Colombia registró un avance significativo en la superación de las brechas de acceso y calidad del servicio de energía. De acuerdo con la última medición del Índice de Pobreza Energética Multidimensional (Ipem), la pobreza energética en el país se ubicó en el 20,6 por ciento, lo que representa una disminución de 1,7 puntos porcentuales en comparación con el registro anterior, cuando se situaba en el 22,3 por ciento.
Este descenso se traduce en que 227.532 hogares colombianos superaron esta condición. Tomando como referencia el tamaño promedio por hogar establecido por el Dane (2,82 personas), la población en situación de pobreza energética se redujo en 641.640 personas a nivel nacional, un indicador clave para el desarrollo social del país.
“Medir la pobreza energética nos permite hacer política pública con precisión. Hoy sabemos dónde están las mayores brechas y dónde debemos seguir concentrando la inversión pública. Nuestro propósito es claro: que ningún colombiano vea limitado su proyecto de vida por falta de acceso a servicios energéticos seguros, confiables y asequibles”, aseguró el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
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Foto:Ministerio de Minas y Energía
Uno de los principales hallazgos y cambios de paradigma de esta medición es que la pobreza energética dejó de evaluarse únicamente bajo la óptica del acceso a la electricidad.
El indicador actual entiende la energía como un habilitador de derechos fundamentales y, por ende, incorpora variables críticas como el acceso a internet, tecnologías de la información, equipamiento básico del hogar, condiciones de la vivienda y los tipos de combustibles utilizados para cocinar.
Radiografía regional: el Caribe lidera la reducción, pero persisten las brechas
A pesar de las mejoras generalizadas, la distribución de la pobreza energética en el territorio nacional sigue mostrando profundas asimetrías.
Geográficamente, los mayores niveles de pobreza energética se concentran en las regiones de la Amazonía-Orinoquía, la región Pacífica (excluyendo a sus principales centros urbanos como Cali, Buenaventura y Popayán) y algunas zonas del Caribe.
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En términos específicos, las regiones con mayor incidencia del indicador son:
- Amazonía-Orinoquía: Registra un 30,3 por ciento de incidencia, afectando a unos 157.577 hogares.
- Región Caribe: Se ubica en el 26,4 por ciento de incidencia, lo que equivale a cerca de 936.987 hogares.
- Región Central: Se consolidó como la zona con el mejor desempeño, reportando la menor incidencia del país con un 19,2 por ciento.
La Región Caribe, sin embargo, se convirtió en la gran protagonista de la última medición al registrar la disminución más representativa de todo el país.
Los departamentos que la integran mostraron una reducción agregada en el indicador de 24,26 puntos porcentuales en total, lo que significa que, en promedio, cada departamento del Caribe redujo su pobreza energética en 2,24 puntos porcentuales. Dentro de este bloque costero, Sucre y Magdalena reportaron los alivios más notables.
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Los focos críticos del indicador
A nivel departamental y municipal, el informe enciende alarmas en puntos muy específicos donde las privaciones siguen siendo críticas.
En la región Caribe, el departamento de La Guajira permanece con una tasa del 41,55 por ciento. Le siguen Sucre (29,47 por ciento), Córdoba (29,05 por ciento) y Magdalena (26,56 por ciento).
Los municipios más afectados en el norte del país están encabezados por Uribia (59,48 por ciento); seguido de Manaure (57,20 por ciento) y Dibulla (53,56 por ciento), todos ubicados en La Guajira.
Por los lados de la Amazonía-Orinoquía, los diez municipios con mayores niveles de pobreza energética concentran un total de 17.466 hogares con altas privaciones.
El caso más complejo lo vive Cumaribo, en el departamento del Vichada, donde la incidencia alcanza el 59,72 por ciento, seguido por los corregimientos departamentales de Cacahual (54,01 por ciento) y La Guadalupe (54,01 por ciento) en Guainía.
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¿Qué es lo que más frena el desarrollo energético?
El análisis multidimensional revela que las limitaciones van mucho más allá de las redes eléctricas físicas. Al evaluar el peso de las dimensiones analizadas sobre el índice nacional, se evidenció que las privaciones se distribuyen de la siguiente manera:
- Aprender y comunicarse (60,3 por ciento): Es la dimensión con mayor peso e impacto a nivel nacional, reflejando que la falta de conectividad y acceso a recursos de información digital mantiene rezagadas a millones de personas.
- Vivienda funcional (25,1 por ciento): Evalúa las condiciones estructurales de habitabilidad y el equipamiento interno necesario para un uso eficiente de los recursos energéticos.
- Acceso y calidad de la energía (14,6 por ciento): Mide la disponibilidad del servicio y la estabilidad del suministro.