Casi ochenta días después de decretarse oficialmente, y siempre ensombrecido por decenas de violaciones de los ilegales a unas reglas de juego que nunca fueron lo suficientemente claras, el cese bilateral de fuegos entre el gobierno de Gustavo Petro y el ‘clan del Golfo’ entró en crisis.
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Este domingo, después de la quema de al menos 6 vehículos que viajaban por la Troncal de Occidente entre Yarumal y Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño y de un ataque con fusil contra la Fuerza Disponible en la misma zona, el Jefe de Estado declaró el fin de la tregua.
Por eso le ordenó a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones contra esa banda criminal, que es la más grande del país con cerca de 3.500 delincuentes en armas y que es la responsable de la crisis social y de gobernabilidad generada en el norte de Antioquia desde hace varias semanas por el llamado paro minero.
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La ruptura de los contactos con la banda —a la que el Gobierno reconocía hasta hace una semana como ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en lo que los analistas explicaban como una intención de darle legitimidad a una negociación con narcos purasangre— representa la primera gran crisis para la política de ‘paz total’ de Gustavo Petro.
Una crisis que no necesariamente marcará una ruptura definitiva con la organización ilegal que hoy tiene como cabezas a los capos Chiquito Malo y Gonzalito, pero que le muestra al gobierno y a su comisionado de Paz, Danilo Rueda, que las voces que advertían sobre graves fallas en el diseño de la estrategia de su política no estaban equivocadas.
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El inesperado cese de fuegos que empezó a operar el 1 de enero con las disidencias de las Farc, el clan del Golfo y los Pachenca (la banda de narcos de la Sierra Nevada a la que oficialmente se le está denominando ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra’), tuvo varios pecados originales.
Nuevos disturbios en Caucasia, Bajo Cauca antioqueño
Cortesía Eliana Hernández
Por un lado, faltó la claridad que los expertos en temas de paz consideran condición infaltable antes de dar un paso como este: su vigencia fue inmediata, sin que se hubieran construido y además socializado los protocolos de lo que las partes entendían como ‘cese bilateral’.
De hecho, el 7 de febrero -48 días después de estar operando la figura- el propio presidente Petro reconoció que el concepto de ‘cese de fuegos’ no era el mejor para lo que se esperaba que pasara desde el 1 de enero: que los grupos que piden pista en la paz total dejaran de matar y de delinquir.
“¿Por qué digo que el cese al fuego es un mal término? Porque el cese al fuego es un término que surge de la guerra entre ejércitos, sean estatales o irregulares, como lo podrían hacer los rusos y los ucranianos”, dijo el Presidente. Y agregó: “Cuando estamos ante organizaciones cuyo interés no es la destrucción de otro ejército, sino que su interés es sacar la mayor cantidad de cocaína, ¿cómo se aplica un cese al fuego a eso, a una actividad narcotraficante?”.
Por eso, planteó que lo que era mejor hablar de cese de hostilidades, sobre todo para evitar que la población civil siguiera siendo afectada por la actividad de los criminales. Pero esto no ocurrió: mientras la Fuerza Pública –según denuncias de la Fiscalía y la Procuraduría– entraba en una operación restringida, disidencias y bandas siguieron en el narcotráfico, atacando a policías y soldados y victimizando a la población civil.
El paro minero en Antioquia –que por dos semanas mantuvo confinadas a más de 250 mil personas por cuenta de los bloqueos de las principales vías de la región realizadas por mineros y comunidades que, según se ha demostrado, estuvieron presionados por el ‘clan del Golfo’– fue la mejor demostración de cómo los ilegales aprovecharon la buena fe del Gobierno.
Pero no fue la única: en febrero el mismo clan y las disidencias de las Farc ya habían bloqueado por más de una semana los municipios de Nariño y Argelia. De nuevo, el motor de las protestas fueron las operaciones contra la minería del oro, un millonario negocio que es la segunda principal entrada de los actores ilegales en Colombia, después del narcotráfico.
Un segundo pecado es la ausencia de verificación: el Gobierno anunció que ese papel lo cumplirían Naciones Unidas y que habría apoyo de la iglesia católica y las comunidades. Los protocolos de verificación siguen, casi tres meses después, en construcción y la misión de Naciones Unidas en Colombia ni siquiera tiene el mandato oficial para cumplir en terreno la función que le está pidiendo el Gobierno.
Sin reglas de juego claramente establecidas y acordadas sobre lo que no pueden hacer los ilegales, y sin un un mandato claro para los verificadores sobre el cumplimiento de esas reglas de juego, pasó lo inevitable: mientras el Gobierno se ajustaba a sus anuncios de cese de fuegos (que no incluyó suspender acciones contra el narcotráfico, aunque los resultados del arranque del año en esa lucha ya encendieron alertas en Estados Unidos), los ilegales siguieron en el narcotráfico, la extorsión y el aprovechamiento de todas sus rentas ilegales.
Un cuadro parecido al que se vivió en su momento en el Caguán, donde las Farc aprovecharon estratégicamente todas las ventajas del despeje acordado con el gobierno del presidente Pastrana, durante la fallida negociación de finales de los 90 y comienzos del siglo.
¿Significa la suspensión del cese de fuegos con el ‘clan’ que definitivamente no habrá en el futuro nuevos acercamientos? No. Tras la dosis de realidad recibida en estos meses, el Gobierno tiene la oportunidad de replantear varios temas en su estrategia.
Por un lado, reactivar las operaciones contra el ‘clan del Golfo’ le permitirá recobrar terreno perdido en estos casi tres meses en materia de seguridad y tratar de buscar una posición de fuerza que, para una futura negociación, sería fundamental. Lo que muestran todos los antecedentes (de hecho, el proceso que llevó a a firma de la paz con las Farc, después de los duros golpes recibidos en el segundo gobierno de Álvaro Uribe y el primero de Juan Manuel Santos, es ejemplo de ello) es que los grupos ilegales que no sienten la presión previa de la fuerza del Estado, o no aceptan una negociación o lo hacen para aprovecharla estratégicamente.
Lograr la paz con grupos que intrínsicamente sienten que la guerra y el crimen sigue siendo su mejor opción no da resultados. Y eso aplica para el ´clan’, el Eln y las disidencias.
La crisis también le muestra al Gobierno algo que ya venían advirtiendo senadores cercanos al Presidente Petro como Roy Barreras e Iván Cepeda: que el comisionado Danilo Rueda puede tener las mejores intenciones, pero sus esfuerzos no le alcanzan para sacar adelante todas las negociaciones y acercamientos con los diversos grupos que piden pista en la ‘paz total’.
Barreras pide que Rueda se concentre en el Eln y que no haya negociación alguna con las bandas de narcos, que, considera, deben aceptar lo que apruebe el Congreso en materia de sometimiento a la justicia. Y Cepeda dijo en entrevista con EL TIEMPO este domingo que el Comisionado de Paz debe soltar funciones.
Estas fueron sus palabras: “Creo que estamos desbordados todos. Las exigencias que hay en los territorios, los problemas del narcotráfico. El narcotráfico ha mutado en estos años, se ha ido convirtiendo en otra cosa. Ya no es el viejo narcotráfico que conocimos, hoy es un problema transnacional que tiene otras connotaciones en los territorios y todo eso exige, por supuesto, una atención no solo de una persona. Por muy competente y sacrificada en su trabajo, requiere equipos y creo que eso es lo que de alguna manera hay que organizar en este momento”.
El manejo que el Gobierno le da a la crisis con el ‘clan del Golfo’ está en la mira de los otros grupos que piden pista en la paz total. Los ajustes que pueda realizar a su estrategia serán claves para aterrizar, después de todas las dificultades de orden público de estos meses, su estrategia para ponerle fin a la violencia y el narcotráfico.
REDACCIÓN ELTIEMPO.COM
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