Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó este martes 9 de agosto al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar como presunto responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos, en el caso Hidroituango.
Al igual que él, están imputados el exgerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), Álvaro de Jesús Vásquez Osorio y el exgerente general de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), Federico Restrepo.
Según el informe enviado por la Fiscalía, “en la investigación se conoció que los procesados intervinieron en las discusiones que permitieron celebrar un contrato denominado BOOMT (construcción, operación, posesión, mantenimiento y transferencia final por sus siglas en inglés), el 30 de marzo de 2011, que habría desconocido los principios de buena fe contractual, planeación, transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva“.
Ninguno de los imputados aceptó cargos.
Agregó el ente acusador, el proceso de selección fue cambiado y pasó de ser una invitación internacional a una contratación directa con EPM. La decisión, según la Fiscalía, habría obedecido a un criterio regional que buscaba que el proyecto quedara en manos de una empresa de Antioquia.
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Al parecer los procesados intervinieron en las discusiones que permitieron celebrar un contrato denominado BOOMT, el 30 de marzo de 2011, que habría desconocido los principios de buena fe contractual, planeación, transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva. pic.twitter.com/ytgAQ7DkbB
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 9, 2022
“La evidencia indica que se realizó la negociación con EPM para se encargara directa o indirectamente, a través de una empresa de su control, de la financiación y ejecución de la hidroeléctrica”, agregó la Fiscalía.
Es por lo anterior por lo que, presuntamente, se incurrieron en irregularidades para lograr un acuerdo de accionistas, nombrando un nuevo gerente de Hidroituango SA ESP y modificando el Manual de Contratación.