El ambientalista inglés James Lovelock decía: “Vivimos en una época en que las emociones y los sentimientos cuentan más que la verdad”. Esta reflexión se aplica a la discusión del cambio climático e invita a reflexionar sobre la seriedad y base científica con las que debe abordarse y el rol de transición energética, en particular en Colombia.
En el país, esta discusión está en el centro de la agenda, por lo que es clave precisar cuál debe ser su corresponsabilidad en la contención del cambio climático global y cuál el objetivo nacional de la transición energética, cómo hacerla y cuáles son sus tiempos.
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Decisión que pasa por dos transiciones adicionales a la energética: la productiva y la económica, fiscal y de sustitución de regalías.
Tres transiciones entrelazadas entre sí. En materia climática, nuestra situación es distinta a la del resto del mundo. Colombia solo aporta el 0,4 % de los gases de efecto invernadero (GEI) del planeta, y de estos, el 59 % se origina en la actividad agrícola, pecuaria, bosques (deforestación) y mal uso de la tierra. Las actividades asociadas a la producción, generación, transporte, distribución, comercialización y consumo de todas las fuentes de energía aportan solo 30 %.
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En Europa, por el contrario, el 73 % está asociado al sector energía. Por eso, el énfasis de dichos países ha sido la transición energética. El resultado: una mayor electrificación de la economía y, salvo países como Noruega, el Reino Unido y Países Bajos, productores de petróleo y gas, se enfocaron en las renovables al punto de terminar dependiendo de Rusia en hidrocarburos; una realidad agridulce que el resto de países deben examinar.
Colombia ya cuenta con una matriz eléctrica bastante limpia, bajo los parámetros de la Unión Europea, que declaró el gas como combustible verde. Actualmente, el 86 % de la oferta de generación eléctrica proviene de hidroeléctricas; el 10,2 %, de térmicas de gas, y el 1 %, de renovables no convencionales (que se espera aumente al 14 % en 2023 con la entrada en operación de los proyectos eólico y solar asignados en recientes subastas).
Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas.
Distinta es la matriz energética, que incluye la oferta de todas las fuentes de energía y no solo eléctrica, que participa con el 16 %; gas, con 15 %, y combustibles, con 47 %. Vista la matriz energética desde el consumo y consistente con la oferta, transporte representa el 48,8 % de la demanda; el sector residencial, 26,6 %; industrial, 23,4 %, y el de servicios, 7,2 %) Del transporte, el grueso son combustibles líquidos.
Lo anterior lleva a preguntarse: ¿qué entender por transición energética y por qué acelerar la transición si la matriz eléctrica en Colombia es prácticamente verde? ¿Dónde poner el foco y qué priorizar? ¿Cómo hacerlo, en cuánto tiempo, a qué costo y quién lo paga?
En reducción de GEI, el principal reto está en los bosques y en la transición energética, en ampliar la participación de la electricidad en la oferta energética y en el transporte. Es poco lo que se puede hacer en el aéreo y marítimo; queda el automotor, integrado por 17 millones de vehículos (10 millones de motos, y cada año ingresa un millón), y el Plan Energético Nacional señala que para el 2050 el 74 % dependerá del petróleo y gas.
En transición energética, la pregunta es, entonces, cómo avanzar hacia una movilidad sostenible, eléctrica y de gas. Más cuando existen y persisten señales contradictorias en la política ambiental, como lo es el subsidio a la gasolina corriente y diésel (nada fácil de desmontar), un nudo gordiano cuyo costo a diciembre de 2022 sería de
$ 37 billones. Sin una transformación del parque automotor, la anhelada transición acelerada no será tal.
La segunda transición es la productiva, en general y donde opera la industria, que son 19 departamentos. En Casanare y Meta, por ejemplo, los hidrocarburos representan más del 50 % del PIB.
No en vano, de continuar la dinámica en exploración y producción en el país, se estima que entre 2022 y 2032 las inversiones en contratación de bienes y servicios serían de $ 228 billones y de $ 3,4 billones en proyectos sociales y ambientales.
En la industria trabajan más de 95.000 personas, sin contar los empleos generados en encadenamientos productivos derivados del sector. Solo el Grupo Ecopetrol cuenta con 18.000 empleos directos y más de 30.000 a través de contratistas. De ahí la importancia de una transición productiva no solo para las regiones, sino para quienes trabajan en la industria. Una transición que no incorpore este componente generaría injusticias.
Sumado a la transición energética y de transformación productiva, es inexorable incluir la transición macroeconómica, fiscal y de financiamiento regional, pues es bien sabida la participación del sector en las exportaciones (36 %, en promedio, entre enero y junio de 2022, de petróleo y derivados), en las finanzas nacionales (18 % en promedio) y en regalías, que equivalen a una tercera parte de la inversión de las entidades territoriales.
Diversificar las exportaciones y los ingresos públicos, y reducir por ende la dependencia de la balanza comercial y las finanzas de la industria, tiene sentido.
Pero la solución no es marchitar la industria y empequeñecer la torta. Todo lo contrario: debe mantenerse la autosuficiencia energética, con excedentes para exportar, y hacer un uso estratégico de la renta de la industria para impulsar la transición y que crezca aún más la economía.
El escenario ideal es que otros sectores económicos aporten más recursos, pero se debe ser realista, el sector minero-energético es uno de los grandes contribuyentes y la caja que le proporciona Ecopetrol al Gobierno no es fácil de sustituir. Ejemplo: sus utilidades a julio de 2022 fueron de $ 17 billones. Una transición forzada, que comprometa de manera apresurada su negocio central, además de lo fiscal, la llevaría a perder valor patrimonial.
Este panorama demuestra que la transición energética debe ir en simultáneo y de la mano de una económica y productiva. Una energética que no consulte la económica sería un desastre fiscal, y una energética y económica que desconozca los tiempos de la productiva se traduciría en una crisis social y laboral.
Armonizarlas en una hoja de ruta realista e incluirlas en la ecuación del aporte a lucha contra el cambio climático debe ser prioridad del Gobierno y la industria. Entendiendo que son tres transiciones en una.
* Presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP)
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