Ante los vientos de una nueva reforma tributaria, tan comunes en todo gobierno, vale el momento para darle una mirada a la manera como se obliga a varios sectores a pagar sus impuestos. En este caso, cómo no, el de las aplicaciones digitales, en el que Colombia se ha comportado de manera ‘exótica’, por decirlo de algún modo.
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Y digo exótica porque mientras el mundo occidental está a la espera de la construcción y definición de un marco normativo global que se cocina en la Ocde al respecto, que dictará una política integral de cómo gravar correctamente a las apps digitales, nosotros decidimos, con la reforma tributaria pasada, adelantarnos y ponerles impuestos a las plataformas: IVA, renta para las que están presentes con operación acá, o renta presuntiva para esas que facturan localmente pero no operan en el país.
Claro que el Gobierno tiene todo el derecho de hacerlo. Lo complejo es que nos puso como ‘los niños raros del salón’, únicos ya con impuestos, por tanto, de cara a la inversión y desarrollo del negocio, poco atractivo frente a otros países menos agrestes.
Será, entonces, motivo de mucho trabajo conciliar las actuales condiciones tributarias que hemos impuesto a las aplicaciones con el marco oficial de la Ocde cuando sea promulgado.
De otro lado, ahora se vendrían, según se ha filtrado, más cargas tributarias, en esta ocasión para las apuestas en línea, un negocio del que personalmente y en este espacio he señalado sus riesgos asociados, sobre todo en menores de edad, pero que, como industria regulada, también tiene derecho a tener reglas claras y justas en materia de impuestos.
Por apuestas deportivas el país recibe unos 400.000 millones de pesos en impuestos y existen unos 150.000 empleos asociados; por tanto, es importante que escuchen a ese gremio y se consideren aspectos como la lucha contra la ilegalidad (apps de apuestas piratas que operan recaudando dinero sin retornarlo en obligaciones y sin atención al cuidado de la salud de menores), por ejemplo.
También garantizar que esos recursos se están encauzando correctamente en campañas de prevención, de atención a la salud mental, de pedagogía y control para que menores de edad no accedan a un ecosistema que no es permitido para ellos.
De paso deberíamos arreglar de una vez por todas el tema con las apps de movilidad, las cuales hoy en Colombia dan sustento a más de 100.000 familias, mueven a cerca de 8 millones de pasajeros y aportan en impuestos alrededor de 60 millones de dólares al año al país, pero no están reguladas, siguen siendo objeto de persecución y de confrontación con el gremio taxista, quienes con razón apelan a un marco normativo de transporte que es obsoleto de cara a la innovación digital.
¿Son ilegales las apps de movilidad para competir, pero legales para cobrarles impuestos? Si les van a recibir el cheque de IVA y renta, por decencia deberían construirles un ambiente de trabajo justo y equilibrado.
JOSÉ CARLOS GARCÍA R.
Editor Multimedia
@JoseCarlosTecno