En la cárcel de Cómbita (Boyacá) asesinaron en marzo de 2020 -cuando apenas iniciaba la pandemia del Covid-19 en Colombia- a uno de los cabecillas de la banda los ‘Pachelly’ de Bello.
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El hecho se dio en medio de la confrontación que sostuvo la estructura criminal con ‘Los Mesa’, otra banda de ese municipio del norte del Valle de Aburrá, entre 2019 e inicios de 2021.
“Podemos decir que desde ese momento los ‘Pachelly’ tienen pactos de no agresión con los diferentes combos en Bello”, aseguró Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación.
Ese es el panorama actual de la poderosa banda que respondió esta semana el llamado particular que les hizo el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, de que manifestaran su interés de participar en el proceso de sometimiento a la justicia que adelanta el nuevo gobierno.
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“Recibimos con esperanza su llamado público el día de ayer (27 de agosto) en su visita a nuestra región, invitándonos a manifestar nuestra voluntad de diálogo para sumarnos a consolidar la Paz Total”, escribió la organización en un comunicado.
El grupo armado urbano Los Pachelly anuncia su voluntad de sumarse a la Política de Paz Total del gobierno del cambio por la vida: pic.twitter.com/WDKblrtbFk
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) August 29, 2022
No es la primera vez’
La organización delegó al Grupo Sinergia para que los represente en el proceso y también amplió el llamado a otras estructuras.
“Entendemos que su llamado especifico a nuestra organización se hace extensivo a todos los Grupos Armados Urbanos con presencia en el municipio de Bello y en toda el área metropolitana de Medellín”, se lee en la carta.
EL TIEMPO investigó con expertos y analistas sobre la situación actual de las bandas criminales en Medellín y el Valle de Aburrá, y los retos que supone un eventual sometimiento para la ciudad.
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El investigador Zapata recordó que no es la primera vez que los ‘Pachelly’ hacen parte de un escenario de cesación en el conflicto.
“En el 98, incluso en la carta lo recuerdan, participaron en un proceso que se denominó la Mesa de Convivencia y Paz de Bello. Ahí participaron las diferentes estructuras de ese municipio que hoy existen”, indicó.
Por 10 años Bello bajó las cifras de criminalidad y hubo una relativa convivencia entre grupos armados, según el investigador. Sin embargo, “siguieron con acciones de control territorial, accediendo a extorsiones e intimidando a la población civil”, explicó Zapata.
Puesto de Mando Unificado por la Vida en Ituango, Antioquia, se instaló el pasado fin de semana.
“El crimen urbano es una realidad en los 10 municipios, están en el 80 por ciento del territorio”, dijo Fernando Quijano.
Precisamente, esa es una de las dudas que él y otros analistas consultados expresaron sobre los anuncios de los últimos días.
“Hay que mirar que estas estructuras tengan voluntad de cesar completamente cualquier control territorial y cualquier actividad armada ilegal. Esa es la duda que queda en la ciudadanía. Que se comprometan y lo hagan”, expresó el investigador.
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En este punto concuerda el profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Max Yuri Gil, quien señaló que un eventual desarme debe integrar todos los eslabones de las estructuras.
“Si esto se entiende simplemente como una desmovilización en la que van a entregar muchachos pobres y consumidores y los viejos capos van a seguir en la ilegalidad, no va a funcionar”, apuntó el catedrático.
¿Cuántas bandas hay?
En la actualidad, los ‘Pachelly’ tienen presencia en Copacabana, Girardota y Barbosa. Además, expanden sus rentas ilegales a las subregiones del Nordeste y Oriente.
Pero no son los únicos. En Bello se le suman otras 11 estructuras, que según el presidente de la ONG Corpades, Fernando Quijano, también delinquen en ese municipio.
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Sin embargo, las organizaciones armadas se expanden en todo el Valle de Aburrá. “El crimen urbano es una realidad en los 10 municipios, están en el 80 por ciento del territorio”, dijo Quijano.
El jueves pasado, el alcalde Daniel Quintero aseguró que 10 grupos delincuenciales tienen injerencia en Medellín.
Pero un estudio de la Universidad Eafit, la Universidad de Chicago y el Innovations for Poverty Action reveló que en 2020 que en la ciudad hay 350 ‘combos’ que estarían subordinados a 15 o 20 estructuras criminales.
“Las bandas suelen estar conformadas por adultos con largas trayectorias dentro del crimen organizado y sus actividades no siempre están circunscritas a territorios específicos (de hecho, algunas se extienden hasta otras zonas del país)”, evidenció el informe.
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Para los investigadores del estudio, la mayoría de ‘combos’ están subordinados a alguna estructura más grande, que tienen un mayor nivel de autonomía.
Quijano señaló que las principales bandas que operan en Medellín son las dos líneas militares de la ‘La Oficina’; algunas bandas independientes, como ‘Los Triana’; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y la ‘Nueva Oficina de Occidente’.
Lo que viene para la región
Sin embargo, para el presidente de Corpades es ‘La Oficina’ la que domina la gran mayoría de organizaciones, tal como lo describe la investigación académica.
Tanto Gil como Quijano concordaron en que cualquier proceso de sometimiento dependerá de esa estructura que, a finales de julio, también envió una misiva al Gobierno Nacional manifestando su intención de participar en un proceso de sometimiento a la justicia.
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En todo caso, para los expertos, el proceso debe involucrar a la gran mayoría de bandas de la ciudad para evitar que sus miembros terminen en otras organizaciones.
Además, “es importante el tema de la verdad, de justicia alternativa, que entreguen los bienes y la plata para la reparación de las víctimas”, apuntó Gil.
Y concluyó: “yo creo que la institucionalidad pública tiene la capacidad de asumir la seguridad y el control del territorio. Estamos hablando de una ciudad con mucha experiencia en esto. Es un asunto más de voluntad política, de desmontar la estructura criminal y que la Alcaldía tome la decisión, junto con la Policía Metropolitana, de hacer una presencia integral del Estado en el territorio”.
SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR
REDACTOR EL TIEMPO MEDELLÍN
EN TWITTER: @sebascarvajal28