Como parte de las iniciativas para darles acceso a la tierra a las familias que no la tienen o que la necesitarán si deben ser reubicadas en áreas de La Mojana, el presidente Gustavo Petro hizo un nuevo planteamiento que apunta a que los dueños de grandes extensiones en esa zona del país paguen, con parte de sus terrenos, la valorización que se generaría por las obras de mitigación de inundaciones que se hagan en esa zona del país.
Eso implicaría que al menos 30 por ciento de esa tierra hoy en su poder pase al Estado, ¿para qué? Para entregársela a los campesinos
Al hablar del Pacto por La Mojana, el mandatario señaló que se ha propuesto que, una vez pase la próxima temporada invernal que se prevé para los próximos mes, en el mediano plazo para hacer las obras de mitigación la Nación aporte recursos del orden de un billón de pesos y, a cambio, los propietarios del 80 por ciento de La Mojana, que son el 10 por ciento, paguen la valorización no con dinero, sino dándole al Estado una parte de los terrenos.
“Eso implicaría que al menos 30 por ciento de esa tierra hoy en su poder pase al Estado, ¿para qué? Para entregársela a los campesinos”, aseguró el mandatario.
Y señaló que para el corto plazo la idea es llevarles comida a unas 27.000 familias afectadas por el rompimiento del jarillón derecho del río Cauca, a la altura del sitio conocido como ‘Cara de gato’, al tiempo que en el corto plazo se hará reubicación de la población con los predios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y comprando tierras.
Lo anterior porque el agua siempre retoma su espacio y hay partes en donde siempre vendrá, “luego, lo que ahí toca es reubicar hacia donde el agua no llega y se esté cerca del agua. Eso en el corto plazo”, añadió Petro.
“La obra, que cuesta un billón y no es tan simple, nos permitiría mejorar la estructura social de tenencia de la tierra en La Mojana, de tal manera que la inversión pública produzca equilibrio con la naturaleza y justicia social por el otro lado”, aseveró.
Al respecto, gremios y varios analistas consideran que la iniciativa es viable, aunque se requieren varios cambios a la ley para materializarla.
(Siga leyendo: Ventas de petróleo, entre lo positivo para el país en este momento: Minhacienda).
Si el Estado se gasta uno o dos billones de pesos tratando de mejorar la disposición de tierras, es totalmente válida una valorización, y el que no tenga, que le entregue tierras para los campesinos
El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, le dijo a EL TIEMPO que cuando el Estado tiene grandes inversiones para recuperar zonas que claramente tienen una vocación muy transitoria para ejercer una actividad económica, perfectamente puede por valorización cobrarles a los propietarios y, si estos no tienen con qué pagar, recibirles una parte de la tierra.
Y explicó que en La Mojana, cuando llega el verano, que son los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, y las aguas del río Cauca se retiran, unas serie de zonas húmedas quedan habilitadas para que el ganado pueda comer. Y cuando vuelven las aguas hay que retirar el ganado de las zonas bajas.
“En consecuencia, si el Estado se gasta uno o dos billones de pesos tratando de mejorar la disposición de tierras, es totalmente válida una valorización, y el que no tenga, que le entregue tierras para los campesinos. Estoy totalmente de acuerdo”, añadió el dirigente gremial.
Y agregó que la figura es viable porque el inversor es el Estado central y no el Estado territorial, por lo cual no se trata de un impuesto predial, que es una renta diferente que recaudan los municipios.
Ajustes requeridos
La racionalidad era tratar de conseguir recursos frescos de la valorización que se genera por obras nacionales
A su turno, Luis Fernando Mejía, director del Centro de Estudios Económicos Fedesarrollo, explica que este tema se ha venido analizando hace varios años, ya que cuando se estaba elaborando el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, este fue uno de los artículos que se discutió: sobre un impuesto a la valorización nacional.
“La racionalidad era tratar de conseguir recursos frescos de la valorización que se genera por obras nacionales, como por ejemplo la que se genera por obras viales de los programas 4G y 5G. Es una idea razonable que requiere una modificación legal para habilitar ese tipo de impuestos. Otra cosa es la destinación, que en este caso plantea el presidente Petro para poder otorgarles tierras a quienes no la tienen”, añadió.
(Lea también: Dian pide registro de correo electrónico en el RUT).
Sin embargo, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien promovió cambios para que por las grandes obras de infraestructura nacional el Gobierno Central pueda cobrar valorización, las cuales no se han reglamentado, precisó que si bien el pago con tierra no está previsto actualmente, podría entenderse que si la gente va a pagar la valorización, no tiene el dinero y oferta tierra, y el Estado la acepta, “pues cabría, yo creo que sí y suena razonable”.
Es decir, que la figura sería viable solamente si los propietarios aceptan voluntariamente pagar en especie ese impuesto de valorización nacional o si no tienen los recursos. Y aclaró que el Estado conserva la acción de expropiación, pero esta únicamente aplica, como está planteada en la ley, para los predios que van a ser objeto de intervención con las obras.
Respaldo al llamado a frenar invasiones
El fuerte llamado de atención que hizo hace unos días la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, para que cesen las invasiones a predios privados en el país, tuvo eco en varios sectores de la producción.
El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) fue uno de los que respaldó el pronunciamiento de la funcionaria.
“Mensaje claro y muy necesario por parte de @MinAgricultura @CeciliaLopezM”, aseguró el dirigente gremial en su cuenta de Twitter.
También, la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) destacó la labor de las autoridades en el proceso de desalojo pacífico en la finca ganadera La Oka, en Curumaní (Cesar).
(Además: Amazon abre 2.000 vacantes de trabajo en Colombia: virtuales y con buenos pagos).
José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo del gremio, resaltó el acompañamiento y apoyo que brindaron ganaderos de la zona y municipios vecinos tanto al propietario del predio como a las autoridades.
“En este caso fue muy importante la solidaridad ganadera y también el trabajo conjunto de todas las autoridades (Alcaldía de Curumaní, la Personería, Inspección de Policía, Defensoría del Pueblo y Ejército) frente a una ocupación que vulneraba los derechos del propietario de la finca y los de sus trabajadores”, manifestó Lafaurie Rivera.
En su llamado, López Montaño aseguró que se trata de un tema básico, y es que se debe respetar la Constitución. “Esto es un mensaje crítico, no es invadiendo tierras, no, perdón. Tienen un Gobierno comprometido con dar acceso a lo que se merecen para hacer estos proyectos locales agroindustriales, pero respetando la Ley, respetando la institucionalidad”, señaló.
Más noticias
Las 10 grandes empresas del país reportan crecimiento
Supertransporte multó a Avianca y Wingo por reclamaciones de sus usuarios
Hacienda evalúa la venta de activos estatales a empresas públicas
ECONOMÍA
Fuente