Aunque la democracia es definida como un sistema político en el que el poder reside en el pueblo de forma directa o a través de representantes, la gente, en su cotidianidad, entiende el concepto desde una perspectiva, si se quiere, por metro cuadrado.
Es decir, según cómo la democracia satisface los derechos básicos o cumple su función en casos en los que esos derechos no sean garantizados por las mismas instituciones democráticas o por externos. Por ejemplo, en situaciones de robo, violencia o asesinato, las víctimas y sus familiares quieren justicia. Y cómo responda la justicia determinará su percepción de si está funcionando o no la democracia.
Todas estas variables, sobre cómo se concibe el sistema de gobierno, cómo funcionan las entidades de ese entramado, cómo se está cumpliendo con los derechos de las personas, entre otras, fueron recientemente medidas por el Barómetro de las Américas de Lapop Lab, realizado entre marzo y mayo del 2021.
Desde 2004, esta iniciativa apoyada por Usaid y la Universidad de Vanderbilt (EE. UU.) viene midiendo en Latinoamérica y el Caribe qué tan comprometida está la ciudadanía con la democracia en sus respectivos países y qué tan satisfechos están con su funcionamiento. Los resultados de 2021 muestran que un 61 por ciento de la región prefiere este modelo político a cualquier otro.
El dato indica que aumentó levemente esta favorabilidad con respecto al 2018, cuando fue del 58 por ciento. Pero si se mira con perspectiva histórica, es decir, desde que se comenzó a hacer la encuesta en 2004, el porcentaje de 2021 está siete puntos abajo de esa primera medición. Eso deja ver que la gente que no apoya o no cree en la democracia es cada vez más.
En Colombia, las brechas se hacen más grandes. El primer estudio (2004) mostró que la ciudadanía apoyaba la democracia en un 74 por ciento. Pero hoy, ese porcentaje es del 53. En 17 años, el respaldo ha caído en 21 puntos.
“Estamos en los niveles más bajos desde que se hace el estudio y hacemos parte del grupo de países con el apoyo más inferior a la democracia. Eso no era común en Colombia”, Miguel García.
“Estamos en los niveles más bajos desde que se hace el estudio y hacemos parte del grupo de países con el apoyo más inferior a la democracia, junto con Guatemala, Perú, Honduras y hasta Haití. Eso no era común en Colombia”, dice Miguel García, codirector del Observatorio de Democracia de la Universidad de los Andes y uno de los investigadores que participó en la elaboración del informe, específicamente en el análisis de los datos sobre Colombia.
Democracia en lo cotidiano
El apoyo general a la democracia se aterrizó en la medición con la pregunta de qué tan satisfechas están las personas con su funcionamiento.
A nivel regional, la satisfacción con este modelo político es del 43 por ciento, pero Colombia es el tercer país menos contento con la democracia, después de Perú y Haití, pues solo el 26 por ciento se declara conforme con este modelo. En contraste, Uruguay (82 %) y El Salvador (78 %) exhiben los índices más altos de complacencia.
Para profundizar más esos sentimientos en relación con los niveles de aceptación de la democracia, el Barómetro incluyó nuevas preguntas sobre si la gente prefiere un sistema político democrático en el que pueda elegir sus representantes o uno que le garantice sus derechos básicos sin poder elegir quién lo gobierna.
Con sorpresa, los investigadores encontraron que en 16 de los 20 países comparados, incluida Colombia (57 por ciento), la mayoría de los encuestados manifestaron estar dispuestos a sacrificar una democracia representativa por un régimen distinto en el que tengan asegurados ingresos y servicios básicos. Esta correspondencia no se observó cuando se les preguntó si intercambiarían su libertad de expresión por derechos básicos, como la alimentación o vivienda.
“Estos resultados muestran los límites de la democraci. Si no se resuelven las necesidades básicas de las personas, no les importa si es una democracia o dictadura la que las satisface”, Rodríguez.
“Estos resultados son interesantes y muestran los límites de la democracia como la conocemos en el sentido de que, si no se resuelven las necesidades básicas de las personas, no les importa si es una democracia o una dictadura la que las satisface. Ahí compite una noción abstracta de democracia con la posibilidad de comer. En un país como Colombia y una región como Latinoamérica, con niveles de pobreza y desigualdad tan grandes, la democracia tiene que resolver problemas concretos y no basta con hacer elecciones cada cuatro años”, agrega Juan Carlos Rodríguez, también codirector del Observatorio de Democracia de los Andes y participante en el informe.
Uruguay es el país donde menos gente está dispuesta a sacrificar democracia a cambio de mejorar en necesidades insatisfechas: 38 % de la población. Le sigue Argentina, con el 42 por ciento. En la otra cara de la moneda está Ecuador, con el 65 por ciento que no tendría problema en intercambiar democracia por una promesa de bienestar.
Aceptación a las autocracias
Que la gente esté valorando entregar sus derechos políticos por ingresos, alimentación y vivienda da pie para analizar qué tan dispuesta está a ceder en principios democráticos, como el de elegir y otros. Los resultados anteriores se complementan con las mediciones sobre sacrificar democracia en circunstancias de corrupción y una crisis sanitaria, como la pandemia que acabamos de vivir.
El Barómetro, desde el 2004, pregunta sobre la tolerancia a un golpe militar para atender una situación extrema de corrupción. La buena noticia es que con el paso del tiempo, la tendencia a favor de este escenario ha ido disminuyendo. La mala, es que cada año hay más personas dispuestas a aceptar un golpe del Ejecutivo, un ‘Fujimorazo’, es decir, que el Presidente cierre o limite otros poderes públicos.
La tolerancia regional hacia un golpe militar para atender la corrupción, en 2004, era del 52 %. Hoy es del 40 %. El promedio es menor en la medición sobre si se justifica que el Ejército tome el poder para atender una pandemia como la de covid-19.
“Creemos que esta ya no es una situación de riesgo”, dice Juan Carlos Rodríguez.
Pero otra cosa ocurre con el apoyo a la idea de consentir el cierre del Congreso por el Presidente de turno cuando haya una situación difícil. “Esto es especialmente problemático para una región donde los sistemas presidenciales pueden llevar a conflictos otros poderes del Estado”, se lee en el documento.
En 2010, cuando se comenzó a evaluar el concepto del ‘golpe ejecutivo’, el Barómetro empezó a medir el tema de las autocracias. Para ese entonces, la tolerancia de la gente de la región regional a esta tema era del 14 por ciento, pero hoy se ha duplicado y es del 30 por ciento. En el caso de Colombia, el nivel de tolerancia a este tipo de escenarios pasó del 17 al 34 por ciento, entre el 2018 y el 2021.
“Esta situación se enmarca en medio de la crisis de confianza en el Congreso y la democracia”, Barómetro de Las Américas.
“Si bien los golpes del Ejecutivo siguen siendo apoyados por una minoría de los colombianos, su creciente aceptación debe generar preocupación, pues un número cada vez mayor de ciudadanos estarían dispuestos a validar una usurpación de los poderes del Legislativo (y otras ramas) por parte del Presidente. Esta situación se enmarca en medio de la crisis de confianza en el Congreso y la democracia”, explica el informe.
Un dato alentador es que la confianza en los procesos electorales ha mejorado a nivel regional: de 38 por ciento en el 2018 a 42 por ciento en el 2021. Aunque hay que subrayar que sigue estando por debajo de 50 por ciento.
Modelos de gobierno
El informe subraya que hay una fuerte tendencia a reemplazar a los representantes políticos electos para la toma de decisiones por el voto directo en cada circunstancia.
Y Colombia, con un 84 %, fue el país que arrojó más aceptación para cambiar el sistema de democracia representativa por voto directo, es decir, que la ciudadanía se manifieste por cada tema, como en la antigua Grecia.
La media regional es del 75 por ciento. Uruguay, que es el país con el menor apoyo a esta forma de gobierno, tiene un 55 % de su población a favor.
Los mismos resultados no se vieron ante la pregunta que plantea cambiar la democracia representativa por la de los expertos. Costa Rica y Perú fueron los países que arrojaron más preferencia por esta modalidad de gobierno, con un 57 %; Paraguay, con un 56 %; Ecuador, con un 54 %, y Colombia, con un 52 %.
La conclusión del informe es que la mayoría de todas las naciones expresaron preferencia por una alternativa de sistema político al que opera actualmente en la región. Y eso vale la pena analizarlo con mayor profundidad.
El informe dejó como indicio que quienes apoyan el voto directo son más propensos a no respaldar el modelo de democracia actual, y eso se puede deber a que la ciudadanía ha perdido confianza en esta por la falta de legitimidad de los procesos electorales y lo que el desempeño de los elegidos.
Apoyo a las elecciones
Volviendo al tema de mirar qué tanta confianza hay en las elecciones, así como en sus procesos, Colombia fue el país en el que menos tranquilidad hubo con respecto a las elecciones, con un 22 por ciento, en contraposición de Uruguay, que encabeza la medición de los más tranquilos con un 81 por ciento (Venezuela ni Cuba están incluidas en esta medición).
En términos regionales, la confianza en las elecciones se ha mantenido estable desde que se empezó a preguntar por este tema (2012). El informe de 2021 arrojó que esta percepción está en un 42 %.
Un 42 % de confianza, en el fondo, llama a preguntarse sobre dónde hay más preocupación en el desarrollo de las elecciones. Que se cuenten bien los votos, que no se compren los sufragios, que no se alteren los resultados, que el sufragio sea secreto, que no haya injerencia de gobiernos extranjeros, etc.
Con los datos obtenidos, se entienden mejor las razones de la desconfianza en Colombia. El 82 % de los encuestados en el país manifestaron que creen que ‘nunca’ y ‘algunas veces’ se cuentan correctamente las papeletas. En esa misma sintonía están Jamaica y Guyana; mientras que Uruguay (75 %) y Chile (60 %) son los países que muestran más seguridad en esta fase electoral.
En cuanto a la compra de votos por los más ricos, Paraguay y Colombia son los que más creen que esto ocurre de manera generalizada, con un 64 y un 50 %, respectivamente. Y de nuevo Uruguay fue el país que mostró mayor confianza en la transparencia, con un 55 %.
El Barómetro se detiene a analizar un poco lo que pone de presente esta situación que vincula a un gran debate sobre la financiación. “Estos patrones sugieren que la forma en que se pagan las campañas electorales afecta las creencias de los ciudadanos sobre la integridad de las elecciones mismas”, sugiere el informe, invitando a los gobiernos a analizar cómo mejorar este aspecto.
Otra característica observada con zoom, la de la protección del voto secreto, también refleja la creencia de la gente en Colombia de que los políticos pueden averiguar algunas veces, o siempre, cómo votaron las personas, y esto a un nivel de 79 % de los encuestados. La tendencia es generalizada en todas las naciones. Una mayoría considera que en muchas ocasiones quienes ostentan el poder tienen la posibilidad de averiguar cómo sufragaron los ciudadanos.
Esto preocupa a quienes realizaron el informe, pues consideran que no se está cumpliendo con un principio mínimo de la democracia: el voto secreto
En conclusión, el informe destaca que “quienes expresan más escepticismo sobre la integridad del conteo de votos y el secreto del voto, quienes piensan que los ricos compran elecciones y quienes piensan que los gobiernos extranjeros pueden influir más a menudo en las elecciones manifiestan niveles sustancialmente más bajos de confianza en las elecciones en general”.
“Los ciudadanos de la región que tienen opiniones negativas sobre la integridad electoral también expresan menos apoyo a la democracia en abstracto”, Barómetro de Las Américas.
Esto, a su vez, se traduce en que “los ciudadanos de la región que tienen opiniones negativas sobre la integridad electoral también expresan menos apoyo a la democracia en abstracto”.
Con estos resultados de 2021, los autores colombianos del informe predijeron que era esperable que en las elecciones recientes a Congreso y Presidencia se instalara el discurso de fraude electoral. Efectivamente, eso ocurrió en los comicios legislativos por una disparidad del 7 % entre el preconteo y los escrutinios –normalmente es del 1 %–.
“En Colombia existe la percepción de que hay compra de votos masiva. Pese a esto, la Registraduría conservaba una imagen relativamente buena. Por las salidas en falso del registrador, ese capital político se afectó de alguna manera”, comentó Juan Carlos Rodríguez.
La dicotomía
Mientras los colombianos manifiestan apenas un 22 por ciento de confianza en las elecciones, los expertos que hacen el Índice de Percepciones de Integridad Electoral califican el sistema electoral del país en un 60 por ciento.
“Eso es preocupante porque mucha gente cree que las elecciones se las van a robar y que el que tiene plata las maneja”, dijo Juan Carlos Rodríguez, del Observatorio de la Democracia de la Universidad de Los Andes, aterrizando un poco el por qué Colombia tuvo el nivel de confianza más bajo de la región, por debajo de Nicaragua (41 %), Haití (27 %) y Honduras (23 %).
En el caso puntual de Colombia, la percepción de la ciudadanía no se correlaciona con la de los expertos y abre una dicotomía entre el funcionamiento y la integridad de las elecciones en el país en la práctica, y lo que piensan y esperan las personas de que pase.
El 31 por ciento de la población en Colombia cree que nunca se cuentan bien los votos versus a un 18 por ciento que sí cree que siempre se hace bien la tarea. Pero, paralelamente, los expertos ponen al país en casi un 80 por ciento de valoración positiva de esta fase del proceso electoral.
Quiebres de la democracia
Como lo dijo el profesor Miguel García, codirector del Observatorio de Democracia de la Universidad de los Andes, la ciudadanía en Colombia cada vez está confiando menos en la democracia y está cada vez menos satisfecha con su funcionamiento. Desde que hay mediciones del Barómetro, se evidencia un quiebre en ese apoyo.
A partir de 2014, el respaldo al sistema político ha venido en decadencia, pasando de un 69 a un 53 %. Subió a un 60 % en 2018 y cayó de nuevo a un 53 % en el último estudio.
García le encuentra dos posibles explicaciones. La ruptura entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, la instalación de negociaciones con las extintas Farc, la llegada de un presidente (Santos) que no generó la misma conexión con la opinión pública como lo logró Uribe y el crecimiento de la polarización.
“Nosotros veníamos midiendo la opinión en un contexto que era especial. La relación de Uribe con la ciudadanía, desde el punto de vista de opinión pública, era cercana. Cuando analizamos a un presidente que, entre comillas, es más normal, o sea, más distante, la percepción cambia. Además, la ruptura entre Uribe y Santos consolidó dos grandes fragmentos de la sociedad y eso le pasa cuenta de cobro a la democracia”, explica García por un lado.
Por el otro, profundiza en el tema de la polarización que se generó alrededor de la defensa de las negociaciones con las Farc, que terminó en el Acuerdo Final en 2016. “Antes de la ruptura de Uribe-Santos, el clima del país era como si todos estuviéramos montados en el mismo bus. Los sectores que se oponían eran relativamente pequeños. Eso ha cambiado en la sociedad”, agregó.
Tanto ha cambiado que la otrora oposición hoy es gobierno por primera vez en la historia del país. Y mientras estos son los resultados de 2021, tanto García como Juan Carlos Rodríguez tienen claro que la realidad es otra con la llegada de Gustavo Petro.
En 2023, cuando se levantará la información para el próximo Barómetro, esperan que el mensaje de cambio y de mejorar la democracia, con el que se hizo elegir Petro será una variable clave para medir las expectativas de satisfacción de la gente. Si el saldo saldrá positivo o negativo dependerá de los resultados que perciba la gente y, en últimas, de qué tan bien lo haga este nuevo gobierno.
La percepción de corrupción
Esperar el mismo trato en el funcionamiento del Estado son mínimos para una ciudadanía que cree en la democracia, sus instituciones y su marco legal. Sin embargo, en Latinoamérica y el Caribe existe una brecha entre la ley y su ejecución igualitaria.
Según el Barómetro de las Américas 2021, es menos probable que las personas que perciben estas disparidades confíen en la democracia.
En términos generales, no es descabellado afirmar que la corrupción, la delincuencia e inseguridad y la impunidad en la justicia minan la confianza en el sistema de gobierno y sus instituciones.
“Es probable que una adherencia inconsistente a las reglas dé forma a la opiniones que tienen los ciudadanos sobres quiénes se benefician de la gobernabilidad democrática, y cuando esas opiniones son negativas pueden erosionar la satisfacción con la democracia y, potencialmente, el apoyo a esta”, destaca el informe que estudia las percepciones sobre la democracia de la ciudadanía en países de la región.
Una de cada cuatro personas de la región considera que todos los políticos son corruptos, según el Barómetro. Esta apreciación ha sido constante desde la primera medición, en 2004.
Perú (88 %), Brasil (79 %) y Colombia (78 %) son los países que más reportan porcentaje de ciudadanos que creen que más de la mitad de los políticos son corruptos. Si se va al análisis por víctimas, no se encuentra una correspondencia. Es decir, las cifras de personas que reportan ser víctimas de sobornos por parte de agentes estatales (Policía o funcionarios) son muy inferiores a la percepción generalizada.
En este caso, en Colombia solo el 11 % de los encuestados afirmaron que un policía les pidió soborno y un 8 % sostiene que fue víctima de soborno por parte de un empleado estatal. México, por su parte, fue el país donde se evidenciaron más víctimas con un promedio del 25,5 % de ciudadanos que afirmaron que funcionarios les pidieron dinero.
“La experiencia particular no se extrapola con la opinión de la corrupción en general”, Miguel García.
“La experiencia particular no se extrapola con la opinión de la corrupción en general. Lo que encontramos es que la percepción generalizada está mediada por los medios y los grandes escándalos que se destapan. Es decir, no necesariamente se pasa por una experiencia personal de victimización para asegurar que se tiene una percepción de corrupción”, explica Miguel García. Odebrecht, Centros Poblados, entre otros, son los casos en los medios a los que se refiere García.
Aunque la experiencia personal con la corrupción pocos efectos genera en la percepción de este flagelo, tanto lo uno como lo otro (victimización y percepción) erosiona la confianza en el Estado de derecho y, por ende, en la democracia y su funcionamiento.
La corrupción no solamente le quita recursos públicos o propios a la ciudadanía que paga para que se le brinde un servicio que debería estar cobijado por el sistema democrático, también puede generar la tolerancia a que esto se siga replicando y nadie diga nada, concluye el informe.
NATALIA TAMAYO GAVIRIA
REDACCIÓN DOMINGO
Twitter: @nataliatg13
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