Incertidumbre y preocupación. Son las palabras coincidentes en el vocabulario de cientos de empresarios, luego de conocer el texto de la reforma tributaria presentada por el Gobierno el lunes pasado ante el Congreso para su discusión.
Están seguros que de mantenerse el proyecto tal como se presentó, el impacto para el sector productivo nacional, en todos sus renglones, será muy negativo y eso golpeará, finalmente, el crecimiento del empleo, la formalidad laboral, la dinámica empresarial, la inversión y, en general, la recuperación económica en medio de las dificultades que se avecinan.
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“Estamos analizando la reforma de manera integral, corriendo modelos para ver en detalle cómo impactarían esos nuevos tributos planteados la viabilidad de los proyectos, de las inversiones y la competitividad en el sector de hidrocarburos”, dijo Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP).
No son los únicos que hacen cuentas por estos días para saber cuál será el impacto de esa reforma que pretende un recaudo de 25,9 billones de pesos en el 2023.
Y mientras en los cálculos iniciales de los empresarios se advierte que de ese monto a ellos les tocará poner entre 12 y 17 billones de pesos, en los del Gobierno la cifra no supera los 5 billones, según lo precisó José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda.
Representantes de los sectores de alimentos, energético, industria, grandes y pequeños manifiestan que ante el impacto esperado, es necesario hallar un escenario de diálogo en el que se puedan plantear unas mejores salidas a las necesidades de recursos que tiene el país.
Para Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos, su mayor preocupación es la cascada impositiva en “el impuesto para personas jurídicas, el impuesto a dividendos que puede alcanzar tasas del 39 por ciento, más si se quiere impuesto al patrimonio sobre la inversión y las limitaciones de algunas exenciones que puede hacer que virtualmente sea imposible remunerar el capital de las empresas y eso puede tener un efecto muy complejo en la confianza inversionista tanto local como externa”.
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También esa preocupación está por el lado de las empresas generadoras de energía. Mónica Contreras, presidenta de TGI, dice que el impuesto a las regalías, por ejemplo, desincentivará la llegada de inversión a ese sector, sobre todo para el desarrollo de nuevos energéticos. “No nos podemos convertir en un país donde invertir no genere apetito. Ahora, creo que sí hay posibilidad y manera de educar a través de los impuestos y es con los tributos a las emisiones, para fomentar la transición energética que requiere Colombia”.
Carlos Ignacio Gallego, presidente del Grupo Nutresa, considera que el acercamiento entre el Gobierno y el sector productivo del país debe ser el siguiente paso en esta búsqueda de esas salidas que eviten un daño mayor a la economía.
“Lo que hay que encontrar es cómo fiscalmente se puede acceder a recursos, pero sin que eso signifique acabar con la actividad empresarial. Debemos empezar a dar esa discusión”, señaló el directivo.
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