Mientras los esfuerzos de las autoridades de Antioquia se han concentrado en tratar de regresar la paz a los territorios campesinos que están siendo azotados por la violencia, los pueblos indígenas del departamento piden a gritos ser escuchados pues están, como los demás, en el cruel juego de la guerra entre ilegales.
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Con un total de 37.629 comuneros en el territorio antioqueño, según reporta el último censo de la población indígena de 2018, pertenecientes a los pueblos Dóbida, Eyábida, Chamí, Zenú y Gunadule, también llamados Tules, los indígenas han sido testigos de cómo la violencia cada vez gana más terreno a pesar de existir unas conversaciones entre el Gobierno y varios actores armados.
Un ejemplo claro de lo que pasa, lo dejó al descubierto la Unidad para las Víctimas cuando días atrás entregó ayudas humanitarias a familias ubicadas en zona rural de Dabeiba y Frontino, en el Occidente antioqueño, quienes desde el 2019 han venido siendo víctimas de confinamientos por las confrontaciones entre Ejército de Liberación Nacional (Eln) y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).
Héctor Torres Domicó, dirigente del pueblo Embera Eyábida e integrante de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), cuenta que este no es el único flagelo que viven los comuneros ni esta subregión es la única afectada.
Ayuda humanitaria a indígenas
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Manifiesta que después de la firma del acuerdo de paz con las Farc, los territorios donde estos últimos ejercían hemenonia y control, comenzaron a ser disputado por los demás actores que quedaron y con ello se comenzó a agudizar la violación de derechos humanos.
“Se vienen presentando reclutamiento, ya por ejemplo los comuneros, hasta cierta hora, no pueden andar el territorio, no pueden ir a cazar o ir de pesca. Sobre el tema de la alimentación, entonces ya también hay un control sobre eso, ya no hay movilidad, ya todo lo están revisando y entonces las comunidades están quedando en el medio de ese conflicto”, dice Torres Domicó.
Sobre el control que están ejerciendo los ilegales, contó que, por ejemplo, en algunas zonas del departamento, la entrada o salida se debe hacer antes de las 6 de la tarde, después de esta hora, nadie puede moverse. Agregó, además, que el transporte de alimentos es supervisado, algunas veces por el Eln o las Agc, mientras que en otros aparece un tercer actor armado, las disidencias de las Farc.
“Ahí están los tres actores, entonces el uno señala que le estamos cargando comida a la guerrilla, los otros dicen que es que le estamos cargando comida del ‘clan del Golfo’, cierto, entonces es una situación muy complicada y muy difícil”, agrega Torres.
El uno señala que le estamos cargando comida a la guerrilla, los otros dicen que es que le estamos cargando comida del ‘clan del Golfo’, cierto, entonces es una situación muy complicada y muy difícil
La situación que pasan los indígenas antioqueños no es ajena para la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) que en su informe departamental de 2023, identificó que las subregiones más afectadas son el Suroeste, Occidente, Bajo Cauca y Nordeste.
En cada una de ellas hay población en territorios ancestrales que están afectados por la presencia de Minas Antipersonales (MAP) y Munición Sin Estallar (MSE) en caminos que comunican los resguardos con los centros poblados, pero también por confinamientos, presiones y amenazas.
“Durante el 2023, no se tuvo registro de declaraciones de personas indígenas afectadas por los eventos de desplazamiento masivo. Aun así, se presentaron afectaciones como: confinamientos, restricciones a la movilidad e instrumentalización de miembros de comunidades étnicas”, dice la OCHA.
Al consultar a Torres sobre lo informado por la organización, cuenta que esto ocurre porque entre ellos hay “mucho parentesco”, por lo que cuando se presentan situaciones que alteran la tranquilidad del territorio, ellos, para evitar los desplazamientos masivos a las cabeceras municipales, buscan a sus núcleos familiares que están en otros territorios, mientras que otros se confinan.
Ayuda humanitaria a indígenas
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En datos entregado por la Gobernación de Antioquia, a través del Centro de Analítica de Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Justicia, donde agregan al Norte como una de las regiones afectadas, señalan que entre 2019 y 2023 las comunidades indígenas fueron víctimas de confinamiento por grupos al margen de la ley, en siete de los 125 municipios, con un total de 7.872 personas.
Son los resguardos indígenas los más vulnerables en situaciones de confrontación armada que lleva a confinamiento
Las comunidades del Urabá han sido las más afectadas en su derecho a desplazarse libremente por su territorio, afectando así su acceso a los servicios de salud, alimentos, educación y otros.
“A diferencia del fenómeno del desplazamiento forzado, en el que no se ha evidenciado una mayor afectación a las comunidades indígenas, el confinamiento sí tuvo mayor incidencia en esta población, la cual aportó el 95 por ciento de las víctimas, demostrando que son los resguardos indígenas los más vulnerables en situaciones de confrontación armada que lleva a confinamiento”, dice la Secretaría de Seguridad.
En lo corrido de 2024, se han reportado dos confinamientos de comunidades indígenas en Segovia, los cuales han afectado a 259 familiares y 666 personas, como también amenazas a comunidades de Dabeiba y Frontino, donde existen factores económicos que generan tensiones entre sus habitantes y los grupos armados ilegales que buscan injerencia y control territorial.
LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA
Periodista de Nación
Medellín