Esta semana, el Distrito firmó el decreto que amplía el horario de la rumba en algunas zonas de Bogotá hasta las cinco de la mañana y redefine la normativa que regula las actividades con venta y consumo de alcohol. Con esta decisión, se modifican los parámetros anteriores que permitían a ciertos establecimientos funcionar hasta esa hora. Ahora, bares y discotecas podrán operar desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la madrugada del día siguiente.
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La Alcaldía argumenta que esta medida busca unificar horarios para facilitar el control de la rumba ilegal y reducir altercados de orden público, como homicidios, riñas, violencia sexual y los problemas de ruido que afectan a la ciudadanía.
La medida se apoyará en estudios concretos, con indicadores definidos de antemano y criterios objetivos, para evaluar durante un periodo de prueba si ciertas zonas de la ciudad cumplen con los índices de seguridad, convivencia, salud y movilidad necesarios. Solo así se determinará si podrán ampliar oficialmente su horario de funcionamiento hasta las cinco de la mañana.
Bar. Foto:Alcaldía de Medellín
Frente a este cambio, Asobares expresó su inconformidad y aseguró que con el nuevo decreto “se pierden 12 años de avances en articulación y profesionalización del sector nocturno con la administración de la capital”. Según el gremio, la medida impone restricciones severas que golpean al tejido empresarial que opera en la noche, aludiendo incluso que representa un retroceso similar al de la antigua “ley zanahoria”.
Uno de los puntos más críticos para Asobares es que consideran que el decreto supone un retroceso normativo en materia de vida nocturna, recordando políticas restrictivas como el Decreto 230 del 21 de febrero de 1984, durante la administración de Augusto Ramírez Ocampo. Aseguran que desconoce los avances y programas desarrollados en los últimos años, como Fiesta Sana y Segura (2015), Sello Seguro (2018) y Redes de Cuidado (2021).
Además, cuestionan la “zonificación restrictiva y desactualizada” contemplada en la norma, argumentando que no reconoce el progreso de la ciudad hacia una oferta de vida nocturna descentralizada, diversa y equilibrada, acorde con el marco normativo que rige a estos establecimientos.
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El gremio también sostiene que la nueva regulación rompe la coordinación que existía entre el Distrito y los empresarios del sector, “desconociendo espacios de concertación público-privada”.
Finalmente, Asobares señala que hay una distorsión de las cifras y una estigmatización injustificada hacia el sector del entretenimiento nocturno legal, al que —según ellos— se le responsabiliza de problemáticas de seguridad sin contar con una base técnica ni evidencia clara de su relación causal. Aseguran que estudios compartidos con la Secretaría de Seguridad y Gobierno no fueron tenidos en cuenta en la elaboración del decreto.
El gremio nocturno cuestiona que el gobierno distrital no ofrezca propuestas ni soluciones reales para enfrentar los problemas de seguridad y convivencia, pese a señalarlos reiteradamente, y lamenta que no se articulen esfuerzos con el sector privado, que fue uno de los más golpeados por las restricciones del COVID-19 y ha invertido durante la última década en programas, certificaciones y redes de cuidado para operar legalmente; además, advierte que la reciente reforma laboral, sumada a la reducción del horario permitido, amenaza la sostenibilidad de sus negocios y de los empleos que generan —en su mayoría mujeres y jóvenes—, mientras que el nuevo decreto termina aplicando el mismo trato a quienes cumplen las normas y a quienes operan fuera de la legalidad.
Prestigiosos bares. Foto:Policía Metropolitana de Bogotá
Para hacer frente a los desafíos que trae esta medida, el Distrito pondrá en marcha el Índice de Seguridad, Convivencia y Orden Urbano (ISCOU), una herramienta que permitirá dar seguimiento y analizar los efectos de lo dispuesto en el decreto, aportando datos suficientes para que las autoridades puedan decidir si es necesario modificar los horarios de funcionamiento y de venta de alcohol. Asimismo, la normativa establece que los establecimientos deberán vincularse a campañas de cultura ciudadana y de prevención de conductas violentas o que afecten la convivencia.
“Aunque el decreto tiene como propósito declarado preservar el orden público y la convivencia, su aplicación impone restricciones generalizadas, abruptas y con desconocimiento de la realidad, ignorando los avances logrados por la ciudad desde 2015. Además, condicionar la operación hasta las 5:00 a.m. a un índice aún inexistente (ISCOU) genera un vacío normativo”, expresaron.
TATIANA MORENO QUINTERO
REDACCIÓN BOGOTÁ