La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra tres docentes y orientadores vinculados a instituciones educativas de Bogotá, acusados de haber presentado títulos universitarios falsos para acceder a cargos en la Secretaría de Educación del Distrito. Este caso, que ha generado alarma en el sector educativo, se suma a otros cuatro reportados recientemente en la capital.
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Uno de los investigados es Yudi Esmeralda Pardo Murcia, docente adscrita a la Secretaría de Educación, quien habría entregado un título falso como licenciada en Educación Primaria de la Universidad San Buenaventura. Según las investigaciones, este documento le permitió posesionarse en el área de psicología del Colegio Jorge Eliecer Gaitán, donde ejerció funciones que dependían de la autenticidad de sus credenciales.
La Secretaría de Educación de Bogotá rechaza de forma contundente la existencia de un presunto “Cartel de Profesores”.
Acá se detectaron esos casos aislados de falsedad documental y hemos actuado para que sean sancionadas las conductas dolosas de algunos… pic.twitter.com/H4kDFHdp7F
— Secretaría de Educación de Bogotá (@Educacionbogota) November 30, 2024
Otro caso bajo análisis es el de Henrry Navarro González, quien presuntamente certificó un diploma de licenciatura en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad Santo Tomás. Este documento habría facilitado su nombramiento como maestro provisional en el Colegio Kenedy, donde ocupó el cargo en reemplazo de una funcionaria.
Finalmente, Jarry Salas Hurtado, orientador vinculado en varias oportunidades desde 2019, es acusado de presentar un diploma y acta de grado falsos como licenciado en Biología y Química de la Universidad Tecnológica del Chocó. Estas credenciales, presuntamente fraudulentas, le habrían permitido ser nombrado y posesionado en el Colegio Campestre Jaime Garzón, con su última vinculación registrada en 2022.
¿Qué dicen las instituciones?
La Procuraduría destacó que estas conductas podrían constituir faltas gravísimas, calificadas a título de dolo, dado que los implicados habrían vulnerado principios fundamentales como la moralidad pública, la transparencia y la lealtad en el servicio público. Además, el organismo investiga si estas irregularidades afectaron el normal desarrollo de las actividades pedagógicas en las instituciones involucradas.
“Se constata si los servidores públicos violaron los principios de moralidad y lealtad, indispensables para el correcto funcionamiento del sistema educativo”, dice el comunicado oficial de la entidad.
REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS