Las autoridades de Brasil liberaron este martes a 599 personas que fueron arrestadas por su supuesta participación en los actos antidemocráticos que buscaron derrocar el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva el domingo.
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No obstante, su liberación “no necesariamente” significa que quedarán absueltos de cargos y algunos de ellos pueden ser llamados posteriormente para ser procesados, según dijo un portavoz de la Policía Federal.
Su liberación no necesariamente significa que quedarán absueltos de cargos y algunos pueden ser llamados
Estos detenidos, liberados “por razones humanitarias”, son en general ancianos, personas con problemas de salud, personas en situación de calle y madres con hijos, según informó la Policía Federal en un comunicado.
La Policía confirmó que, de momento, 527 personas están formalmente arrestadas por los ataques perpetrados contra las sedes del Congreso, la Corte Suprema y el Palacio presidencial de Planalto.
Los cuerpos de seguridad todavía están interrogando y analizando la situación de otro grupo de personas detenidas, cuyo número no fue precisado.
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En el comunicado, la Policía Federal confirmó este martes que fueron detenidas “más de 1.500 personas” supuestamente implicadas en los ataques a las sedes de los tres poderes. Cerca de 300 de ellos fueron detenidos el domingo durante los disturbios, y el resto el día después en un campamento de bolsonaristas instalado frente al Cuartel General del Ejército.
La policía antidisturbios logró controlar la situación pasadas las 7 de la noche.
Todos los procesos son monitoreados ininterrumpidamente
El Gobierno respondió así a las denuncias de que los derechos de algunos detenidos fueron violados luego de que algunos de los brasileños arrestados aprovecharon sus teléfonos celulares para acceder a las redes sociales y denunciar supuestas violaciones a sus derechos.
Entre las denuncias se incluyen maltratos y condiciones inhumanas de detención.
Tras las críticas, el gobierno del presidente Lula da Silva, anunció que monitoreaba la situación de los detenidos.
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Según la Policía, “todos los procesos son monitoreados, ininterrumpidamente” por diversas entidades como el Colegio de Abogados de Brasil, el Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Salud del Distrito Federal y la Defensoría Pública.
“Todos están recibiendo alimentación regular (desayuno, almuerzo, merienda y cena), hidratación y atención médica cuando es necesario”, señaló el comunicado.
En el marco de las investigaciones, un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó este martes enviar a prisión a Anderson Torres, exministro de Justicia en el gobierno Bolsonaro, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia cuando miles de simpatizantes radicales de Bolsonaro invadieron y destrozaron las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema.
REDACCIÓN INTERNACIONAL*
Con información de AFP y EFE
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