El frente fiscal, el alto endeudamiento y los crecientes costos de los intereses que está pagando el Gobierno son los principales focos de vulnerabilidad macroeconómica que tiene el país en estos momentos y que heredará el próximo vencedor de las elecciones presidenciales. Por ello, los diferentes analistas y centros de pensamiento siguen pidiendo que se tomen acciones urgentes para ajustar las finanzas, estabilizar la deuda y retornar a los compromisos de la Regla Fiscal.
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Deuda de Colombia. Foto:iStock
Esta semana, las alertas se volvieron a encender por cuenta del ‘tarjetazo’ que hizo el Ministerio de Hacienda a través de una megaoperación sin precedentes en la que colocó $ 6 billones en el mercado local en una subasta de bonos de deuda pública (TES) a una tasa catalogada como ‘muy elevada’ de casi 15 por ciento, la cual terminarán pagando todos los colombianos hacia adelante, vía mayores intereses.
Analistas del mercado explicaron que la tasa a la que se tuvo que endeudar el Gobierno obedece al mayor riesgo que están percibiendo los inversionistas extranjeros para poder prestarle al país. Hoy, Colombia está pagando uno de los intereses más costosos entre los emergentes. Además, se percibe más riesgoso que otros pares de la región, como Chile, Perú o incluso Brasil, el cual había estado a la cola en los últimos años.
“Colombia debe pagar tasas de interés más altas para financiarse, lo que refleja un deterioro en la confianza de los inversionistas sobre la estabilidad macroeconómica. Si esta tendencia se mantiene, enfrentará un escenario de menor crecimiento potencial y mayores presiones sobre sus finanzas públicas”, manifestó Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
A ello se suma que, en este entorno de mayor incertidumbre fiscal, se está invirtiendo cada vez menos, pues la formación bruta de capital fijo –la cual mide la inversión en bienes duraderos como infraestructura, maquinaria y equipo– cayó del 23,4 por ciento del producto interno bruto (PIB) del 2015 al 15,2 por ciento del 2025, es decir, 8,2 puntos.
“El mercado está exigiendo una prima más alta para prestarle al Gobierno, lo que incrementa el costo del servicio de la deuda y reduce el espacio fiscal hacia adelante. Esto es especialmente preocupante en un contexto de déficit fiscal elevado, aumento de la deuda pública y alta dependencia del financiamiento interno”, indicó Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo y CEO de la consultora Lumen Economic Intelligence.
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Hay que recordar que el saldo total de la deuda pública (interna más externa) se ubicaba en $ 805 billones en agosto del 2022, fecha en la que se posesionó el presidente Gustavo Petro, y en diciembre del 2025 ya había subido a 1.192 billones. A corte del 31 de marzo de este año se encuentra en $ 1.215 billones.
Ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto:Banco de la República
Ante las críticas recibidas, tanto el ministro de Hacienda, Germán Ávila, como el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, afirmaron que la tasa de endeudamiento del país se debe a factores como la expectativa de los tipos del Banco de la República, los cuales están en un nivel de 11,25 por ciento. En la reunión de la junta directiva del Emisor de enero, la subida fue de 100 puntos, y en la de marzo –en la cual se generó el choque entre el Gobierno y el Banco– la mayoría de los codirectores tomaron la decisión de elevarlas otros 100 puntos para contener las cada vez mayores expectativas de inflación.
Sin embargo, los analistas insisten en que las tasas de los bonos TES incorporan expectativas de inflación, así como el riesgo fiscal creciente percibido, la credibilidad de la política económica o las condiciones de financiamiento futuras, entre otros.
“Hoy el mercado está percibiendo mayores riesgos fiscales y una mayor incertidumbre sobre la trayectoria de las finanzas públicas, lo que presiona al alza las tasas de largo plazo, independientemente de la decisión reciente del Banco de la República”, añadió Mejía.
Adicionalmente, Cuéllar confesó que se equivocó en su pronóstico, pues él veía poco probable que las tasas de los TES alcanzaran los niveles de la operación de esta semana. Según el Ministerio de Hacienda, el Gobierno vendió bonos con vencimiento en 2030, 2035, 2040 y 2058 con rendimientos que oscilaron entre el 13,94 por ciento y el 14,79 por ciento.
“Me equivoqué en el pronóstico. No lo volveré a hacer”, admitió en una rueda de prensa. Y añadió que en el momento de su proyección “no había una política monetaria tan agresiva como la actual, ni una sobrerreacción del mercado al aumento del salario mínimo”.
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¿Cómo va la deuda?
Colombia atraviesa una de las situaciones fiscales más complejas en décadas, caracterizada por el aumento que ha tenido el gasto público y la imposibilidad de obtener mayores ingresos. La última tributaria que se aprobó fue la de finales del 2022; después de ello, el Gobierno ha presentado año a año el Presupuesto General de la Nación desfinanciado y también ha intentado, sin éxito, sacar más reformas.
De hecho, ante la falta de recursos, ha utilizado la vía de las emergencias económicas. Primero, la de La Guajira en el 2023 debido a una crisis humanitaria en ese departamento; a principios del 2025 vino el estado de conmoción interior por cuenta de la ola de violencia del Catatumbo, en el Norte de Santander. En diciembre del 2025, otra por el presupuesto desfinanciado; y la última fue este año debido a la ola invernal.
Esta situación ha llevado a tener desequilibrios significativos en los balances fiscales. En particular, resalta el indicador del déficit primario –diferencia entre los ingresos y gastos del Gobierno, excluyendo los intereses de la deuda–, el cual cerró el 2025 en 3,5 por ciento del PIB, el dato más alto del país sin contar los niveles que se vieron en crisis como la de finales de los 90 o la pandemia.
Como resultado, la deuda pública ha aumentado a niveles significativos y, de mantenerse las actuales presiones fiscales, expertos como los del centro de estudios económicos Anif pronostican que podría seguir una trayectoria insostenible para la economía.
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“Los niveles actuales de deuda pública neta, cercanos al 58 por ciento del PIB, no se observaban desde finales del siglo XIX, cuando Colombia enfrentó problemas de pago de deuda externa e hiperinflación, en el marco de la Guerra de los Mil Días. De no corregirse esta trayectoria, proyectamos que podría superar el 71 por ciento del PIB en tan solo tres años, un umbral que, de acuerdo con la regla fiscal, se considera incompatible con una senda sostenible para una economía como la colombiana”, aseguró el centro que lidera José Ignacio López.
La suspensión de la Regla Fiscal podría llevar a un aumento en el costo de la deuda pública Foto:iStock
Si bien hay que reconocer que la deuda neta cerró el 2025 en 58,5 por ciento del PIB, por debajo del 61,3 por ciento proyectado por el Gobierno, analistas aseguran que, en buena parte, esa reducción se debió a las operaciones de manejo de deuda que realizó el Ejecutivo.
“Las estrategias de manejo de deuda del último año ayudaron a contener temporalmente las presiones sobre el costo de financiamiento, a comprar tiempo, pero perdieron efectividad, mientras el mercado exige mayores primas de riesgo ante la creciente incertidumbre fiscal”, aseguró el equipo de Investigaciones de Corficolombiana.
En su último pronunciamiento, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) hizo un llamado “urgente” para que tanto el Gobierno como el Congreso acuerden llevar a cabo una serie de medidas que permitan reducir el elevado gasto público o incrementar los ingresos que no dan para mantener las finanzas de la Nación en orden. Además, sostuvo que se requiere un ajuste de alrededor de $ 30 billones este año.
“Evitar una trayectoria insostenible de la deuda, que, inequívocamente, resultaría en un episodio de alto estrés financiero, implica un ajuste fiscal sin precedentes de entre 4 y 5 por ciento del PIB en el próximo cuatrienio. Cuanto más pase el tiempo sin políticas correctivas, mayor será el tamaño de las medidas necesarias. No es posible anticipar el momento en que sucedería el episodio financiero crítico, pero sí su ocurrencia”, sentenció.
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¿Mejorarán los indicadores?
Aunque el Gobierno, en su reciente plan financiero, proyectó una mejora en los indicadores fiscales para este 2026, los analistas no le creen a estas cifras y aseguran que los buenos números dependerán de un ajuste de gasto “exigente” y “creíble” en un contexto de crecimiento económico relativamente bajo y de rigideces sobre varios componentes del gasto.
En concreto, el Gobierno proyecta para este año un déficit fiscal total de 5,1 por ciento del PIB, cuando el del 2025 cerró en 6,4 por ciento, y una mejora del balance primario hasta de 2,1 por ciento del PIB desde el dato de 3,5 por ciento del PIB. En cuanto a la deuda, prevé que la deuda neta se mantendría prácticamente estable en 2026, en 58,7 por ciento del PIB, un nivel muy similar al de 2025 y todavía por encima del ancla de la regla fiscal (55 por ciento del PIB).
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