El presidente Gustavo Petro anunció, en medio de un nuevo secuestro de militares en el Cauca, que en donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea.
“Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejercito, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea”, aseguró el presidente Gustavo Petro en su cuenta de la red social X este lunes 8 de septiembre.
Asonada en El Tampo, Cauca Foto:Archivo
El anuncio del jefe de Estado se dio tras el secuestro de 45 soldados en el Tambo, Cauca, el cual se presentó este domingo en el marco de operaciones criminales contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos.
Ese secuestro se suma al que sucedió el anterior miércoles, donde fueron quemados dos militares en Putumayo tras el desmantelamiento de un laboratorio de cocaína. Además, hace dos semanas también fueron retenidos 30 uniformados en Guaviare tras operativos contra la disidencia de las Farc liderada por alias Iván Mordisco.
Cartel de la búsqueda de ‘Iván Mordisco’. Foto:Cortesía
De hecho, la semana anterior se llevó a cabo una reunión de la cúpula militar para reevaluar la estrategia de operaciones militares en zonas de alta conflictividad donde la ciudadanía estaría siendo instrumentalizada contra la Fuerza Pública. Y es que en 2025 van 33 asonadas, de las cuales 25 se han presentado en el suroccidente del país.
El presidente Petro, que se ha resistido a la fumigación aérea, hizo el trino a siete días de que Estados Unidos anuncie si descertifica a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. De hecho, la suspensión de la fumigación aérea ha sido cuestionada por Estados Unidos. Incluso, Donald Trump, durante su primer mandato, le hizo un llamado a Iván Duque, entonces presidente de Colombia, para que utilizara todas las herramientas en la lucha contra las drogas.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto:JOHN G. MABANGLO
“Vas a tener que fumigar. Si no fumigan, no los eliminará. Entonces hay que fumigar”, dijo Trump en marzo de 2020.
No es la primera vez que el presidente Petro se echa para atrás en medidas que, según él, eran “innegociables”. Al comienzo de este gobierno los bombardeos a estructuras ilegales estaban suspendidos, pero con la escalada de la violencia el jefe de Estado se vio obligado a dar la orden de que estos regresaran a las operaciones militares.
Las fumigaciones aéreas con glifosato completan una década suspendidas en el país, el mismo lapso en el que los narcocultivos pasaron de su registro más bajo -menos de 50 mil hectáreas- a la máxima área de coca en la historia: 250 mil hectáreas en 2023, y el registro podría marcar al alza para el 2024 según fuentes consultadas por este diario.
Primero una decisión de la Corte Constitucional y luego el Acuerdo de Paz con las Farc establecieron limitaciones para el uso de las aspersiones, que por más de 25 años fueron la punta de lanza contra la coca. Pero ni la Corte ni el Acuerdo cerraron definitivamente la puerta para el uso de esa herramienta. Por un lado, la sentencia original y una subsiguiente establecieron que sí puede haber fumigación aérea siempre que se garantice que no habrá afectación por fuera de los polígonos con coca y que la fórmula utilizada no representa riesgo para la vida animal y humana y para los cultivos legales.
El Plateado, Cauca, es uno de las zonas con más mata de coca en el país. Foto:Juan Pablo Rueda, enviado especial de EL TIEMPO
De la misma manera, lo pactado con las Farc señala expresamente que allí donde las condiciones de orden público no permitan la erradicación manual, que es lo que está pasando hace años con los llamados ‘bloqueos sociales’ y los secuestros de policías y soldados, se procedería a fumigar desde el aire.
Aunque el presidente Gustavo Petro aseguró que le iba a pedir a la Corte autorización para el regreso del glifosato, ya ese tribunal decidió en el 2019 cuáles son los requisitos que debería cumplir el Gobierno para volver a utilizar esa herramienta.
Gustavo Petro Foto:NESTOR G
En esencia, la Corte tumbó una condición que sí figuraba en su decisión de 2019 y que en la práctica impedía el uso del glifosato porque lo supeditaba a la existencia de una investigación científica que de forma “objetiva y concluyente demuestre ausencia de daño para la salud y el medioambiente”.
Esa investigación no existe en ninguna parte del mundo. Por eso, en 2019, la Corte aclaró que ese aparte “no equivale a demostrar , por una parte, que existe certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño”, sino a que se tomen todas las medidas posibles para tratar de minimizarlo al máximo.
La decisión del glifosato, por decisión de la misma Corte Constitucional, no depende de ese tribunal sino del Consejo Nacional de Estupefacientes, que preside el mismo gobierno.
MATEO GARCÍA
Subeditor de Política
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