Según un estudio del 2021 de Fedesarrollo, las plataformas digitales han cobrado una creciente importancia en la economía colombiana. Y en un escenario conservador, se estima que su actividad representa cerca del 0,2 por ciento del PIB.
La investigación arrojó que entre las plataformas digitales de mensajería, domicilios y movilidad generan oportunidades de ingresos para cerca de 150.000 personas, lo que constituye el 0,7 por ciento de la población ocupada del país.
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Además, según la percepción de los encuestados, si estas plataformas no operaran en Colombia, el 44 por ciento estaría desocupado, el 32 por ciento tendría otro trabajo independiente, y el 14 por ciento tendría empleo formal.
Ese escenario, sumado a la digitalización, los ingresos extras y la facilidad que han presentado para el bienestar de los colombianos, contrasta con un limbo al que las empresas del sector se han enfrentado por falta de reglas claras.
José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, gremio que reúne a las aplicaciones, ha sido claro en que al país le falta una legislación sobre las realidades de mercado del siglo XXI.
En ninguna democracia seria los gobiernos pueden bloquear contenidos de internet, ya que el principio de neutralidad expresa la libertad en este canal
Incluso, con los cambios que se estiman para la reforma laboral, se busca darle un marco normativo que explique por qué los temas digitales son el futuro y el presente en el país y el mundo.
En Colombia se presta todo tipo de servicios a través de aplicaciones, desde domiciliarios hasta de transporte, motivo por el cual el Gobierno quiere tener control sobre estas y las condiciones laborales que ofrecen para las personas.
La discusión recientemente llamó la atención sobre el bloquear las plataformas de internet, lo cual atenta claramente contra el principio de neutralidad de la red, que se entiende como la libertad que tienen los proveedores y los usuarios de usar las tecnologías para prestar servicios o acceder a ellos sin restricción distinta de las posibles interferencias perjudiciales y el uso eficiente de los recursos.
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“En ninguna democracia seria los gobiernos pueden bloquear contenidos de internet, ya que el principio de neutralidad expresa la libertad en este canal”, explicó López.
De acuerdo con el director, en 2022 las apps se consolidaron en los hábitos de consumo de los colombianos y como fuente de ingresos, “pero se sigue haciendo evidente la contradicción que existe en la velocidad con la que han avanzado los cambios tecnológicos en el país, el consumo digital, los recambios que se han dado y los retrasos que se mantienen en materia regulatoria. Esto es superable, esa es la gran deuda; estamos ante un nuevo Gobierno y Congreso, la idea es que se den los ajustes y los pasos que se requieren para cambiar y modificar de fondo las incertidumbres”.
A su turno, para la directora ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), María Fernanda Quiñones, ir en contravía de las nuevas realidades económicas puede afectar hasta el acceso a los servicios básicos como el internet.
“Estos son nuevos modelos de negocios que deben ser regulados a partir de nuevos paradigmas. Y es que un país que permita posibilidades de bloqueo de internet se mete en zonas muy peligrosas”, apunta Quiñones.
¿Qué debe hacerse?
Asimismo, la directora de la CCCE sugiere que una ruta de regulación que permita armonizar esas grandes conquistas con estos nuevos planteamientos del modelo de negocio.
“Debe existir una premisa de discusión y se debe aceptar que las plataformas existen y que dan una contribución importante al país”, indicó.
El excongresista Mauricio Toro explicó que se ha intentado, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones de transporte, resolver de una vez por todas proyectos que se han aplazado más de tres veces.
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“La reglamentación tiene que quedar en el marco de los proyectos y de las ideas que ya se han llevado al Congreso, incluso en el pasado o como el mío, que toma cuatro puntos importantes: uno de equilibrar la cancha entre taxistas y conductores; una vigilancia especial para evitar abusos de las partes; que se defienda la libertad de los ciudadanos; mismas licencias, mismas pólizas y seguros; los impuestos sobre las ventas, como cualquier empresa; también, la tarifa dinámica para las dos partes y que existan los beneficios. Esto debe ocurrir porque es una historia de más de 12 años que aún sigue sin resolverse y que ya otros países, incluso de la región, han resuelto y nos llaman a tomar conciencia y evitar que siga así”, apuntó.
La ministra de las TIC, Sandra Urrutia, manifestó que el país debe generar, desde lo técnico, la concertación y el diálogo, un marco jurídico que armonice las nuevas necesidades de la transformación digital.
“La tecnología es generadora de productividad, nuevas fuentes de riqueza y calidad de vida; de ahí la importancia de generar seguridad jurídica de tal manera que estos servicios tengan un marco legal que les permita crecer y desarrollarse en beneficio del ciudadano y del ecosistema”, explicó Urrutia.
LAURA LESMES DÍAZ
laules@eltiempo.com
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