A lo largo de las últimas semanas ha venido quedando claro el ‘giro hacia la derecha’ del presidente Joe Biden frente a dos temas que son de alto impacto en Estados Unidos y con profundas connotaciones para las relaciones bilaterales con Colombia: la inmigración y el tráfico de drogas.
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Por un lado, varios medios en EE. UU. —información confirmada por este diario— han reportado que su administración está considerando restituir la práctica de encarcelar a familias enteras de migrantes, incluidos menores de edad, que crucen la frontera ilegalmente.
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Y hace 15 días, el Departamento de Seguridad Interna anunció un nueva regla —que se encuentra en su proceso de consulta pública—, la cual, en la práctica, le cierra la puerta a miles de personas, entre ellos colombianos, que solicitan asilo o refugio si en su periplo hacia EE. UU. no lo hicieron antes en los países de tránsito.
Paralelamente, la administración demócrata busca un acuerdo con México que le permitiría deportar masivamente a indocumentados provenientes de terceros países.
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Las medidas han provocado un profundo malestar en ciertos sectores de su propio partido que asocian los cambios con un regreso a los peores años de la administración de Donald Trump y un incumplimiento de sus promesas de campaña, cuando vendió la idea de que bajo su mandato EE. UU. adoptaría una política más humana frente a esta población.
“Estamos regresando a medidas draconianas que van en contra de convenios internacionales y no buscan soluciones de fondo a los problemas sino ‘paños de agua’ para abordar la crisis”, decía Melissa Crow, abogada experta en temas migratorios del Centro para el Estudio de los Refugiados.
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Estamos regresando a medidas draconianas que van en contra de convenios internacionales y no buscan soluciones de fondo a los problemas sino ‘paños de agua’ para abordar la crisis.
La administración, por su puesto, las defiende. Insiste en que son medidas transitorias —dos años— con las que se busca enfrentar de la mejor manera la avalancha récord de personas que llegan a la frontera (2.5 millones el año pasado) y poner orden al sistema de solicitudes de asilo y refugio. Alegan, además, son muy diferentes a las de la era Trump, cuando se buscó ponerle candado a la inmigración pero desde una óptica nacionalista y xenófoba. Y si bien tienen un punto, pues Trump intentó vetar el ingreso de personas provenientes de ciertos países de mayoría musulmana, no hay duda de que en su nueva aproximación hay más garrote que zanahoria.
En el caso de las drogas, pasa algo similar. Aunque Biden llegó a la presidencia con un discurso que favorecía el tratamiento y la prevención como estrategia para enfrentar el consumo, y el desarrollo para combatir la producción, la realidad tanto política como en el terreno lo han forzado a ‘sacar los dientes’. EE. UU. está atravesando nuevamente por una epidemia de consumo de opiáceos. Según las propias autoridades, la cuarta ola en los últimos 30 años pero una más letal que todas las anteriores.
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De acuerdo con estadísticas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés), en los últimos 20 años las muertes por sobredosis de opiáceos se han multiplicado por cinco. De menos de 20.000 en el año 2001 a más de 106.000 en el 2021. Y gran parte de ese incremento se ha dado en los últimos cinco años. El grueso de esas muertes (más del 50 por ciento) se atribuye al fentanilo, una droga sintética hasta 50 veces más potente que la heroína que se produce en China y también México y que se suele mezclar con otras sustancias.
Uno de los grupos de la banda producía y comercializaba 2CB, un opioide sintético, que enviaban a Estados Unidos y Costa Rica.
Suministrada por autoridades
Pero la cocaína también estaría contribuyendo, y de manera importante. Según los CDC, en 2021 unas 30.000 personas murieron en EE. UU. por causas relacionadas a su consumo. En este caso las muertes se habrían multiplicado por seis: de unas 5.000 en el año 2001 a las casi 30.000 de ahora.
Biden en su discurso sobre el estado de la Unión del mes pasado prometió mano dura para enfrentar a los traficantes y un incremento en las sanciones penales, que deben ser aprobadas por el Congreso. Paralelamente, ha subido su retórica contra China, a la que le exige hacer más, e hizo lo propio con México.
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Pero sus rivales republicanos, que ahora controlan la Cámara de Representantes, lo critican a diario y hasta lo responsabilizan por la actual crisis. El tema se puso color de hormiga esta semana luego del secuestro y asesinato en México de dos estadounidenses a manos de supuestos narcotraficantes.
En el Congreso crecen las voces para que EE. UU. use sus militares para detener el flujo y castigar a los responsables. El senador Lindsay Graham, por ejemplo, prepara un proyecto de ley que declararía a los carteles organizaciones terroristas y abriría la puerta para el uso de uniformados incluso en territorio mexicano.
“No veo cómo termina esta película sin que los militares se involucren para proteger a los estadounidenses que están siendo envenenados. Acá se están muriendo 70.000 personas al año por fentanilo. Pero si una organización terrorista como ISIS lanzara un misil desde México y matara a 10 ya los habríamos pulverizado. Esto hay que llamarlo por lo que es. México es un narcoestado fallido y tenemos que actuar”, dijo Graham.
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En el caso de la coca, dado que Colombia produce, según el Departamento de Estado, el 97 por ciento de la que se consume en EE. UU., el tema también está comenzando a calentarse.
En el más reciente reporte de EE. UU. sobre el tema —publicado en exclusiva por este diario— Washington reclama “mantener un robusto programa de erradicación de cultivos” y ampliar la erradicación voluntaria. Algo que no está sucediendo a esa escala desde que llegó Gustavo Petro a la Presidencia y puso en remojo la erradicación forzosa en ciertas zonas del país. En Washington la preocupación es enorme. Muchos esperan que se confirme un incremento histórico de los cultivos ilícitos superior a las 300.000 hectáreas de coca en el 2022.
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Cultivos ilícitos en Colombia.
Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO
Si bien la administración ha mostrado paciencia mientras Petro desarrolla una nueva estrategia antinarcóticos, la descomunal cifra, sumado al incremento de muertes por sobredosis, podría acabar con esa ‘luna de miel’ en los próximos meses, sobre todo en la medida que crezca la presión de los republicanos ahora que controlan parte del legislativo y que no comulgan con el presidente colombiano de izquierda.
Aunque las dos crisis son muy reales —migración y drogas—, su manejo se está viendo marcado también por cálculos políticos.
Ambos temas serán ‘caballito de batalla’ de los republicanos durante la campaña electoral para las elecciones legislativas y presidenciales del 2024, que ya está prendiendo motores. Biden, que probablemente buscará la reelección, es muy consciente de que son asuntos explosivos y que el ‘garrote’, como estrategia para enfrentarlos, vende más. Al endurecer su postura, dicen analistas, está tratando de neutralizar los argumentos en su contra así eso le cueste un poco con la base del Partido Demócrata.
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En todo caso, esa mezcla entre realidad en el terreno y política interna está provocando ya un notorio cambio en el tono del presidente y el ambiente que se respira en Washington. Y este se irá agudizando con cada día que pase.
SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON
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