Si los congresistas siguen sin ponerse de acuerdo en cuál será el presupuesto del 2025 —el instrumento de manejo financiero más importante que tiene el Gobierno para definir qué recursos necesitará— debido a que no quieren aprobarle al Gobierno los 12 billones de pesos que vendrían de la nueva reforma tributaria, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirma que saldría vía decreto y que más adelante podría haber recortes. En entrevista con EL TIEMPO, el funcionario explica cómo serían los escenarios. Además, responde a los cuestionamientos sobre la reforma.
Conforme a los criterios de
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en la discusión del monto del Presupuesto del 2025.
Foto:
¿Negó el Congreso el presupuesto o no?
No, ninguna propuesta de monto que fue sometida a discusión quedó con unanimidad de las cuatro comisiones (dos de Cámara y dos de Senado).
Pero si tan solo una lo niega, ya no hay posibilidad de que salga aprobado por las cuatro…
Las cuatro tienen que negarlo o aprobarlo. De lo contrario, se entiende que no hay decisión y que rige el umbral del Gobierno de 523 billones de pesos. Por tanto, ahora se examinará la primera ponencia y como está radicado el proyecto de ley de financiamiento es absolutamente necesario que coloquen ponentes.
¿Si siguen por ese camino, no tienen miedo de que pueda llegar una demanda que lo tumbe por inconstitucional?
No, no es inconstitucional. Las normas del presupuesto son válidas. De hecho, ya en el pasado, el Congreso no decidió monto y salió con el del Gobierno. Lo demandaron y la Corte le dio la razón.
¿Se refiere a la época del expresidente Andrés Pastrana (1998-2002)?
Sí, en esa.
¿Qué pasaría en el escenario de que el Congreso siga negando ese monto hasta llegar al 20 de octubre, fecha límite para aprobar todo el presupuesto?
Si para esa fecha no hay decisión del Congreso, el presupuesto saldría por decreto a partir del 21 de octubre.
El Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó la reforma tributaria este 10 de septiembre del 2024
Foto:
¿Y en ese caso quedarían aprobados los 523 billones de pesos del Gobierno o se le quitaría la tributaria?
Saldría el monto de los 523 billones de pesos que radicó el Gobierno y, eventualmente, si no hay decisión sobre la ley de financiamiento, el 2 de enero habría que hacer un aplazamiento de presupuesto y ya el Gobierno decidiría de dónde.
¿Sacarlo vía decreto no daría un mal mensaje a los mercados ante la falta de consenso del Congreso?
Lo ideal es que salga aprobado por el Congreso, pero de no ser así, no hay ninguna dificultad legal para sacarlo vía decreto.
¿Usted esperaría llegar a un acuerdo de aquí a octubre?
Es posible, el tema es la discusión de la ley de financiamiento. El impase que existe es porque hay unos congresistas que no quieren discutirla.
¿Y habría posibilidad de que ustedes se bajen del monto de 523 billones de pesos para lograrlo?
No, el presupuesto tiene una inflexibilidad grandísima en gastos de funcionamiento. El 92 por ciento de esos recursos son inflexibles. Además, la deuda hay que seguirla pagando y lo que queda de margen es para la inversión. La discusión es si solo curamos lo que venía del pasado o lo podamos utilizar para nuevos programas. De momento, hay 24 billones para invertir en el programa de gobierno, lo demás son temas como las vigencias futuras.
¿Entonces, sí o sí habrá un sacrificio en la inversión para el próximo año?
A pesar de la ley de financiamiento, seguirá habiendo un sacrificio en la inversión. Fue de 99 billones de pesos este año y caerá a solo 82 billones de pesos, que es lo que se alcanza a financiar con lo que hoy hay de ingresos y con la ley.
¿Piensa que la tributaria soluciona los problemas de financiamiento que existen o se necesitarían más billones, como asegura el centro de pensamiento Fedesarrollo?
Esas son unas discusiones sobre si las fuentes de financiamiento que están planteadas se podrían obtener o no. Nosotros le apuntamos a que la Dian nos asegura que es una meta obtenible.
Diferentes congresistas dicen que las proyecciones de recaudo tributario se elevaron en unos pocos meses y no se explican cómo. ¿De dónde salen esos mayores recursos?
Los congresistas estarán asumiendo el informe que entregó la Contraloría el día que se presentó el presupuesto de manera oficial. En él tomó el Marco Fiscal de Mediano Plazo, pero no el ajuste que se hizo en el Plan Financiero. De ahí la confusión.
¿Se mejorará el recaudo por la gestión de la Dian?
En el 2025 no se va a repetir el episodio que tuvimos este año de que los grandes contribuyentes jurídicos entregaron el recaudo en el 2023 por el 2023 y el 2024, y ahora nos están pidiendo devolución. Van a entrar plenos los ingresos con base en las declaraciones del 2024.
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Crédito Público, durante su intervención en la 58 Convención Bancaria, realizada en Cartagena la semana que termina.
Foto:
¿Anticipar la regla fiscal del 2026 al 2025 aumenta el recaudo en esos 5,3 billones de pesos o simplemente permite un déficit fiscal mayor que se necesitará financiar con más deuda?
Efectivamente, no es un mayor ingreso, sino un espacio fiscal que se gana para poder manejar con mejor solvencia la deuda. Hoy el problema real del presupuesto es que tenemos que dedicar cada vez más recursos a pagar deuda. En el 2023 fueron 75 billones de pesos, este año 95 billones de pesos y en el 2025 están previstos otros 112 billones de pesos, lo que representa el 6,5 por ciento del PIB.
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, aseguró que modificar la regla fiscal para garantizar que las inversiones verdes no sean contabilizadas dentro del límite de lo que el Gobierno puede gastar no es una buena idea. ¿Qué opina?
La regla fiscal verde es una nueva discusión que ya otros países han introducido. Todavía no hay ningún proyecto que diga que uno puede conseguir en el mercado internacional recursos más baratos y con plazos mayores cuando estén ligados a un proyecto verde, pero la regla fiscal nos genera restricciones como si fuera un crédito normal. Lo que estamos planteando es que eso pueda tener un crédito diferente.
Si bien expertos aplauden la bajada de la tarifa del impuesto a la renta corporativa, dicen que no parece ser un buen momento para hacerlo ante el “difícil” panorama fiscal que hay. ¿Usted qué considera?
En realidad nunca hay un momento efectivo. Reducir la renta corporativa del 2025 nos deja en tablas, pero ya a partir del 2026 comienza a haber un ahorro que empiezan a ver las empresas de 3 billones de pesos que termina subiendo a 8 billones de pesos en el 2030. Bajar la tasa nominal permite mayor inversión, lo que puede generar un impacto en la reactivación económica y en el crecimiento.
¿Aumentar el impuesto al patrimonio y la tarifa marginal de la renta a las personas con altos ingresos no es recargarse aún más en los mismos de la última reforma?
El impuesto de renta de personas naturales lo único que hace es ampliar la tasa marginal para el grupo de altísimos ingresos, es decir, para los que ganan más de 1.500 millones de pesos al año, que calculamos que son alrededor de 4.000 colombianos. Y en el impuesto al patrimonio se trata de identificar los activos improductivos y que tengan una carga tributaria para que sus dueños los utilicen de mejor manera y los vuelvan productivos.
¿Entonces puede afirmar que la reforma solo tocará a esas personas de muy altos ingresos?
Sí, la idea es no tocar la canasta familiar. Por ejemplo, vamos a gravar con el 19 por ciento de IVA a los juegos de suerte y azar en línea, pero estos no forman parte de ella.
¿Y no es optimista pensar que con ese IVA a los juegos en línea se obtendrían 2 billones de pesos?
No, realmente el estimado es conservador y podría ser incluso más alto. Esto significa que todavía en Colombia existe mucho la cultura de que las personas piensan que con juegos de suerte y azar resuelven sus problemas estructurales. Le meten mucho dinero, pero los premios que se entregan son muy bajos y tampoco llegan al Estado en materia de impuestos.
Ustedes acordaron con los transportadores no aumentar el precio del combustible, pero ahora habría un mayor impuesto al carbono. ¿Han calculado cuánto se elevarían las tarifas?
Sí, el cálculo de elevar el impuesto al carbono tiene un impacto en los precios de todos los combustibles, pero significa que vamos en la política correcta de garantizar la transición energética y es un estímulo para que las personas empiecen a utilizar otro tipo de combustibles que no sean fósiles.
Ricardo Bonilla y Angélica Lozano en el debate del presupuesto
Foto:
¿Aumentar los impuestos a la compra de vehículos híbridos no va en contra de la transición energética?
En principio uno pensaría que sí. Sin embargo, la Dian encontró que el 90 por ciento de los híbridos que estaban entrando a Colombia eran de gasolina y el 10 por ciento con energía eléctrica, lo que no tiene ningún sentido para la transición energética.
Existen opiniones divididas en cuanto al régimen simple de tributación, ¿por qué eliminarlo?
Porque la evaluación que hace la Dian es que no funcionó. La prueba empírica es que el recaudo que se tuvo con el impuesto de industria y comercio (ICA) fue muy bajo. Este recauda 14 billones de pesos y en el simple solo se lograron 200.000 millones de pesos. Las microempresas no entraron por donde era. Al contrario, lo que se propone en la reforma es reducir el impuesto de renta para todas las empresas del actual 35 a 30 por ciento y las pequeñas quedarán pagando una tarifa de 27 por ciento.
Han surgido alertas por los posibles cambios que se están planteando en la retención en la fuente. ¿Qué cambia?
La retención requiere un ajuste porque después de las tributarias del 2021 y 2022 las personas naturales empezaron a sentir que era insuficiente para pagar el impuesto y tuvieron que endeudarse. Es un mecanismo para pagar de manera anticipada para que cuando llegue el momento de declarar no tenga ese desfase.
¿Entonces lo que se plantea es ir quitando los saldos a favor?
Sí, la idea es reducir los saldos a favor y que las personas vayan sintiendo que lo van pagando todos los días y que no les va a llegar de golpe cuando declaran.