La posibilidad que abrió la nueva ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, de importar gas desde Venezuela en caso de que en algún momento en el mediano plazo haya escasez de reservas de este energético en Colombia no es para los expertos del sector una posibilidad real y sensata, debido a factores económicos y a complejidades técnicas que implica construir un gasoducto.
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Según la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás), importar gas incrementaría en cerca de cinco veces el costo de la factura del servicio para los colombianos, lo que iría en contra de los objetivos que busca el gobierno Petro de reducir la brecha de desigualdad y pobreza, teniendo en cuenta que los estratos 1 y 2 concentran 60 por ciento de la cobertura actual.
Pero además, según la presidenta del gremio, Luz Stella Murgas, con la infraestructura existente en Venezuela o con la nueva infraestructura de transporte que se requeriría para hacer posible una importación de gas natural hacia Colombia no es viable que en cuatro años se pueda lograr ese propósito.
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Primero, porque el gasoducto Antonio Ricaurte, que va desde la estación Ballena en La Guajira hasta Maracaibo, y se construyó con inversión total de 335 millones de dólares de la estatal petrolera venezolana PDVSA, se ha usado solo para enviar gas desde Colombia a Venezuela para que el país vecino lo use para reinyectarlo en sus yacimientos de petróleo, que carecen de energía propia para su producción de crudo.
Adicionalmente, allá existe un gran complejo petroquímico que requiere esas moléculas de gas como fuente de energía para funcionar.
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Pero, al mismo tiempo, según explica la directiva, los principales campos productores de gas natural en Venezuela están ubicados del lado de Guyana, es decir, en el oriente de Venezuela, mucho más allá de Caracas y no existe una infraestructura de gasoducto que conecte esos campos con la infraestructura en Maracaibo para poder importar gas en el corto plazo.
“Ni siquiera en el mediano porque si hubiera una decisión de inversión, eso va a tomar tiempo de ejecución, en la medida que se trata de un gasoducto mucho más largo”, agregó la directiva.
Incluso, según datos de la industria, el gasoducto Antonio Ricaurte, de 225 kilómetros y que va desde La Guajira hasta el estado Zulia, fue inaugurado en 2007, pero se encuentra inactivo desde el 2015, lo que haría necesario también mayores inversiones para su readecuación.
Otro aspecto por resolver y que destacan fuentes del sector es la calidad del gas venezolano, ya que en el pasado, cuando se intentó que este país le retornara a Colombia las ventas que se le habían hecho, se vio que no cumplía los estándares para entrar a la red nacional de gasoductos.
Rol clave de la exploración
De acuerdo con Murgas, importar gas natural de Venezuela no puede ser el plan B de Colombia, sino el plan Z, ya que el verdadero plan A, B y C debe ser desarrollar el potencial de gas natural que se tiene, no solo por los recientes descubrimientos y confirmaciones de Ecopetrol en el mar Caribe, sino porque en los reportes que hacen las compañías a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) hay recursos que podrían convertirse en reservas y dar autosuficiencia por 100 años.
Pero para lograr eso, reitera la directiva, se requiere la exploración, es decir, hacer sísmica y perforar pozos con los cuales se logre información geológica que permita definir si en efecto se va a encontrar gas o no.
Para Naturgás, el gas natural nacional es el energético más consistente con las apuestas grandes del gobierno Petro, porque, además de respaldar la intermitencia de las fuentes eólicas y solares, es compatible con la apuesta de desarrollo agrícola, ya que se puede aprovechar para generar amonio y urea en el país, como fertilizantes para el desarrollo agroindustrial.
“¿Por qué vamos a condenar al pueblo colombiano a no tener un servicio que da calidad de vida, bienestar y que reduce pobreza, porque es tan bajo su precio que permite liberar recursos a las familias para otros gastos?”, se cuestionó la dirigente gremial.
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