En los últimos años, el concepto de infraestructura pública digital (IPD) ha atraído una atención significativa por parte de la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas y el G20, como un nuevo paradigma de política para el desarrollo. Sin embargo, comprender los riesgos de la IPD es crucial para garantizar que se materialicen sus beneficios potenciales.
Los riesgos se derivan del hecho de que la “infraestructura pública digital” carece de una definición clara. El término abarca las numerosas tecnologías digitales que sirven como infraestructura económica y social, desde la identificación digital y los sistemas de pago hasta los intercambios de datos y los servicios de salud. Sin embargo, como iniciativa política, la IPD se refiere a una visión vaga del uso de estas tecnologías para servir al interés público. Esto podría dar lugar a que internet y la innovación tecnológica funcionen para todos, o convertirlas con la misma facilidad en herramientas de control político.
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En las discusiones sobre la IPD, los responsables de la formulación de políticas a menudo señalan casos que ponen de relieve cómo la tecnología y la conectividad pueden estimular el desarrollo. Con frecuencia citan la Interfaz Unificada de Pagos de la India, que ha ampliado la inclusión financiera y reducido los costos de las transacciones digitales para sus cientos de millones de usuarios.
También se entiende que dicha infraestructura se construirá con Bienes Públicos Digitales (BPD), un concepto que abarca software de código abierto, estándares abiertos y otros componentes no propietarios. Esta definición tiene como objetivo, en parte, posicionar a la IPD como ‘para el público’, pero también mejorar la competencia y mitigar las concentraciones de poder en la economía digital mundial.
Por último, los proponentes señalan que el Departamento de Información Pública podría impulsar la cooperación internacional, en particular a medida que se acerca el examen de 20 años de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI). Esta importante iniciativa de las Naciones Unidas ha proporcionado el marco para que los países colaboren en el desarrollo digital. Aunque los Estados autoritarios han buscado anteriormente ejercer un mayor control sobre la gobernanza de internet durante estas negociaciones, un enfoque en la promoción de la IPD podría evitar este debate politizado y, en cambio, fomentar una agenda constructiva para cerrar las brechas digitales.
Pero basar la política en un concepto tan mal definido plantea riesgos significativos. Lo ideal sería que los gobiernos convocaran a otras partes interesadas para crear un entorno propicio para la IPD y salvaguardar los derechos e intereses de los usuarios. Sin embargo, es fácil imaginar que algunos gobiernos pondrán sus propios intereses por encima de las libertades civiles y los derechos fundamentales, utilizando esta infraestructura para la vigilancia y la selección de objetivos en nombre de la aplicación de la ley o la seguridad nacional. Un ejemplo especialmente pernicioso podría involucrar el monitoreo y la regulación del comportamiento individual a través de sistemas distópicos de crédito social.
Son varias las recomendaciones a tener en cuenta. Foto:iStock
Además, aunque muchos defensores esperan que la IPD pueda reducir el enorme poder de las grandes tecnológicas, también se ha asociado con narrativas de soberanía digital que podrían contribuir a la fragmentación de internet, una amenaza sistémica para las comunicaciones globales. Por ejemplo, uno puede imaginar escenarios en los que algunos gobiernos desafían el modelo de múltiples partes interesadas para gobernar los recursos globales de internet, como las direcciones IP y los nombres de dominio, con el argumento de que constituyen IPD.
De hecho, recientemente fuimos testigos de algo similar en la Unión Europea cuando se propuso una enmienda al reglamento de Identificación Electrónica, Autenticación y Servicios de Confianza que habría empoderado a los gobiernos para exigir el reconocimiento de certificados digitales que no se adhirieran a los estrictos estándares de la industria. Esto corría el riesgo de socavar el modelo de gobernanza global para la seguridad de los navegadores y podría haber permitido a los gobiernos europeos vigilar las comunicaciones tanto dentro como fuera de sus fronteras.
La visión política de la IPD seguirá evolucionando, y se espera que los debates en curso ayuden a identificar y aclarar nuevas oportunidades y riesgos. Iniciativas como el Marco Universal de Salvaguardias para la IPD, que busca establecer barreras de protección para la misma, son un comienzo prometedor. Pero aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, el marco de las Naciones Unidas ha reconocido la necesidad de un aprendizaje continuo para garantizar que se establezcan las salvaguardias adecuadas.
A medida que el concepto de IPD gana terreno en el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales, será esencial un debate vigoroso e informado sobre sus posibles ventajas –y dificultades–. Con directrices políticas y protecciones claras, podemos ayudar a evitar que estas tecnologías se conviertan en herramientas de vigilancia y represión, garantizar que todos se beneficien de la floreciente economía digital y mantener internet abierto, conectado globalmente y seguro.
CARL GAHNBERG (*)
© Project Syndicate
Ginebra
(*) Director de Desarrollo de Políticas e Investigación de Internet Society.