El sector productivo nacional formaliza sus expectativas y prioridades ante la instalación del nuevo Gobierno en la Casa de Nariño.
Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) y actual presidenta del Consejo Gremial Nacional, expone el panorama que afronta el país, examina la profunda desaceleración de la inversión, las urgencias fiscales y traza las líneas de acción ante un desabastecimiento energético inminente.
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¿Cómo recuperar la inversión que ha caído de manera tan drástica como proporción del Producto Interno Bruto (PIB)?
Ningún empresario, planea o ejecuta inversiones pensando únicamente en lo que ocurrirá en los próximos meses. Los proyectos productivos se estructuran bajo horizontes de retorno a cinco, diez, veinte o incluso más años.
El desafío técnico de convencer a un inversionista de comprometer su capital en nuestro país, en lugar de destinarlo a otras economías, es de una magnitud monumental.
Las cifras oficiales y los análisis de Corficolombiana revelan que la inversión en Colombia equivale actualmente a solo el 17,5 por ciento del PIB, el nivel más preocupante y bajo registrado en las últimas dos décadas.
La reducción de la inversión es el principal freno para el crecimiento económico del país.
Resulta indispensable e impostergable reconstruir la confianza en el entorno institucional y económico.
Este proceso implica garantizar una estabilidad regulatoria absoluta, una seguridad jurídica incuestionable, una sostenibilidad fiscal de largo aliento y una relación constructiva y armónica entre el Estado y el sector productivo.
Asimismo, la coyuntura nos exige acelerar decididamente la ejecución de proyectos neurálgicos en infraestructura vial, desarrollo energético y logística, y simplificar de forma agresiva la carga de trámites burocráticos y enviar señales de claridad y apertura hacia la inversión nacional y extranjera.
Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen Foto:Acolgen
¿Qué cambios estructurales esperan que se presenten en las relaciones entre el Gobierno Nacional y el sector privado?
Esperamos con optimismo el inicio de una nueva etapa institucional que esté caracterizada por un diálogo técnico y permanente, por la construcción de confianza mutua y por la búsqueda decidida de consensos en las grandes reformas nacionales.
El desarrollo económico y social de una nación no constituye, bajo ninguna circunstancia, una tarea exclusiva del Gobierno de turno ni tampoco una responsabilidad aislada del sector privado.
El progreso real es el resultado directo de una alianza estratégica duradera y sincera entre ambos actores estatales y sociales.
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Consideramos prioritario y urgente avanzar con determinación hacia un modelo de relación bilateral donde prevalezca la construcción conjunta de soluciones normativas y de política pública. Esto debe estar basado en la evidencia técnica, el rigor de la experiencia empresarial y en una visión compartida de país que trascienda los periodos gubernamentales.
¿Cómo esperan que las instituciones del Estado entreguen una mayor seguridad jurídica para el desarrollo de las empresas?
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) ha planteado con total acierto que es urgente implementar un relevo estructural en el modelo de crecimiento actual del país.
Este nuevo enfoque debe orientarse decididamente hacia el fomento de la inversión, lo cual pasa necesariamente por fortalecer las condiciones de seguridad en los territorios, avanzar de forma acelerada hacia una regulación mucho más amigable, ágil y moderna para el sector productivo, y mantener un criterio riguroso de austeridad fiscal.
Recuperar la confianza de los agentes económicos exige, enviar señales inequívocas e internacionales de respeto absoluto por el Estado de Derecho, la protección efectiva de la propiedad privada y la estabilidad regulatoria sectorial.
En infraestructura, la articulación puede acelerar proyectos de movilidad sostenible. Foto:Candelaria/Secretaría de Infraestructura
¿Cómo ven el ajuste fiscal y el impacto que pueden tener los impuestos en los negocios?
A pesar de la necesidad de ordenamiento de las cuentas públicas, es vital reconocer que el crecimiento económico sostenido constituye la herramienta más potente y eficiente para lograr una verdadera consolidación fiscal. Una economía dinámica y en expansión es una economía que genera empleo formal, que incrementa los ingresos reales de los hogares y que, por consiguiente, expande de manera natural la base de recaudo tributario.
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A este complejo panorama se suma un entorno monetario caracterizado por tasas de interés de política sustancialmente elevadas. Debido a esta coyuntura, cualquier discusión de carácter tributario o cualquier propuesta de reforma impositiva debe evaluar de forma extremadamente rigurosa y cuidadosa sus efectos colaterales sobre los incentivos a la inversión, la competitividad de nuestros productos en el exterior y la capacidad de las empresas para expandir su operación logística y comercial.
De cara a esa reactivación, ¿qué sectores económicos considera usted que deben ser prioritarios?
Más que dedicarse a la compleja tarea de escoger sectores ganadores de manera arbitraria mediante subsidios o políticas dirigidas, el país debe concentrar todos sus esfuerzos institucionales y de política en sectores que posean una probada y alta capacidad para multiplicar el crecimiento, generar empleo formal masivo y elevar los índices de productividad total de los factores.
Sectores como la infraestructura vial y logística, el sector energético en toda su cadena de valor, la agroindustria, manufactura, el turismo, la tecnología y los servicios, representan motores con potencial.
De manera muy particular, el sector energético será un factor absolutamente determinante para la viabilidad de cualquier plan nacional de desarrollo. Las proyecciones oficiales elaboradas por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) señalan con claridad que la demanda de energía eléctrica en Colombia experimentará un crecimiento cercano al 25 por ciento hacia el año 2033, impulsada por los procesos globales y locales de transformación digital, la electrificación progresiva del transporte masivo y particular, y la modernización de los procesos industriales.
Sin un suministro de energía plenamente suficiente, altamente confiable en momentos de estrés climático y económicamente competitivo para las empresas, ningún proceso de industrialización sectorial, digitalización de servicios o desarrollo económico regional será viable.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Foto:iStock
¿Cuánto tiempo estiman que tardaría la reactivación efectiva de estos sectores productivos?
La confianza de los agentes económicos, al ser un activo intangible y de alta sensibilidad política, pueden llegar a recuperarse de una manera relativamente rápida si el nuevo gobierno emite señales de política y mensajes institucionales de absoluta claridad, sensatez y rigor técnico desde el primer día.
Sin embargo, la materialización concreta de esas nuevas intenciones de inversión, el inicio de las obras civiles de gran envergadura, la construcción física de proyectos de generación o transmisión y la consecuente creación de puestos de trabajo formales y estables son procesos estructurales que requieren más tiempo.
Estimamos que podríamos empezar a observar una mejora sustancial en los indicadores macroeconómicos de confianza y en la actividad comercial general durante los primeros doce meses de gestión. Para una recuperación mucho más sólida, profunda y estructural de las tasas de inversión y de los sectores que han enfrentado las mayores dificultades, podría consolidarse en un horizonte temporal de entre dos y tres años de trabajo ininterrumpido.
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En el marco de la coyuntura inmediata de empalme, ¿cuáles son los ‘incendios’ más críticos y de urgente atención que el nuevo gobierno debe apagar de manera prioritaria en relación con el sector productivo?
En primer lugar, el control y manejo del déficit fiscal, por las implicaciones que tiene sobre el financiamiento soberano.
Desde el Consejo Gremial y desde Acolgén quiero hacer un paréntesis de profunda preocupación por la situación del sector de la energía y el gas. Gobernar una nación con limitaciones o desabastecimiento de energía es una situación sustancialmente peor y más compleja que gobernar en medio de una emergencia sanitaria como la pandemia.
Ad portas de un nuevo e intenso Fenómeno del Niño, el país se halla ante un escenario donde se deben adoptar con urgencia máxima las medidas preventivas y operativas necesarias para afrontar este evento climático.
La gravedad de la situación radica en que actualmente registramos un déficit estructural en la disponibilidad de gas natural y un margen de energía en firme sumamente estrecho, lo que significa que el margen de maniobra operativa del sistema interconectado es críticamente corto. Considero indispensable un capítulo prioritario y de atención exclusiva para la gestión de la crisis de energía y gas. Es una problemática de cortísimo plazo.
Las proyecciones indican que durante los próximos cinco años Colombia continuará registrando un balance deficitario en materia de energía en firme, lo que obliga a complementar las acciones de choque con una estrategia de mediano plazo para asegurar el abastecimiento industrial y residencial.
El nuevo gobierno debe atender en paralelo el frente fiscal, la sostenibilidad del sistema de aseguramiento en salud, el equilibrio estructural pensional y, de manera general, la reactivación de todos los sectores económicos.
¿Cuáles son las sugerencias, recomendaciones y acciones concretas que proponen para esos incendios?
La primera medida, y quizás la más urgente de todas en términos de liquidez sectorial, consiste en proceder de manera inmediata al pago de los 2,3 billones de pesos que el Estado adeuda actualmente a las empresas de generación térmica. Esta transferencia de recursos es una condición absolutamente indispensable para la estabilidad del sistema. Si no se les cancelan estos saldos acumulados a las plantas térmicas, las empresas generadoras no contarán con el flujo de caja y la liquidez necesaria para adquirir los combustibles fósiles requeridos para su operación.
Este suministro de combustible es vital para cumplir con un doble propósito estratégico: en primer lugar, permitir que las térmicas generen activamente desde ya para empezar a ahorrar y conservar el agua almacenada en los embalses del país; y, en segundo lugar, garantizar que contemos con la máxima capacidad de generación térmica durante los meses más críticos del verano y el Fenómeno del Niño, entre diciembre, enero y febrero.
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En segundo lugar, proponemos de manera respetuosa pero urgente realizar una revisión temporal y extraordinaria de algunas de las restricciones de carácter ambiental y de caudales que actualmente pesan sobre la operación de los principales embalses del país. El objetivo técnico es permitir que estas infraestructuras hidráulicas tengan la autorización legal para elevar sus niveles de generación de energía firme de manera segura durante las fases más agudas de la contingencia climática.
En tercer lugar, consideramos indispensable diseñar e implementar desde el nivel central una agresiva y masiva campaña nacional orientada al ahorro voluntario y la eficiencia en el consumo de energía eléctrica y gas.
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