razones que llevaron al país a grave crisis energética y papel de Colombia

Los problemas energéticos en el país vecino comenzaron el pasado sábado 13 de abril, cuando varias ciudades reportaron apagones temporales que no fueron anunciados previamente.
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Cuando los ecuatorianos cuestionaron en redes sociales cuáles eran los motivos que llevaron a los cortes de electricidad de tres o más horas a lo largo del país, las autoridades se limitaron a informar que la desconexión del servicio estaba relacionada con “mantenimientos emergentes”.
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Tan solo un día antes, la ministra de Energía y Minas de Ecuador, Andrea Arrobo, había descartado la necesidad de recurrir a apagones pese al bajo nivel de los embalses en el país, con lo que la situación parecía controlada.

Pero la crisis saltó a plena vista el lunes 15 de abril, cuando el Ministerio emitió un comunicado en el que anunciaba la imposición de “racionamientos temporales” de energía eléctrica a partir del martes. No hacerlo, indicaron, “implicaría comprometer el suministro de energía para todos”.

Los cortes de electricidad no son nuevos en el Ecuador y ya se vivieron en octubre de 2023, durante los últimos días de mandato del expresidente Guillermo Lasso. El 18 de octubre del año anterior, las autoridades decretaron emergencia en el sector eléctrico y nueve días después, el 27 de octubre, impusieron apagones de tres horas en la Costa y cuatro horas en la región Sierra.

Para hacerle frente a la situación, Lasso viajó a Bogotá y sostuvo reuniones con el presidente Gustavo Petro con el fin de que Colombia pudiera suministrar más energía al país vecino. 

En aquel entonces, como recuerda el medio ecuatoriano Primicias, Colombia vendía a Ecuador 6 gigavatios hora diarios de energía. Tras el encuentro, el Ejecutivo colombiano se comprometió a aumentar la exportación a 10 gigavatios hora al día para ayudar a paliar la crisis.

El gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, también ofreció la venta de energía a Lasso, a lo que se sumó el aporte de las empresas privadas ecuatorianas. Esos esfuerzos lograron cubrir el 92 por ciento de la necesidad de energía en Ecuador.

Medios ecuatorianos aseguran, no obstante, que la emergencia viene desde el 2022, si bien en ese año no se presentaron cortes como los que ocurrieron en 2023 o los que están en marcha actualmente. Otros medios como el local Primicias anticiparon el año anterior que los cortes de luz de ese momento eran el preludio de un largo periodo de cortes de electricidad si no se tomaban las medidas preventivas.

El Ministerio de Energía de ese país lo resumió en su comunicado el lunes al asegurar que se trata de una situación de emergencia producida por “la extensión de la sequía, el incremento de las temperaturas climáticas, la falta de mantenimiento a toda la infraestructura del sistema eléctrico en años anteriores y la presencia de niveles de caudales mínimos históricos”.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Ecuador (Inamhi), el país se enfrenta actualmente a la sequía más grave de los últimos 60 años en medio del fenómeno del Niño 2023-2024. 

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La sequía se presenta sobre todo en la zona andina y amazónica, lo que ha llevado a que los embalses que abastecen a las hidroeléctricas -las encargadas de producir la mayor parte de la electricidad que consume Ecuador- se encuentren en niveles mínimos.

El embalse de Mazar, por ejemplo, es considerado el más importante del país porque alimenta a tres de las principales hidroeléctricas o entrega el 38 por ciento del total de la demanda de la energía en el país. Pero debido a la sequía, según Primicias, alcanza los 2.107,8 metros sobre el nivel del mar, cuando su nivel mínimo de operación es de 2.115 metros sobre el nivel del mar. El embalse Paute, otro de los más importantes, solo cuenta con un nivel de almacenamiento del 4 por ciento. 

Asimismo, el caudal en la mayor central hidroeléctrica, Coca Codo Sinclair (norte amazónico), con capacidad de generar 1.500 MW de potencia, sufre un déficit de 40 % con respecto al promedio histórico.

“El 92 % de la generación de energía (en Ecuador) se deriva de fuentes hidroeléctricas, haciendo que su matriz energética sea bastante limpia, pero a la vez altamente vulnerable a eventos climáticos extremos que afecten los niveles de agua de los embalses”, le explicó a este diario Laura Lizarazo, analista de riesgo global en Control Risks.

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Pero más allá de la sequía, el consultor energético ecuatoriano Jorge Luis Hidalgo explica la crisis en problemas de larga data relacionados con la recaudación o con los elevados subsidios eléctricos a los grandes industriales y mineras, que han llevado a que el país no disponga de suficientes recursos para poner en marcha nuevas centrales eléctricas o para hacer un mantenimiento apropiado a las ya existentes.

“Los subsidios desfinanciaron el sector eléctrico en más de 600 millones de dólares. Desde hace 6 años no se han hecho nuevas hidroeléctricas, pero la demanda subió más de 1000 megavatios. Al tiempo, el dinero tampoco alcanzaba para el mantenimiento de operaciones. Y fuimos haciendo más y más obsoleto el sistema eléctrico en el país que no solo es generación, sino transmisión, distribución, etcétera”, explica.

Algo en lo que coincide Lizarazo, que afirmó que en Ecuador “hay serias deficiencias de inversión (tanto pública como privada) para optimizar y aumentar las capacidades de generación del país, así como para construir infraestructuras que mejoren la transmisión y distribución eléctrica”.

Esos factores han llevado a Ecuador a ser un país altamente dependiente de la importación de energía, particularmente de Colombia. Pero el lunes, el gobierno de Gustavo Petro anunció que había dejado de exportar energía a ese país en medio de la sequía que también se vive en el territorio nacional y que ha obligado a racionamientos en la ciudad de Bogotá, agravando aún más la situación en el país vecino.

“La dependencia de otros países impacta la autonomía y soberanía energética cuando sus socios internacionales no tienen la capacidad de vender excedentes. La contracción de las importaciones de energía de Colombia desde 2023 ha generado un fuerte impacto en este frente”, explica Lizarazo al respecto.

Como medida ante la crisis, el Ejecutivo de Noboa decretó la emergencia en el sector eléctrico y destituyó a la ministra de Energía Arrobo, al asegurar que la ahora exfuncionaria y miembros de su equipo de trabajo ocultaron información sobre la verdadera dimensión de la emergencia actual. En su lugar, Noboa puso al ministro de Transportes y Obras Públicas, Roberto Luque, al frente de la cartera de Energía.

En el decreto que estipula la emergencia energética, el gobierno del presidente Noboa aseguró que la actual crisis no pudo anticiparse debido a la “impredecibilidad inherente a los fenómenos naturales y meteorológicos causas, entre otras, de la falta de generación eléctrica”.

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Noboa también aseguró que la crisis en el sector energético se debe “a la incapacidad de ejecución y firmeza para combatir la corrupción enquistada en las empresas eléctricas”, más no a la falta de propuestas en el país para mejorar la demanda nacional de energía.

Pero el mandatario fue mucho más allá esta semana y denunció que entre las razones de la crisis estaría un presunto sabotaje en el sistema hidroeléctrico con el fin de afectar el referendo citado por él para este domingo 21 de abril y en el que los ciudadanos están citados a votar sobre reformas en materia de seguridad.

El secretario de Comunicación de la Presidencia de Ecuador, Roberto Izurieta, dijo este jueves que las autoridades sospechan que el embalse de Mazar se vació de manera deliberada para agudizar la crisis energética antes del referendo del domingo.

“Se abrieron las compuertas de la presa del embalse y dejaron correr el agua hasta dejarlo sin el nivel suficiente para que se pueda operar”, afirmó el funcionario en entrevista con Teleamazonas.

Por ello, el Ejecutivo presentó una denuncia en la Fiscalía en contra de 22 personas, entre ellos la ahora exministra por ocultar información o por no haber difundido la alerta con suficiente tiempo de anticipación para poder actuar.

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“La alerta fue dada solamente un día antes, cuando debería haberse dado al menos una semana antes. Si a eso le sumamos todo lo que afectó al sector eléctrico, nos hacen pensar claramente que fueron parte de acciones coordinadas para producir que Ecuador esté viviendo lo que está viviendo una semana antes de la votación (del referéndum)”, señaló Izurieta.

En todo caso, para hacerle frente a la crisis, el gobierno de Ecuador decretó cortes de electricidad que superan las ocho horas en ciertas zonas del país. En Quito, por ejemplo, los cortes por sectores incluyen franjas horarias como: 7 a. m. a 3 p. m., de 10 a. m. a 6 p. m. o de 1 p. m. a 9 p. m.

Se trata de cortes mucho más prolongados que los que se vivieron en 2023, cuando el suministro de luz se suspendió por máximo cuatro horas. Los recortes, además, se aplican en la noche, lo que tampoco ocurrió durante los cortes del año anterior debido a la crisis de seguridad que afrontaba la nación.

“Los actuales cortes y racionamiento de energía son mucho más radicales que los que implementó el presidente Guillermo Lasso en 2023 (ahora con periodos de hasta 8 horas y media sin luz en algunas regiones del país, y cortes nocturnos). Pero las condiciones y aplicación de estas medidas no han sido difundidas con la suficiente claridad ni anticipación, generando mayores niveles de frustración y descontento ciudadano”, asegura Lizarazo al respecto.

Pero la medida más drástica anunciada por el gobierno fue la suspensión de la jornada laboral los días jueves y viernes para los sectores públicos y privados. Las 16 horas perdidas durante esos dos días se repondrán, según el Ejecutivo, con una hora de trabajo adicional por los próximos 16 días en el caso del sector público, mientras que en el caso del sector privado será una decisión de mutuo acuerdo entre los directivos y empleados.

La suspensión, no obstante, no ha sido tan efectiva si se tiene en cuenta que cerca del 70 por ciento de la población del país vive del empleo informal, por lo que Quito se vio el jueves con un movimiento similar al de una jornada habitual.

Por la emergencia, también se decretó la suspensión de las clases y se anunció que la ciudadanía solo pagará el 50 por ciento de la factura de electricidad en el mes de abril.

Lo mismo opina Lizarazo, que cree que la duración de los cortes y medidas de racionamiento que actualmente está implementando el gobierno dependerá de la efectividad que logren.

“Podrían extenderse algunas semanas si hay una recuperación rápida de las capacidades de generación (que siguen siendo deficientes y por debajo de la demanda), o durar varios meses. Esto último es política y socialmente costoso, por lo que el gobierno de Noboa se enfrenta a decisiones difíciles en este frente”, explica Lizarazo.