalar una pequeña valla sobre el costo de la obra, el contratista y el interventor. Así como los restaurantes tienen un código QR del menú, las obras públicas deberían hacer los mismo para comunicar a los ciudadanos los avances físicos, las adiciones y otros aspectos que son relevantes para las comunidades.
ÓMAR ORÓSTEGUI
Director de Futuros Urbanos
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