El senador Miguel Uribe Turbay, ponente de la tributaria, viene en la lucha para que el ministro de Hacienda escuche sus advertencias sobre efectos adversos de la reforma. “El Gobierno ha cogido el camino fácil: cobrarles a los mismos de siempre, con lo que va a aumentar el desempleo, la informalidad, la evasión y la inversión”, asegura. Denuncia “mico” en la nueva forma de valorar el patrimonio.
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¿Ya sabe para qué quiere el Gobierno toda esa plata de la reforma tributaria?
Se lo he preguntado en público y en privado al ministro (José Antonio) Ocampo, y no lo sabe todavía. Es evidente una gran improvisación con esta reforma. Lanzaron inicialmente globos de una reforma de 70 billones, para terminar con una de 25 billones…
Pero muchos actores gremiales han dicho que el Gobierno debería contentarse con un recaudo adicional de 8 billones…
Pero el ministro mantiene la meta en 25. Eso no solamente demuestra terquedad e intransigencia, sino un ánimo en contra del crecimiento económico. Es evidente que la reforma tributaria, tal y como va originalmente, aumentará la pobreza en Colombia.
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¿Por qué? ¿Usted cree que va a apagar la economía?
No me cabe la menor duda. Pone en riesgo más de dos millones de empleos; Colombia será el país menos competitivo para invertir de la Ocde; y, adicionalmente, aumentará el costo de la inversión, y disminuirá el empleo, y si el empleo disminuye, aumenta la pobreza. Por otro lado, golpea a todos los colombianos sin distinción alguna. Es más, el Instituto Tributario de la Universidad Javeriana, el mismo donde trabajaba el actual director de la Dian, asegura que quienes más van a asumir como porcentaje de su ingreso el costo de la reforma tributaria serán las personas que ganen menos de 165.000 pesos mensuales, por cuenta de los entre comillas ‘impuestos saludables’ a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados.
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Pone en riesgo más de dos millones de empleos; Colombia será el país menos competitivo para invertir de la Ocde.
Dijeron que esta reforma no iba a tocar a los pobres, pero claro que lo harán, con la disculpa de llevarlos a hábitos más saludables de alimentación…
Cierto. Pero además golpeará a las personas de menores ingresos y a la clase media porque va a haber sin duda menos empleo; el costo de vida será más alto para todos, y al crear esta doble tributación, sumado el impuesto al patrimonio y la eliminación de los beneficios tributarios, llevarán a que la tarifa combinada socio-sociedad en Colombia sea de más del 60 %, convirtiéndose en la más alta de la Ocde.
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Uno de los problemas de esta reforma tributaria es que pone a repartir la menor pobreza de unos con la mayor pobreza de otros. Si son 40.000 ‘privilegiados’ sobre los que recae el aparato tributario, pues este es un país muy pobre. Y no se está pensando más bien en que haya más riqueza para que se pueda repartir mejor.
Es así. Y el error que comete el Gobierno es que piensa que la única manera de combatir la desigualdad es quitándoles a los que tienen, y no, más bien, combatir la desigualdad focalizando el gasto. Buena parte de esta desigualdad tiene que ver con la destinación del gasto, no con el recaudo. Les he insistido al ministro y al Gobierno que la mejor reforma tributaria es la que promueve el crecimiento económico, combate la evasión y el contrabando, y promueve políticas de austeridad. Esta reforma se basa en todo lo contrario. Hoy, Gustavo Petro va a recibir más de 20 billones de recaudo adicional, que no tenía previsto; 16 billones de utilidades, por lo menos, de Ecopetrol; son unos ingresos realmente extraordinarios porque, por ejemplo, del sector minero, que normalmente aporta 5 billones al año, va a recibir 14 al año, que no tenía previstos el Gobierno, gracias al crecimiento económico. Pero, por el otro lado, deja por fuera una política y un compromiso claros contra la evasión y el contrabando, que pueden sumar más de 80 billones al año. Y no tiene una sola medida de austeridad. Es decir, el Gobierno ha cogido el camino fácil: cobrarles a los mismos de siempre, con lo que va a aumentar el desempleo, la informalidad y la evasión.
El error que comete el Gobierno es que piensa que la única manera de combatir la desigualdad es quitándoles a los que tienen, y no, más bien, combatir la desigualdad focalizando el gasto.
Y a crecer el Estado…
Seguir creciendo el Estado y la burocracia estatal.
En resumen, ¿cuáles son para usted los puntos críticos de esta reforma?
Hay varios. Por una parte, están los puntos críticos que desincentivan la inversión y destruyen el empleo, como dividendos, ganancia ocasional e impuesto al patrimonio. Primero, dividendos. Con una doble tributación, se van a poner por las nubes las tasas. La ganancia ocasional llevará a que se disparen la evasión y la elusión. Hay que recordar que en el 2012, el Gobierno bajó la tarifa del 30 % al 10 % sobre la ganancia ocasional, y el recaudo se aumentó por seis. Y, por último, en el patrimonio nos pretenden meter un mico. Y es que para calcular la tarifa del impuesto van a cambiar la manera de valorar el patrimonio, teniendo en cuenta el valor intrínseco o valor comercial de las acciones, según el caso.
O sea, ingresos por los que usted ya tributó se los suman a su capital para que entren dentro del impuesto al patrimonio…
Así es. Entonces, al valorar de una manera diferente el patrimonio, usted está especulando sobre la riqueza de las personas, por una parte; es decir, va a aumentar sustancialmente el patrimonio sin que necesariamente se hayan realizado esos ingresos. Entonces, de un lado se va a especular, y del otro, se van a tener en cuenta, para aumentar ese patrimonio, activos, inmuebles y utilidades retenidas en las empresas, que ya pagaron impuestos. Eso puede motivar un cambio de residencia fiscal, y lo que está pasando hoy, que es muy grave, una fuga de capitales. Solo personas naturales han sacado más de 2.000 millones de dólares en los últimos dos meses, por la inseguridad jurídica y por la persecución que hoy parecieran tener las personas que tienen algún tipo de patrimonio. Ese es un punto crítico, que desincentiva la inversión y destruye el empleo. Hay otro punto crítico, que es la eliminación de ciertos beneficios, que va a golpear fuertemente no solo la economía, sino a las clases populares. Por ejemplo, la eliminación de las exenciones para la construcción de VIS, vivienda de interés social, que representa por lo menos la pérdida de la construcción de 100.000 viviendas al año y pone en riesgo 408.000 empleos. Esos incentivos que se eliminan van a terminar, en este caso, aumentando el precio de la vivienda, promoviendo la informalidad y generando desempleo.
En el patrimonio nos pretenden meter un mico. Y es que para calcular la tarifa del impuesto van a cambiar la manera de valorar el patrimonio.
Y acabando con el mercado de la finca raíz…
De acuerdo. Y, finalmente, otro punto crítico es la persecución a la industria de hidrocarburos y minería, que son fuente de los principales recursos del Gobierno. Pero, además, deben servir para financiar la transición energética y las energías alternativas, que tanto predica el Gobierno, y que cuestan mucha plata.
Aunque nuestras emisiones de CO2 son muy bajitas…
Sí, y el Gobierno parece no haber entendido que el enemigo no son los sectores, sino las emisiones. Entonces está pegándose un tiro en el pie, porque con este nivel de impuestos y costos adicionales a este sector se va a llevar a que rápidamente se desestimule la inversión y la reinversión en estos sectores, y en los próximos años vamos a tener menos ingresos por esa vía. Lo que va a hacer que Colombia, muy pronto, tenga un hueco adicional en sus finanzas públicas.
Los economistas que insisten en que la reforma no es estructural anotan que no tiene relación con el gasto ni con la reforma laboral ni con la política social; tampoco tiene en cuenta el impacto en el empleo. ¿Eso es cierto?
Por supuesto. Este gobierno ha enviado muchos mensajes equivocados al mercado y, por ende, los sectores productivos hoy están básicamente bajo la incertidumbre. Ese costo pronto se va a empezar a notar, porque hay señales de inseguridad jurídica. Además, a esta reforma tributaria se sumará la reforma laboral, que en vez de flexibilizar el mercado lo volverá más rígido y más costoso. Y se suma la especulación del aumento del salario mínimo para el próximo año. Y se suma la confrontación sobre la tenencia de tierras. Y, por supuesto, se suma la persecución a las fuentes principales de ingresos del país, hidrocarburos y minería. En ese orden de ideas, si uno suma el efecto de todos esos mensajes, lo que se crea es una incertidumbre que al final hace que la plata salga corriendo del país y se vuelva más costoso invertir, lo que llevará a que haya menos empleo y más pobreza.
¿Hay alguna manera de salvar la integridad de las pensiones que ya se causaron? ¿Y que los nuevos impuestos solo graven las que no se han causado, para no afectar derechos adquiridos sobre unos ahorros de toda una vida?
Ponerles impuesto a las pensiones es inconstitucional, y, adicionalmente, injusto, porque las personas ya tributaron por los ingresos que les permitieron ahorrar. Este gobierno debería estar focalizado en generar estabilidad para la vejez, en lugar de ponerle un impuesto a la vejez. Debería estar pensando en darles estabilidad a quienes hoy no la tienen, y no en quitársela a quienes con tanto esfuerzo la han conseguido. Y, además, le he resaltado al Gobierno que es un engaño sostener que solo pensiones de 10 millones o superiores van a estar gravadas. Porque para que se cumpla esa condición, los pensionados no pueden tener ningún otro ingreso adicional…
¿Por qué?
Porque solo están exentos $5’600.000 de la pensión, el resto le suma como ingreso constitutivo de renta, y si usted tiene otro ingreso, parte de su pensión puede terminar siendo gravada, del 19 % al 39 %.
Ponerles impuesto a las pensiones es inconstitucional, y, adicionalmente, injusto, porque las personas ya tributaron por los ingresos que les permitieron ahorrar
El ministro del Interior, (Alfonso) Prada, salió la semana pasada con esta frase que pocas horas después rectificó, pero quedó dicha: ‘… necesitamos el apoyo popular y el apoyo del pueblo, incluso la movilización popular para decirle al Congreso que necesitamos plata para salir de esta. Y el que entendió, entendió…’. ¿Usted qué entendió?
Que el chantaje ya empezó. Los que gobiernan hoy Colombia destruyeron el país hace unos años, para evitar una reforma tributaria. Y hoy, paradójicamente, pretenden volver a incendiarlo para imponer otra reforma, la de ellos. No entiendo el afán del Gobierno para atropellar el debate de una reforma negativa para Colombia, a través de la presión social, de la publicidad oficial, como hemos visto hoy en diferentes medios, y adicionalmente con el mensaje de urgencia. Como lo dije al comienzo, el Gobierno no sabe para qué es la plata, y es la primera reforma tributaria que se discute sin ni siquiera haber tenido claridad sobre el presupuesto general. Lo que queda claro es que quiere plata y es para hacer política.
El ministro de Hacienda se ha mostrado muy dispuesto a oír. ¿Así le ha parecido?
He tenido oportunidad de conversar con él en público y en privado y siempre ha tenido la voluntad de escuchar, y veo que algunas de nuestras posturas están teniendo éxito. El ministro, si bien no se ha comprometido en cifras, se muestra dispuesto a llegar a unas que podrían ser menos lesivas para el crecimiento económico.
¿Por qué se puso tan bravo con usted cuando le dijo que esta reforma pretende acabar con los empresarios? ¿Se le fue la mano con ese comentario?
No estoy acusando al ministro, sino evidenciando los efectos de la tributaria, como lo hacen los gremios. Promovimos desde el partido una audiencia pública, incluso antes de la de las comisiones económicas, en la que el 100 % de los gremios se manifestaron en contra de esta reforma. Entonces, el ministro debe molestarse con los sectores productivos, que son los que están hoy exponiendo los efectos negativos. La mejor reforma tributaria es la que protege el crecimiento económico, combate la evasión y el contrabando, y promueve la austeridad. Esta reforma tributaria hace lo contrario. Promueve la informalidad, llevará al desempleo y acaba la inversión.
¿Si le entiendo, todavía tiene confianza de poder cambiarle su rumbo en puntos clave?
Sin duda. Para esta reforma en el Congreso debe haber unas líneas rojas. Si el Gobierno se empeña en imponer una reforma tributaria negativa como esta, por lo menos debemos garantizar que los efectos sean lo menos lesivos posible, y que se mantengan los estímulos a la inversión. Por ejemplo, en dividendos, no debe haber aumento, para garantizar que la tasa combinada de tributación socio-sociedad siga siendo competitiva, para no ahuyentar la inversión. En ganancia ocasional, debe tenerse en cuenta que cada punto adicional genera evasión y elusión. Si la suben, debe ser máximo al 15 %, para evitar evasión, debe subir máximo al 15 %. Debemos evitar a toda costa el mico de la nueva valoración del patrimonio, para no especular con la riqueza de las personas y evitar el cambio de residencia fiscal. Debemos garantizar que los beneficios tributarios, por ejemplo los de la vivienda de interés social, del agro colombiano, de los cafeteros, de las industrias creativas, especialmente el cine y la industria audiovisual, y de la educación para los empleados y sus familias, se mantengan, para que no haya una desinversión en estas áreas. Si bien el sector de hidrocarburos y minería puede aportar un poco más, no debe tener cargas desproporcionadas, pues estas terminarán destruyendo la única posibilidad que tenemos para ser un país con energías alternativas. Finalmente, esa reforma debe apuntar a combatir la evasión y recaudar por lo menos un 30 o 40 % de la evasión y tener un compromiso en autoridad.
MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO
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