Ha pasado un año ya desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán el 15 de agosto de 2021, aprovechando la retirada precipitada de las fuerzas extranjeras dirigidas por Estados Unidos. Desde entonces, la violencia disminuyó, pero la crisis humanitaria se ha agravado rápidamente en el país.
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La pobreza, más aguda en el sur, alcanzó un nivel desesperado, acentuada por la sequía y el aumento de precios desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia. “Desde que el Emirato (talibán) está en el poder, no podemos ni siquiera encontrar aceite”, lamenta una mujer en un hospital en Lashkar Gah, la capital provincial de Helmand.
Aunque los problemas económicos empezaron mucho antes del regreso talibán, el cambio de poder colocó al país de 38 millones de habitantes al borde del precipicio.
Estados Unidos congeló los 9.500 millones de dólares de activos del banco central, el sector financiero se hundió y la ayuda extranjera, que representaba el 45 % del PIB del país, se interrumpió repentinamente.
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Talibanes patrullan las calles de Kabul.
Pero la situación más preocupante se evidencia en el retroceso de los derechos humanos, sobre todo los de las mujeres que han quedado prácticamente borradas de la vida pública.
“No tenemos servicios públicos esenciales, la gente y sobre todo las mujeres han perdido sus empleos, las niñas han sido expulsadas de la educación y el apoyo del Gobierno de las ONG ha parado o se ha visto reducido”, afirma la activista Zulia Parsi, del Movimiento Espontáneo de Mujeres Activistas.
Y es que además de la imposición del burka u otras vestimentas similares que cubran por completo el rostro o el veto a las mujeres a que viajen sin acompañante masculino en trayectos largos, desde su regreso, los fundamentalistas han privado a las afganas de derechos sociales y del acceso al trabajo, impedido a las jóvenes acceder a la educación secundaria, y acallado protestas, entre las quejas de una comunidad internacional que por el momento no reconoce al Gobierno.
En un informe publicado a finales de julio, Amnistía Internacional denunció que los fundamentalistas han “diezmado el sistema de protección y apoyo para aquellas que huían de la violencia doméstica, detenido a mujeres por pequeñas infracciones de normas discriminatorias y contribuido a un aumento en el número de matrimonios infantiles y forzosos”.
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Talibanes el pasado 16 de agosto de 2021, tras su regreso al poder.
Los ataques a la prensa y el cierre de decenas de medios de comunicación también han marcado el primer año. Según un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Afganistán ha perdido el 39,95 % de sus medios de comunicación y el 59,86 % de sus periodistas.
“De los 11.857 periodistas contabilizados antes del 15 de agosto de 2021, ahora solo hay 4.759. Las mujeres son las más afectadas: el 76,19 % han perdido su trabajo”, indicó RSF.
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La gente y sobre todo las mujeres han perdido sus empleos, las niñas han sido expulsadas de la educación
Justamente este domingo, la Unión Europea lamentó que los talibanes hayan “roto sus promesas hacia el pueblo afgano y la comunidad internacional” y violado de manera sistemática los derechos.
Sin embargo, ante las críticas de la comunidad internacional, el Gobierno interino de los talibanes se ha esforzado en repetir que las preocupaciones son “infundadas” y que las restricciones impuestas están “en consonancia con las prácticas religiosas y culturales de la sociedad” de mayoría musulmana.
*Con información de AFP y EFE
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