La Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) le envió una carta al ministro de Minas y Energía, Omar Camacho, para expresarle su preocupación por la situación de liquidez que atraviesan las empresas comercializadoras del país.
“Continúa empeorando debido a las demoras y la falta de medidas para mitigar el efecto de los saldos acumulados por la aplicación de la opción tarifaria, así como de otras deudas de entidades estatales que se estiman en 2 billones de pesos y que agravan la exigencia en el flujo de caja y en la liquidez”, asegura la misiva firmada por su director, José Camilo Manzur.
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Según el gremio, el grave problema de liquidez que tienen actualmente las empresas sumado a las condiciones actuales del mercado de energía eléctrica, la alta probabilidad de ocurrencia del Fenómeno del Niño y la tendencia de los precios de la bolsa de energía, entre otros factores, no solo llevarían a una insolvencia empresarial sino que podría desembocar en un apagón.
“Todo ello pone en grave riesgo al sector y a la operación misma de todos los agentes, lo cual incluye las inversiones requeridas para mantener un servicio confiable y de calidad”, asegura.

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¿Dónde está el hueco?
El gremio afirma que la compleja situación de liquidez se concentra principalmente en los saldos no recuperados derivados de la aplicación de la opción tarifaria, que llegan a 4,9 billones de pesos.
En adición, se presentan otras deudas que agravan la exigencia en el flujo de caja y en la liquidez de las comercializadoras agremiadas, tales como:
i) Deudas por cobrar derivadas de la aplicación de los mecanismos de alivio otorgados a los usuarios por la pandemia en el marco de la Resolución Creg 058 de 2020 (236.000 millones de pesos);
ii) Deuda de usuarios constitucionalmente protegidos, clientes oficiales y alumbrado Público (911.000 millones de pesos);
iii) Deuda por concepto de subsidios del FSSRI (1,19 billones d pesos).
“Con relación a los subsidios, la situación es muy crítica, toda vez que, en el 2023, a pesar de la adición de la Ley 2299 de 2023, aún existen recursos sin apropiar cercanos a 1,2 billones de pesos”, asegura Asocodis.
Según el gremio, la suma de todos estos saldos es cercana a 7,2 billones de pesos que equivale a algo más de 2,4 años del ingreso regulado de comercialización de todas las empresas de Asocodis, lo cual hace inviable la actividad de comercialización en el país.
“Teniendo en cuenta el comportamiento reciente de los precios de bolsa, y lo que se espera para los próximos meses debido al fenómeno de El Niño, la situación de liquidez de algunos comercializadores se complicará aún más, toda vez que, al incrementarse el valor de las compras de energía en bolsa, dichos incrementos se trasladan al Costo Unitario real, pero con la aplicación de la Opción Tarifaria, si bien los usuarios estarían protegidos, se incrementan los saldos pendientes por cobrar”, alerta el gremio.

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¿Qué pasará en diciembre?
Además, dice que en caso de que la opción tarifaria y las condiciones actuales continúen hasta diciembre del 2023 los saldos por recuperar de la opción tarifaria pasarían de 4,9 billones de pesos a cerca de 7,8 billones de pesos. Adicional a ello, sería necesario incluir las sumas de subsidios y las otras deudas.
“Si no se toman decisiones urgentes para solucionar los problemas de liquidez, a diciembre del 2023 los saldos por recuperar podrían ser cercanos a 10,5 billones de pesos, lo que equivale a 3,5 años de ingreso anual de los comercializadores”, alerta el gremio.
De llegar a esta situación, el gremio dice que cesarían los pagos a los demás eslabones de la cadena, incluso a los generadores térmicos que también necesitan de un flujo de caja constante para la compra de combustibles y ante un escenario de escasez hídrica el país se enfrentaría a un apagón no por temas energéticos sino por temas financieros.
Recomendaciones de Asocodis
Por todo ello, Asocodis le solicita tanto al Ministerio de Minas y Energía como a la Creg que estudien y adopten de manera urgente una serie de medidas para contribuir a proteger al mercado, a los usuarios y a las empresas.
Entre ellas, dicen que es de vital importancia que se definan y aprueben de manera urgente las condiciones de la línea de crédito de Findeter, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2299 de 2023, y que se puedan obtener los desembolsos a la mayor brevedad, para que dichos créditos puedan aportar de manera rápida a aliviar la situación de liquidez de las empresas.
Asimismo, el gremio solicita de manera urgente considerar una mayor flexibilidad en la aplicación de la opción tarifaria que permita la recuperación de los saldos acumulados en un tiempo razonable.
Recomienda que sea voluntaria y opcional por cada comercializador y, en ese contexto, los porcentajes de variación (PV) puedan ser definidos por cada agente, por nivel de tensión, por sector o por estratos, según las condiciones y dinámica de su mercado, los compromisos regulatorios dentro de los que se encuentran los planes de inversión y la razonabilidad con la que requiera realizar la recuperación de los saldos.
“Por supuesto, dando prioridad en su aplicación a los usuarios más vulnerables (estratos 1 y 2) minimizando sus impactos”, dice.
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