Las matanzas periódicas que alteran la vida en los Estados Unidos no deben verse como hechos fortuitos. Son reflejo de un proceso sostenido de desintegración de la autoridad soberana del Estado.
La soberanía, en cuanto fundamento último de la autoridad, se basa en al menos dos preceptos: indivisibilidad y monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza. Solo el Estado, a través de su poder de policía, tiene licencia para usar la violencia en defensa del Estado (contra un ataque extranjero o contra el terrorismo o la delincuencia en el plano interno).
La pérdida de la confianza en el poder de policía del Estado es peligrosa, sobre todo porque invita a responder por mano propia a la percepción de inseguridad o de injusticia. Cuando ya no se confía en el Estado para la provisión de seguridad y justicia (para la preservación del tejido de la sociedad), la respuesta por mano propia puede convertirse en rival de la soberanía estatal.
Históricamente, el surgimiento de movimientos políticos fascistas se relacionó con el ascenso paralelo de milicias privadas: los camisas negras de Mussolini, los camisas pardas de Hitler, los camisas verdes brasileños y los camisas azules del líder fascista irlandés Eoin O’Duffy.
Corrientes peligrosas
En el Estados Unidos actual, hechos aislados de terrorismo interno coexisten con formas de violencia más organizadas. Sumando la insurrección en el Capitolio del 6 de enero de 2021, la creciente venta de armas a una población que ya las tiene en abundancia y el crecimiento y la normalización de milicias y organizaciones políticas extremistas de derecha, hay amplia evidencia de una ruptura acelerada de la creencia compartida en la soberanía del Estado.
Las teorías conspirativas de derecha que hablan de un ‘Estado profundo’ y las mentiras del Partido Republicano sobre elecciones robadas reflejan un mismo propósito: cuestionar la legitimidad del Estado. La difusión de ese cuestionamiento a través de la prensa tradicional y de las redes sociales refuerza la aceptación de las fuentes de violencia no estatales. Al mismo tiempo que se condena la violencia, se la idealiza, otra pauta habitual en el ascenso del fascismo.
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La pérdida de la confianza en el poder de policía del Estado es peligrosa, sobre todo porque invita a responder por mano propia
Cuando la violencia está extendida se retroalimenta. Se convierte en prueba de que el viejo soberano está muerto o moribundo y que por tanto ya no es capaz de preservar la indivisibilidad del poder soberano o mantener su monopolio del uso legítimo de la fuerza. La conclusión que surge a partir de esa premisa es que se necesita la intervención de una contrafuerza viable. Como dijo Donald Trump el 6 de enero: “Si no pelean como demonios, ya no van a tener un país”.
Inundar el mercado con armas (así como inundar el mercado de ideas con mentiras, como propuso Steve Bannon, exasesor de Trump) amplifica la inestabilidad social.
Conforme crecen la confusión y el temor, las fuerzas reaccionarias ganan poder. Y quienes tienen miedo tal vez no quieran ejercer la violencia directamente, pero comenzarán a respaldar a quienes estén dispuestos a hacerlo por ellos.
Prensa y protestas, claves
El mejor modo de blindar la democracia liberal contra esta amenaza creciente es movilizar las instituciones que aún funcionan: la prensa, la manifestación pacífica y el proceso electoral. Pero hay que hacerlo pronto, porque las tres corren cada vez más peligro.
Facebook, Twitter y TikTok ya son nuestras principales fuentes de noticias; pero en sus modelos de negocios basados en la ‘economía de la atención’, las ganancias son más importantes que la verdad. Como las mentiras se difunden más rápido y generan atención por más tiempo que los hechos, terminan resultando más valiosas para las empresas que dependen del tiempo de atención de los usuarios para vender publicidad.
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En tanto, el derecho a la manifestación pacífica en Estados Unidos está amenazado por nuevas leyes en el nivel de los estados, que abren la puerta al ejercicio de la violencia contra los manifestantes. En Oklahoma, por ejemplo, conductores que embistan con el vehículo a alguien (incluso si lo matan) ya no serán responsables si lo hacen “huyendo de un disturbio” (…) en la creencia razonable de que huir era necesario para proteger de lesiones graves o de la muerte al operador del vehículo automotor.
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En la misma medida se crean nuevos castigos para manifestantes que obstruyan las calles o el tránsito vehicular, que incluyen multas de hasta cinco mil dólares y hasta un año de prisión.
Asimismo, en Iowa y Florida, alguien que embista una manifestación con el auto podrá pedir inmunidad civil si dice que actuó en defensa propia. El peligro que suponen leyes de esta naturaleza debería ser obvio.
Un análisis de Ari Weil, del Chicago Project on Security and Threats, muestra que en 2020, tras el asesinato de George Floyd por un oficial de policía de Mineápolis, hubo en el transcurso de apenas un mes 72 incidentes de atropello de manifestantes en 52 ciudades.
Partidarios de Donald Trump dentro del Capitolio de EE. UU.,
en Washington, el 6 de enero de 2021.
Elecciones bajo amenaza
Finalmente, el proceso electoral en Estados Unidos está amenazado por leyes del nivel de los estados que podrían otorgar a legislaturas estatales (bajo control republicano) la atribución de ignorar los resultados de la elección presidencial y designar representantes propios en el Colegio Electoral en lugar de los elegidos por los votantes del estado.
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La Corte Suprema de los Estados Unidos hizo hace poco gestos inquietantes en dirección a avalar una dudosa doctrina legal que eximiría a las legislaturas de los estados de cualquier control judicial en el nivel del estado o federal; es decir que no habría medios legales para impedir la sustitución de los miembros del Colegio Electoral.
Frente a esta acumulación de amenazas, la defensa de instituciones democráticas fundamentales como la prensa libre, el derecho a la manifestación pacífica y elecciones libres y justas demandará no solo un mayor compromiso colectivo, sino también auténtico coraje.
La clase de coraje que mostraron los exesclavos frente a las leyes racistas de Jim Crow y el surgimiento del Ku Klux Klan después de la Guerra Civil. La clase de coraje que mostraron los activistas que en los sesenta lucharon por los derechos civiles contra el segregacionismo arraigado. La clase de coraje que mostraron las mujeres que lucharon por el derecho al voto, y que ahora deben hacerlo de nuevo por el derecho a tomar sus propias decisiones en materia reproductiva.
Es posible que nunca haya habido tanto en juego como hoy, pero la enseñanza esencial es la misma de siempre. En una república libre, los derechos fundamentales hay que ganárselos de nuevo cada vez que la autoridad soberana del Estado (encarnación de los valores fundamentales que mantienen unidos a los estadounidenses) corre riesgo.
La violencia que hoy estalla en todo el país presiona sobre los límites del discurso civil y del Estado de derecho y pone a prueba la continuidad pacífica de la lucha por una identidad compartida que es el ideal fundacional de los Estados Unidos expresado en el lema E pluribus unum: ‘Unidad en la diversidad’.
RICHARD K. SHERWIN*
© Project Syndicate – Nueva YorK
(*) Profesor de derecho en la New York Law School.
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