César Gaviria rechaza constituyente del Gobierno y hace un llamado para conformar una coalición en defensa de la democracia

Según el exmandatario, esa idea proviene de una errónea interpretación de dicho acuerdo de paz.

Además, hizo un llamado para conformar una gran coalición para defender la democracia, el Estado de derecho y la Constitución Política de 1991, de la cual es uno de sus padres. 

“Rechazar la propuesta que ha hecho el excanciller Álvaro Leyva en nombre del gobierno del presidente Petro para realizar una asamblea constituyente. Esta idea ha sido circulada en el Congreso ya en varias oportunidades pero ahora pretenden, partiendo de lo que dice el acuerdo de las Farc, citar una constituyente”, dijo el exmandatario en un video,

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Y agregó: “​Yo propongo que hagamos una gran coalición de todos los partidos que estén dispuestos a defender la democracia, a defender la Constitución, a defender el Estado de derecho”. Lo anterior, de cara a las elecciones presidenciales del 2026.

Me corresponde como Director del Partido Liberal y promotor del gran acuerdo nacional que nos llevó a la constitución de 1991, responder a la propuesta del excanciller Álvaro Leyva, quien habla en nombre del gobierno Petro, para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, partiendo del acuerdo que el gobierno del presidente Santos realizó con las Farc.

Esta idea proviene de una equivocada interpretación del “acuerdo político nacional” a que hacen referencia los acuerdos de paz de La Habana, y a la errónea concepción de que el acuerdo puede ser modificado por las partes.

A propósito de la insólita propuesta, he revisado punto por punto los acuerdos y no encuentro que el equipo del gobierno Santos haya negociado la posibilidad de realizar una asamblea constituyente. Lo que hizo, fue una referencia a un acuerdo político. El artículo 376 de la Constitución Política de 1991, establece de manera clara, la única forma en que puede ser convocada una asamblea constituyente. Cualquier intento de convocatoria por fuera del marco constitucional, atentaría de manera directa contra la estabilidad democrática institucional y las demás ramas del poder público. 
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La constitución política de 1991 no ha sido derogada, está vigente y debe ser acatada por el gobierno y todas las instituciones. El respeto a ella, es la principal garantía que se le puede brindar a los colombianos, de que las decisiones futuras provienen de un acuerdo y no de una imposición velada. Intentarlo es un acto contra la misma constitución del 91, que respalda la inmensa mayoría de los Colombianos.

La primera vez que se mencionó el tema, se dio como justificación de las dificultades que estaba encontrando con su agenda legislativa el gobierno actual, para la aprobación de la agenda de ‘cambio’, que habría sido aprobada por alrededor de 11 millones de colombianos y que no podría ser desconocida por el Congreso. Lo que ha ocurrido es una altísima negativa a negociar los textos de las reformas. No queda claro si el gobierno se propone a convocar la Constituyente por decreto y sin cumplir los trámites que establece la constitución del 91, que exigen para su reforma, entre otras, la aprobación del Congreso de la República.

A nuestro juicio, esa iniciativa carece de cualquier base constitucional y su propósito parece incomprensible, dado que el presidente tiene otras y todas las herramientas para cumplir con sus compromisos.

Dada la insistencia del Presidente en que tal constituyente se convoque, ahora resulta señalar que el acuerdo con las Farc, expresamente, autoriza tal convocatoria y la tesis ha sido presentada por el exministro Álvaro Leyva, consejero del presidente Petro.

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Ello ocurre, por demás, cuando se denuncian por parte de quien encabezaba la UNGRD, de cómo se dio una presunta compra masiva de votos con recursos públicos, para cumplir con la agenda legislativa gubernamental. Esto, por lo demás, puede generar dificultades para lo que el presidente se propone hacer, es decir, aprobar sus reformas en el Congreso, en las escasas cuatro semanas que restan de esta legislatura, para cumplir el cometido que se ha trazado.

Para esclarecer los hechos de esa gravedad, será necesario acudir a las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de la Nación, a quienes corresponde encontrar la veracidad de las afirmaciones hechas por el exdirector de la UNGRD, por el subdirector de la misma entidad en el manejo de desastres y por quien cumplía funciones secretariales. Más allá de que estas investigaciones se desarrollen, la insistencia del gobierno en que una constituyente debe ser convocada, demanda una respuesta de nuestra parte.

Ya el expresidente Santos, quien firmó el acuerdo con las Farc y acordó introducirlo como parte de nuestra Constitución, dijo que tal propuesta es absurda y no tiene ningún fundamento. Santos precisó, que esa fue una de las líneas rojas que se mantuvo en la negociación: “una constituyente solo se puede convocar usando los procedimientos que establece la constitución”.

También descartó que el acuerdo especial pueda ser modificado por las partes. El expresidente Santos, además recordó que una constituyente se debe iniciar por un procedimiento especial, que debe ser revisado por la Corte Constitucional, y un llamado a las urnas para que el país decida, si quiere que se celebre un proceso de esa índole.

El negociador del acuerdo, Humberto de la Calle Lombana, rechazó que el acuerdo contenga la habilitación del estado, y a la contraparte del acuerdo, a convocar una asamblea constituyente, pues es una tesis totalmente equivocada. Luego recordó que durante el transcurso de los diálogos de paz, fue rechazada esta propuesta hecha por las Farc.

El director del Partido se permite adelantar una propuesta, a partir del holgado resultado del Partido Liberal en las últimas elecciones regionales y en nuestro próximo congreso o convención nacional, esto es, proponer un gran acuerdo que incluya a todos los sectores que consideren que lo principal que se debe hacer en el próximo certamen electoral, sea convocar un gran acuerdo político, para defender la Constitución y el estado social y democrático de derecho. El candidato de esa coalición, se escogería por una consulta popular interpartidista.

Así como no estamos, ni estaríamos jamás de acuerdo en impedir que el presidente Gustavo Petro cumpla cabalmente su periodo presidencial para el cual fue elegido, tampoco aceptaríamos un golpe que tenga por objeto, desconocer el principio de supremacía de la constitución que los Colombianos integraron en el año 1991.