Una comisión accidental para verificar posibles violaciones de los derechos humanos a las personas detenidas con ocasión de las protestas se conformó en el Congreso.
El representante a la Cámara por el Pacto Histórico Heráclito Landínez, uno de sus líderes, le explicó a EL TIEMPO que también se busca revisar los casos judiciales de cada uno de estos capturados.
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¿Qué busca revisar esta comisión en los casos judiciales de los detenidos?
Estamos documentando cada uno de los casos. Ya pedimos información a la Fiscalía General y queremos corroborar, de entrada, cada uno de los casos. Luego de tener identificado cada uno, ir a los lugares en donde estén.
¿Qué se haría en esas visitas?
Verificar las condiciones de detención de estos muchachos y, a partir de ahí, saber el estado de ellos. Esto sería en Bogotá, Cali, Neiva, Acacías y Bucaramanga. Posteriormente, elaborar un informe para el que hemos pedido el acompañamiento de Naciones Unidas, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo. Y, dependiendo de las situaciones que hallemos, solicitaremos la intervención del Ministerio Público.
¿Se sabe cuántas personas están detenidas con ocasión de la protesta y los delitos por los que están siendo investigadas?
Tenemos información general de la Fiscalía a partir del año 2021. No tenemos información del 2018 al 2020, la cual vamos a solicitar por intermedio de ONG, organizaciones de derechos humanos y del trabajo que hagan los parlamentarios. Con ese censo vamos a saber los casos y delitos específicos por los que están siendo procesados los jóvenes.
Los vidrios y las puertas son las que más atacan los vándalos a la hora de las protestas en las que involucran a TransMilenio.
Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO
¿Tienen información de violaciones de los derechos humanos a estas personas en las cárceles?
Tenemos alguna información muy general que nos han hecho llegar diversas ONG, pero queremos cotejar con los datos que vamos a recoger para saber en cada caso particular qué encontramos y desde el Congreso hacer las denuncias respectivas.
¿Qué responde a las voces que dicen que estas personas cometieron delitos en las protestas y que deben pagar por ellos?
Creo que tenemos que analizar cada caso, porque no sabemos quiénes están procesados y cuáles son los delitos que se les imputan. Lo que es claro para nosotros en el Pacto Histórico es que los jóvenes salieron a marchar por unas causas justas y muchos de ellos, debido a las imputaciones de delitos, quedarían inhabilitados de por vida para participar y ser elegidos. Algunos tenían liderazgos importantes en sus comunidades y no podrían ser elegidos en el futuro.
¿Qué lectura tiene de la petición del presidente Petro para que los liberen y de la negativa del Fiscal?
Creo que el Presidente siempre ha hablado de defender a los jóvenes que han sido encarcelados de manera injusta. Es una petición legítima. En otros países existe una discrecionalidad del presidente para otorgar libertades por algunos delitos. En Colombia no, y en el Congreso deberíamos dar la discusión para que este tipo de pequeños delitos tengan otra forma de ser sancionados. Los jóvenes que están en las cárceles no son delincuentes.
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