En Cartagena de Indias el robo y ocupación ilegal de tierras hace carrera en zonas como las islas de Barú y Tierrabomba, pero llama especialmente la atención de la Procuraduría General de la Nación que esta problemática está marcada en el norte de la ciudad, en la vía que comunica a Cartagena con Barranquilla; es la zona de mayor proyección urbanística de la nación, donde se adelantan proyectos hoteleros y de vivienda para estratos 5, 6 y 7.
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Hoy, corregimientos como Arroyo Hondo, Punta Canoa o Arroyo de las Canoas están en la mira de ocupantes ilegales.
La zona norte de Cartagena y Playa Blanca,
en Barú, están en la mira de los invasores
Gremios llaman a cerrar Playa Blanca y expulsar ya a los invasores, la mayoría extranjeros y del interior del país; de lo contrario es escenario ambiental desaparecerá.
John Montaño- EL TIEMPO
En la audiencia pública sobre la invasión a tierras en Bolívar y Cartagena convocada por la Procuraduría General de la Nación en la capital de Bolívar, la procuradora Margarita Cabello escuchó y recibió medio centenar de denuncias de las propias voces de abogados y comunidades.
“Llegan en camionetas cuatro puertas, llegan armados y muy rápido instalan carpas, se ubican, y en una noche se pueden instalar a mil personas rápidamente”, señala la jefe del Ministerio Público, que escuchó por ejemplo las denuncias desde la isla de Barú, donde personas inescrupulosas han querido desaparecer el historial legal de la hacienda Santana, la cual había sido entregada a comunidades afro, pero que fue objeto de invasiones ilegales.
Muchos de los robos de tierras son complicidad con funcionarios públicos como inspectores de policía, notarios, registradores, secretarios de despachos y hasta jueces de la República.
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“Lamentablemente esta es una situación que se presenta en todo el país, por ello estamos en varias regiones y nos siguen llamando. Es un tema de vieja data, debido a desidia y lentitud en la atención porque es un tema complejo pero también por temores, porque hay grupos que se apropian de tierras y las venden rápidamente lo que genera un enriquecimiento alto porque son tierras de alto valor”, añadió la jefe del Ministerio Público.
También escuchó la procuradora a los protagonistas del viejo pleito por tierras donde la fundación Santo Domingo adelanta un proyecto para vivienda de interés social, pero sobre el cual una familia reclama títulos en el sur de la ciudad.
“Al iniciar estos procesos, lo que hacemos es, por ejemplo, llamamos a la rama judicial y decimos ‘ojo que tenemos acusaciones contra estos jueces’, ‘éstas tutelas no deberían existir’. Llamamos a notariado y registro y evidenciamos esas denuncias que hoy estamos recibiendo”, añadió Cabello, quien insistió: “La policía debe realizar los procedimientos en las primeras 48 horas de una ocupación y expulsar a esos ocupantes ilegales”.
Resultados en Atlántico
En el departamento del Atlántico este ejercicio ya fue hecho y la jefe del Ministerio Público entregó los resultados.
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“En el departamento del Atlántico ya tenemos la destitución de Registrador, suspensión de notarios, apertura de investigaciones contra secretarios y jueces, la Fiscalía se sumó y está realizando investigaciones, eso ha hecho que hayan disminuido las ocupaciones ilegales. Llevamos 17 investigaciones en curso y estamos dando resultados. En Cartagena y Bolívar vamos a iniciar la misma articulación con la fiscalía y vamos a revisar todas las pruebas aportadas por los denunciantes y a iniciaran los llamados a otras instituciones responsables”, concluyó la Procuradora.
John Montaño
Corresponsal de EL TIEMPO
Cartagena
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