El Gobierno sancionó la Ley 2540 de 2025, con la que se implementará en Colombia un nuevo mecanismo denominado arbitraje ejecutivo, que permitirá agilizar los procesos de embargo en casos de incumplimiento de pago de impuestos y deudas.
Según la norma, que entrará en vigor el próximo 27 de febrero de 2026, los árbitros tendrán la potestad de ordenar embargos, una función que hasta ahora estaba reservada a los jueces de la República.
Con este cambio, los tiempos de resolución, que podían extenderse durante meses o incluso años, se reducirán de manera significativa.
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Para que la ley sea aplicable, los contratos de adquisición de deudas deberán incluir una cláusula en la que ambas partes acuerden acudir a este mecanismo en caso de incumplimiento.
De esta forma, si un deudor deja de pagar, el acreedor podrá solicitar directamente al tribunal arbitral el embargo de bienes, sin necesidad de acudir a los tribunales ordinarios.
Los codeudores, deudores solidarios, avalistas, fiadores y cualquier tercero garante, emisores de cartas de crédito que respalden la obligación, al suscribirse a la relación contractual, expresan su voluntad de adherirse al pacto arbitral y quedarán vinculados a los efectos de este en el proceso arbitral ejecutivo”, puntauliza.
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El Ministerio de Justicia explicó que la medida busca agilizar los procesos de cobro y garantizar mayor efectividad en la recuperación de recursos, especialmente en materia tributaria.
Asimismo, permitirá descongestionar a los jueces, quienes hasta ahora eran los únicos facultados para ordenar embargos en este tipo de casos.
Con la entrada en vigencia de esta ley, Colombia se suma a otros países que han adoptado mecanismos alternativos de resolución de conflictos para mejorar la eficiencia del sistema judicial y garantizar el cumplimiento de obligaciones económicas.