Esmeraldas está cayendo bajo el poder de los ‘narcos’ – Latinoamérica – Internacional

Contaminada por carteles mexicanos, colombianos, europeos, grupos disidentes de las Farc y bandas delictivas locales, la otrora turística y gastronómica provincia de Esmeraldas se ha venido convirtiendo en reducto del narcotráfico, a pesar de los esfuerzos del Estado ecuatoriano para revertir la toma violenta de la región.

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Caminar por las calurosas calles de las localidades playeras que se extienden en los casi 15.000 kilómetros cuadrados de la provincia es vivir el miedo y la zozobra a cada paso.

La inusual violencia desatada en el último año la sitúa como la zona más peligrosa de Ecuador, con una tasa de 32,25 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales.

La percepción de inseguridad es evidente, no solo para el foráneo, sino también para los más de 500.000 residentes esmeraldeños, la mayoría afroecuatorianos, que se dedican al comercio, el turismo y la agricultura.

Carolina Q. y su familia ya no salen en las noches como antes. Los malecones que convocaban a disfrutar, en bares y restaurantes, de los exóticos cocteles o la exquisita gastronomía esmeraldeña apagan sus luces temprano por temor a los atentados con explosivos, los robos, los sicariatos, los ‘cobravacunas’ y la presencia de bandas que poco a poco se han adueñado de los lugares, especialmente en la capital provincial.

Hay un abandono crónico del Estado donde la pobreza empuja a los jóvenes a jugar a ser mafiosos y sicarios, muchas veces para cubrir las necesidades básicas de sus familias o por tener una moto.

“Nos iremos pronto”, dice Carolina en diálogo con EL TIEMPO. “Yo nací aquí, soy afro y amante de mi tierra. Aquí me casé y tuve a mis tres chicos, pero no podemos enfrentarnos a esta inseguridad que nos asusta”.

Ella es maestra y está convencida de que la juventud que nació entre la frondosa vegetación de la ‘provincia verde’ fue conquistada por el dinero fácil y las drogas.

“No hay oportunidades, hay un abandono crónico del Estado donde la pobreza empuja a los jóvenes a jugar a ser mafiosos y sicarios, muchas veces para cubrir las necesidades básicas de sus familias, por tener una moto o por asegurar su consumo de droga”, relata la educadora.

Esmeraldas está pegada a Colombia, hace frontera con el Putumayo y por eso es considerada una nueva ruta estratégica para el tránsito de drogas hacia Norteamérica, sobre todo hacia Europa, en una vía que está siendo explotada particularmente por carteles llegados desde los Balcanes.

Según lo asegura Arturo Torres, periodista investigador del fenómeno, en esta conjugación participan también disidentes de los grupos narcodelictivos ‘Urías Rondón’ y el llamado ‘Frente 30’, que han cobrado poder en el departamento colombiano de Nariño para el control de plantaciones y la construcción de laboratorios de cocaína.

De estas peligrosas alianzas formarían parte algunas bandas locales, como la de ‘los Tiguerones’, un grupo narcodelincuencial, como lo cataloga la policía local, que ha extendido sus tentáculos a los barrios populares de las principales ciudades del país, donde se disputan el negocio del microtráfico, que ya registra un consumo local de 80 a 90 toneladas al año, según cifras oficiales.

Cárceles de Ecuador

Muchas de las tragedias en las cárceles ecuatorianas tienen que ver con disputas de bandas de microtráfico rivales.

‘Microestados delictivos’

Torres considera que “en los últimos años se registra una dinámica fronteriza que ha ido consolidando la relación de estos grupos criminales hasta el punto de desbordar la capacidad que tienen los Estados –colombiano y ecuatoriano– para enfrentar a estas organizaciones complejas, que rápidamente cambian sus estrategias delictivas apoyados en el uso de nuevas tecnologías”.

“Los dos gobiernos no están caminando al mismo ritmo de estas atomizadas organizaciones criminales, que han desarrollado también otros delitos conexos como la minería ilegal y el tráfico de armas y combustibles”, puntualiza.

El exdirector de Inteligencia del Ejército Mario Pazmiño asegura que en Esmeraldas se ha iniciado la conformación de “pequeños santuarios o microestados delictivos en el sector de Tumaco, Mataje Alto y la misma capital esmeraldeña. Aquí, diferentes grupos se han tomado sectores desde donde controlan la actividad y evitan que el Estado pueda ejercer un control efectivo”.

Dice que la violencia en la zona se justifica porque un gran porcentaje de la producción de cocaína de Colombia ingresa por esa frontera hacia el corredor del Pacífico, lo que facilita el abastecimiento de los diferentes puertos y aeropuertos usados como plataforma internacional de distribución.

“Los dos gobiernos no están caminando al mismo ritmo de estas atomizadas organizaciones, que han desarrollado  otros delitos conexos como la minería ilegal y el tráfico de armas y combustibles”

Sin embargo, resalta que la toma de Esmeraldas por parte de los grupos narcodelictivos es el reflejo de lo que sucede en otras provincias del país, incluso en las cárceles ecuatorianas, donde más de 400 reos han muerto en sangrientas masacres durante el último año.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, lo reconoce públicamente: “Nunca el Ecuador, ni en sus crisis más profundas, ha soportado un estallido de violencia y criminalidad como el que estamos enfrentando hoy”.

El territorio ecuatoriano, a decir de los expertos, ha pasado de ser corredor del narcotráfico a un centro estratégico de acopio y distribución de la droga.

Así lo demuestra el incremento del 73 por ciento en la incautación de estupefacientes. En el 2021, la Policía local incautó 48 toneladas de drogas, en lo que va del año la cifra ya supera las 83, según el reporte policial de análisis de violencia al que tuvo acceso este diario.

A esto hay que sumarle el lavado de dinero que según cifras extraoficiales supera los cuatro mil millones de dólares anuales.

En mayo pasado, el Gobierno conformó la Fuerza de Tarea, integrada por 4.500 hombres de unidades de élite de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para instalarla en Esmeraldas como parte de la declaración de “una guerra frontal contra el narcotráfico, la delincuencia organizada y la subversión”, según lo anunció el ministro de Defensa, Luis Lara.

Pero Pazmiño considera que desde el Gobierno “no hay una inteligencia prospectiva que le permita al Estado adelantarse a los sucesos que se vienen en forma galopante, y eso es muy negativo para el país. “Lo que se comete son constantes, y yo diría permanentes, improvisaciones y eso es gravísimo en una situación de crisis de seguridad”, afirma.

Insiste: “El Gobierno no tiene una visión clara de la problemática y está pensando que a lo que se enfrenta es un problema de delincuencia común. Pero en realidad es una estructura de crimen organizado transnacional sumamente fuerte”.

‘Ecuador ya produce cocaína’

El analista Fernando Carrión coincide. “Se necesita un marco institucional y definir políticas de seguridad ciudadana y de narcóticos (…) un acuerdo nacional para establecer políticas explícitas. Hay que distinguir seguridad ciudadana, que es básicamente violencia común (robos, asesinatos), de una política antinarcóticos”, señalo en medios locales, tras resaltar que Ecuador ya no es solo un lugar de salida de narcóticos.

“Nosotros ya producimos cocaína; hemos descubierto laboratorios en (las provincias de) Esmeraldas, Sucumbíos, Guayas, Manabí, Bolívar”, añadió.

Además de la proximidad geográfica a Colombia y Perú, países que han incrementado su producción de drogas, Ecuador tiene otras vulnerabilidades que han permitido el estacionamiento del narcotráfico: un sistema financiero dolarizado y una extensa red vial que conecta las zonas de procesamiento de narcotráfico con los puertos y aeropuertos ecuatorianos.

Carrión suma como factor agravante la precaria institucionalidad del país que ha sido sometida a la corrupción de estos grupos.

Pazmiño insiste que el gobierno tiene que cambiar su estrategia en la lucha contra el narcotráfico y visualizar que gran parte de la problemática está en el componente social. «Hay que invertir en educación salud, vivienda que ofrezca mejores condiciones de vida a la población para sacarlos de esa telaraña del crimen organizado y del narcotráfico».

Ana Lucía Román
Para EL TIEMPO
Quito


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