Los impuestos saludables son un tema que en el mundo viene ganando fuerza en los últimos años, tanto por salud pública como por el recaudo, y Colombia no es la excepción, pues en la próxima reforma tributaria que presentará el gobierno de Gustavo Petro, los impuestos a las bebidas azucaradas, y también a los alimentos con altos niveles de procesamiento, serán parte de las propuestas.
“Vamos a incluir impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. No necesariamente por un tema de ingresos tributarios, sino para mejorar los patrones alimenticios. De hecho, si esos impuestos son efectivos, los recaudos tienden a disminuir cuando la gente cambie los patrones de consumo”, aseguró en entrevista con Portafolio el ministro de Hacienda designado, José Antonio Ocampo.
Y justamente, en el Informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, publicado en el 2021, estos gravámenes aparecen como una de las sugerencias, y se establece que “una reforma tributaria exitosa” requiere, entre sus puntos, “un incremento en los impuestos sobre los bienes perjudiciales para la salud de los ciudadanos (ejemplo: tabaco, alcohol y azúcar) y ambiente (ejemplo: los combustibles fósiles)”.
Pero el tema ha generado todo un debate en los últimos días, por las implicaciones que podría tener sobre los bolsillos de los hogares, y en la industria.
“Se ha venido hablando mucho tiempo de esto en Colombia, y hay mucha evidencia en el mundo de las implicaciones positivas del impuesto a las bebidas ultraprocesadas endulzadas. Esto no es un jugo preparado o algo así, son las bebidas industrializadas, y hablamos de endulzadas porque la propuesta para Colombia es incluir tanto las calóricas como no calóricas. Esta tasa desincentiva el consumo, y de manera particular, el de las personas más vulnerables, y de niños, niñas y adolescentes”, asegura Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red PaPaz.
Desde la facultad de Economía de la U. de los Andes, esta es también una de las propuestas que presentaron recientemente los investigadores Leopoldo Fergusson y Marc Hofstetter en el documento ‘Los impuestos en Colombia: ¿Qué, cómo, cuánto y cuándo reformarlos?’.
“Proponemos que, siguiendo la práctica de muchos países y la experiencia acumulada, el impuesto sea creciente en las cantidades de azúcar (sodio, etc.) pero que el pago no esté en manos del comercio sino de la industria productora. Eso puede hacer más directos los incentivos a producir alternativas saludables”, indican.
Los docentes señalan también que plantear así el impuesto tiene como ventaja que los ciudadanos perciben que ese impuesto está a cargo del productor, no del consumidor y eso puede limar la oposición al cobro.
La industria
En Colombia hay 39.985empresas dedicadas a la industria de alimentos según cifras de Confecármaras, y de acuerdo con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), el 99,13% son micro, pequeñas y medianas empresas, y generan alrededor de 284.639 empleos formales.
“Como gremio, consideramos que antes de impulsar prohibiciones mediante reglamentaciones o nuevas obligaciones, se debe promover la cultura del consumo responsable, bajo la premisa del reconocimiento y el respeto de las libertades constitucionales individuales, y el libre desarrollo de la personalidad”, señala Acopi, el gremio que agrupa a las pyme en el país.
Portafolio consultó sobre el tema con la Andi y con Fenalco, como representantes de los empresarios, pero declinaron dar su opinión.
Un beneficio relativo
El debate en torno a la pertinencia de estos impuestos y su incidencia en Colombia tiene varias aristas. Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia, investigadores del Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la U. Nacional, aseguran que son varios los efectos.
En primer lugar, señalan que “desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se han planteado lineamientos generales para implementar un impuesto efectivo sobre las bebidas azucaradas”, pero que a la hora de implementarlas se debe considerar las particularidades sociales, culturales, políticas, económicas e institucionales de las naciones.
Los expertos dicen que también se debe profundizar en “cambios en el precio de los bienes sustitutos, de tal forma que se logre cambiar el comportamiento de consumo de los hogares, en especial para el conglomerado de hogares pobres, vulnerables y de aquella clase media que tiene un ingreso mensual entre 1 y 2 salarios mínimos”.
Garay y Espitia señalan, además, que el aumento del precio debe ser aproximadamente del 25% para “tener los resultados deseados en consumo y salud”, y que de ser así, el recaudo potencial del impuesto sería aproximadamente de $1.3 billones al año.
Recientemente, el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, mencionó en medios nacionales que en estos el peso relativo de este tipo de productos en su canasta básica es más alto.
Así mismo, Camilo Herrera, director de la firma Raddar, asegura que un impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados no necesariamente reduce su consumo.
Herrera asegura que, “estas medidas, en principio, reducen el consumo, pero los volúmenes se recuperan luego de un tiempo, pues muchas de estas bebidas son parte de la canasta familias, por la costumbre, y la cotidianidad de los hogares”.
Más noticias
Es clave que la tributaria no sea una colcha de remiendos: Banco Mundial
Sanciones por más de mil millones a 19 aerolíneas por cláusulas abusivas
Fuente