Los equipos negociadores del Gobierno nacional y del Ejército de Liberación Nacional (Eln) vuelven a una mesa de conversaciones con la esperanza de ponerle fin a una confrontación armada iniciada poco después de la mitad del siglo XX.
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Alfonso López Michelsen, el día de su posesión, el 7 de agosto de 1974, con su esposa.
Gustavo Petro es el décimo presidente que lo intenta. El primero fue Alfonso López (1974- 1978) quien tras el mayor golpe militar a esa guerrilla —la Operación Anorí, que acabó el comando de sus fundadores, los hermanos Fabio, Manuel y Antonio Vásquez Castaño— se quedó esperando a los sobrevivientes que pidieron una amnistía. No se presentaron, según dijeron, por falta de garantías.
¿Por qué ahora sí podría haber un acuerdo? Petro se ha propuesto alcanzar la paz con la totalidad de grupos violentos y sabe que su éxito pasa por lograr izar una bandera blanca con este grupo nacido el 4 de julio de 1964, bajo la influencia de la Revolución Cubana (1959) y el movimiento religioso de la Teología de la Liberación.
De esos sueños de alcanzar la justicia social queda poco. “El IV Congreso mantuvo la prohibición del narcotráfico como medio de financiación”, dijo la Comisión de la Verdad. “Un pronunciamiento que contrasta con la realidad. Las estructuras del Catatumbo, Cauca, Chocó y sur de Bolívar” se vincularon “a diferentes márgenes de esta economía” a la vez que siguen obteniendo recursos de las extorsiones al sector petróleo, la minería ilegal y el secuestro, agregó en su informe.
De allá a acá, además, las condiciones sociales, políticas y de arquitectura del Estado han tenido cambios sustanciales como la Constitución de 1991. “El Eln, sin embargo, vive aferrado a un pensamiento radical”, coinciden varios analistas quienes creen que eso explica el poco entusiasmo con el que el ciudadano de a pie mira el ciclo que se iniciará mañana en Caracas, Venezuela.
“Esto va a tomar un tiempo largo, calculo yo, pero hay que intentarlo”, dice Juan Camilo Restrepo Salazar, quien encabezó la delegación durante el gobierno de Juan Manuel Santos. “Es un grupo muy complicado”.
Pese a estos reparos, Santos logró un acuerdo y una agenda de seis puntos: participación, democracia, transformación, víctimas, conflicto e implementación.
Además de un débil cese del fuego bilateral de 101 días, pero que tuvo un doble valor: era la primera vez que el Eln dejaba de disparar y que firmaba un documento con el Estado. Así mismo, recuerda Restrepo Salazar, “se hicieron algunos ejercicios de participación de la sociedad civil”.
Para ese grupo, esto es una condición fundamental. Un punto en el que ahora puede haber sintonía con el presidente Petro, quien considera que las políticas públicas deben trazarse como el resultado de conversar con las comunidades, en especial las de los territorios más marginados. Es decir, en la mesa estarán dos protagonistas que creen en la democracia participativa.
“Yo creo que las conversaciones en esta ocasión sí pueden ir a buen puerto porque por primera vez hay coincidencia entre el Gobierno nacional y el Eln de que haya amplia participación social”, dice Luis Eduardo Celis, investigador de la Fundación Pares. “Y también ambas partes creen en la necesidad de hacer transformaciones de fondo”, agrega.
(Puede ver: Iglesia Católica no tendrá negociadores en los diálogos con el Eln).
Equipo con experiencia
Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz.
“El proceso con el Eln va en paso firme. Un punto del acuerdo fundamental en este tipo de conversación con este grupo es que nada se define de manera unilateral”.
Danilo Rueda, comisionado para la Paz.
Petro conformó junto con su comisionado de paz, Danilo Rueda, un equipo con experiencia en las soluciones dialogadas a la confrontación armada. De hecho, el presidente y el negociador Otty Patiño, quien será el jefe de la delegación, son firmantes de un acuerdo de paz que les permitió reincorporarse a la vida civil y alcanzar el poder político por las urnas. Ante sus interlocutores esa es la mejor demostración de que en democracia se pueden obtener logros hoy inalcanzables por la vía armada.
Una insistencia del Eln que cada vez lo ha degradado más. Un ejemplo de ello es que Human Rights Watch ha documentado casos de desapariciones, secuestros y reclutamiento forzado, incluyendo niños y niñas, en Arauca en su guerra abierta con las disidencias de las Farc.
“Entendemos que están en armas, entendemos sus motivaciones, pero por favor paren el uso de las mismas porque están afectando a la población. Escuchen a la comunidad araucana”, pidió en su momento en el comisionado Rueda. Su afirmación fue criticada por quienes consideran que el Gobierno no puede justificar las acciones criminales del Eln. Ese será uno de los desafíos a vencer. Ambas partes tienen un ideario de izquierda, es cierto. Pero la gran diferencia es que la delegación del Gobierno rechaza la vía armada y defiende la legalidad.
Hay otro tema capital: ¿El Eln llega unido a esta cita? “El primer reto está en la delegación del Eln y consiste en demostrarles que su línea estratégica de comando y control es integra. Única. Sin fisuras políticas ni militares. Empezar la negociación con dudas o incertidumbres sobre la lealtad de algunos grupos al Comando Central del Eln sería un traspié que convertiría la negociación en un ejercicio de suma cero”, dice Jairo Libreros, experto en seguridad.
Algo frente a lo cual, Víctor de Currea-Lugo, quien también hace un juicioso seguimiento a las acciones del Eln, dice: “Ninguna estructura del Eln se ha desmarcado del proceso de paz y su delegación de diálogos se mantuvo firme durante cuatro años en Cuba. Cuidado con la noción de un Eln fracturado predominante en los medios de comunicación”.
(Infórmese: La primera condición del Eln en vísperas de inicio de negociaciones).
El arranque en Caracas
Delegación del Gobierno y Eln en Caracas, Venezuela.
“Solución política es la ruta que nos conduce desde el hoy a la paz. El diseño de ese camino debe ser convenido entre las dos partes y concretado en
agenda sustancial”.
Antonio García, comandante Eln.
Lo que va a ocurrir este lunes en la tarde es la instalación formal de una mesa de diálogo y negociaciones. El banderazo a esto se dio el 4 de octubre, cuando las partes acordaron, también en Caracas, instalarla y así reanudar el proceso que Duque, el noveno presidente que lo intentó, suspendió tras el atentado a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, el 17 de enero de 2019. Ese día, el Eln puso un carro bomba que mató a 23 personas e hirió a 100 más.
Se retomará la agenda firmada en marzo del 2016, en Caracas, con un conjunto de protocolos que se espera sean ajustados. Se debe decidir, por ejemplo, quiénes serán los países garantes. Ambas partes reconocen a Cuba y Noruega, se espera saber qué pasará con España, Chile y Venezuela, entre otros. Hace unas semanas, el canciller Álvaro Leyva saludó a España como país garante. Pero Rueda aclaró que las decisiones se deben tomar de manera conjunta en la mesa.
En las primeras de cambio se hablará sobre la mecánica a desarrollar. Se esperan ciclos de dos o tres semanas. Y aún no está definido si será una mesa rotatoria y ‘viajera’, aunque hay varios países que se han ofrecido de anfitriones.
Lo que sí está claro es que Petro juega un poco contra el reloj en este proceso porque, primero, no hay reelección y, segundo, si pasan los días y no hay acuerdos, esto puede desestimular a los otros actores armados que en simultánea van a negociar la ‘paz total’.
El comisionado Rueda debe estar al frente de las negociaciones con el Eln, las disidencias de las Farc, el clan del Golfo y estructuras criminales con presencia urbana como la oficina de Envigado en el propósito de una paz que abarque a todos, y ese no es un reto menor.
Además, lo que es una coincidencia que puede ser beneficiosa para las partes, también puede ser un elemento de dilatación. “El corazón de este proceso está en una dinámica de participación de la sociedad. Es muy importante que las dos partes acuerden con rapidez como será esta para que tenga ritmo y dé resultados concretos”, dice Celis.
En las próximas horas, de la orilla del Gobierno hay una situación urgente: cohesionar a los negociadores designados por Petro para mostrar que juegan en equipo. “Hay que garantizar la representatividad nacional, en términos políticos y sociales, un grupo pluralista en su composición, que represente a los diferentes sectores del espectro político”, dice Libreros.
En ese sentido, la designación de José Félix Lafaurie, presidente del Fedegán, por parte de Petro fue calificada como positiva (ver página 1.3).
Al cierre de esta edición, aún no había salido el decreto con los nombres de toda la delegación, pero trascendió que Lafaurie compartirá espacio con, entre otros, el exparlamentario y dirigente comunitario del Catatumbo Jesús Alberto Castilla Salazar, quien ha sido denunciado por nexos con el Eln en un proceso que está en manos de la justicia.
Sin duda, sería un éxito que Petro lograra desarmar y desmovilizar a una guerrilla que tiene unos cinco mil combatientes, según los organismos de inteligencia. Pero, ¿dejarán por fin las armas? Antonio García, máximo comandante del Eln, responde: “El problema no son las armas, si fuera por eso, Colombia ya habría cambiado. La paz no es solamente el tema de las armas, hay que atacar las causas que generaron el conflicto”. De Currea-Lugo, por su parte, subraya: “Se trata de una negociación, no de una rendición. El objetivo es la paz, no simplemente ‘desarmar’ al Eln”.
(Conozca más: ¿Quién es quién en la negociación de paz con el Eln?).
La oposición, escéptica
Paloma Valencia y María Fernanda Cabal.
Centro Democrático y prensa María Fernanda Cabal.
El escepticismo gravita en los sectores de oposición. “No soy optimista frente a estas negociaciones”, dice la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal y esposa de Lafaurie. “Son los peores y los que más daño le han hecho al país. Tienen un nivel de contaminación ideológica superior, por encima de todos los demás grupos guerrilleros, y una capacidad de accionar terrorista muy alta”, dice ella.
“Al Eln no se le debería dar tratamiento político sino criminal”, dice la también senadora del CD, Paloma Valencia. “Estoy muy preocupada por este nuevo intento de la izquierda de darle a los grupos armados que agitan banderas de izquierda rebajas de penas y, además, representación política. No entiendo cómo puede haber política de votos y de crímenes, asesinatos y secuestros. Los colombianos anhelan justicia, pero así predomina la injusticia y la impunidad”, dice ella.
Según los registros del observatorio del Centro de Memoria Histórica, el Eln ha causado desde su fundación a hoy, 10.000 víctimas por los delitos de secuestro, asesinato selectivo, masacres y daño a bienes civiles. Por eso, lo más deseable es, sin duda, alcanzar la paz con esta guerrilla; pero el camino en pro de este objetivo no será fácil, coinciden los analistas.
(No deje de leer: Encuesta: Así va la imagen del presidente Gustavo Petro).
ARMANDO NEIRA GOYENECHE
Editor de Política de EL TIEMPO.
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