El Gobierno Nacional dio este martes un nuevo paso en la construcción de la llamada ‘paz total’ con la radicación del proyecto de ley que prorroga y modifica la ley de orden público y allana el camino para procesos de paz como el que se reactivará con el Eln.
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En el Salón Luis Carlos Galán del Capitolio, sede del Congreso, los ministros del Interior, Alfonso Prada, y de Defensa, Iván Velásquez, en compañía de los presidentes del Senado, Roy Barreras, y de la Cámara, David Racero, radicaron y explicaron la iniciativa.
En la búsqueda de la ‘paz total’, el Gobierno Nacional ha hablado claramente de dos caminos distintos: la reactivación del proceso de paz con el Eln y la elaboración de una norma para el sometimiento a la justicia de las bandas dedicadas al narcotráfico.
Este último camino todavía está en construcción y en las próximas semanas se podría estar presentando un proyecto de ley específico que fijaría las condiciones y los pasos para que las bandas criminales se entreguen a la justicia ordinaria.
El senador por el Pacto Histórico Iván Cepeda, protagonista de la construcción de estas normas, dijo que con estos grupos delincuenciales “no hay negociación ni mesa de conversaciones, sino una delegación que hacen estas organizaciones”.
En Caldono, Cauca, se dio la instalación del primer puesto, con la presencia de miembros de la Comisión de Paz del Senado.
Cortesía Comisión de Paz
En cuanto a la iniciativa presentada ayer, esta apunta más a la creación de normas para procesos de paz y diálogos regionales con grupos que estén incumpliendo el derecho internacional humanitario en diferentes partes del país.
El proyecto propone tres ejes centrales: convertir la paz en una política de Estado de largo aliento, habilitar a alcaldes y gobernadores para que hagan diálogos exclusivamente humanitarios, y crear 9 funcionarios que trabajarían con el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, en las zonas más afectadas por la violencia.
Sin embargo, hay varios interrogantes que se han ido resolviendo sobre los alcances de la propuesta oficial, cuya presentación estuvo acompañada por varios congresistas del Pacto Histórico, Alianza Verde y Comunes, partidos políticos aliados del Gobierno Nacional.
De acuerdo con Cepeda, estas conversaciones las podrán emprender los alcaldes o gobernadores y deberán centrarse, exclusivamente, en temas humanitarios.
Uno de ellos es la implementación de una especie de diálogos regionales y sobre qué temas podrían versar, una de las novedades que trae la propuesta oficial.
De acuerdo con Cepeda, estas conversaciones las podrán emprender los alcaldes o gobernadores y deberán centrarse, exclusivamente, en temas humanitarios.
“Las autoridades locales, un alcalde, por ejemplo, pueden, en medio de un conflicto en el que estén enfrentándose, por decir algo, el Eln, el ‘clan del Golfo’ y las disidencias, lograr que se les permita hablar con estos grupos para lograr un alto al fuego”, explicó Cepeda.
El congresista agregó que “el alcalde no puede convocar una mesa de negociación para pactar un acuerdo y firmarlo a nombre del Estado. Eso solamente lo pueden hacer el Presidente y al alto comisionado de Paz”.
Y que, “como toda extralimitación, si se llega a producir, el funcionario que incurra en esta falta tendrá que asumir su responsabilidad”.
Zonas de distensión
Puesto de Mando Unificado por la Vida en Ituango, Antioquia.
Otro tema son las llamadas regiones de paz, cuya propuesta ha sido interpretada por algunos sectores como el regreso de las zonas de distensión o de despeje.
En este sentido, Cepeda fue enfático en que “no van a haber negociaciones en territorios bajo la forma de zonas de despeje” y que estás figuras “no van a existir”.
“Lo que sí va a haber es una figura que es la región de paz. En esas regiones (…) el Gobierno realizará una política reforzada para que pueda acabarse esa dinámica de guerra y confrontación y eso implica esfuerzos adicionales a los que se hacen en otros territorios”, afirmó el congresista.
Y otro punto que podría dejar interrogantes es la propuesta de acuerdos parciales en medio de los procesos de paz, una figura que difiere de la que se utilizó en las negociaciones con las Farc, en las que se implementó la frase ‘nada está acordado hasta que todo esté acordado’.
Dejamos abierta la puerta para que no se requiera que se firme un acuerdo de paz en todos sus aspectos para que se puedan comenzar a desarrollar aspectos que se van acordando en la mesa
Sobre esto, el congresista de izquierda afirmó que existen otras formas de negociar, como, por ejemplo, esta que se propone en la ampliación y modificación de la ley de orden público.
“Dejamos abierta la puerta para que no se requiera que se firme un acuerdo de paz en todos sus aspectos para que se puedan comenzar a desarrollar aspectos que se van acordando en la mesa”, dijo.
Y agregó que los acuerdos que se vayan logrando con grupos como, por ejemplo, el Eln, se podrían ir implementando mediante “políticas públicas, decretos presidenciales, órdenes de autoridades locales, cualquier clase de decisión que pueda contribuir a que la paz se aclimate y se consolide lo antes posible”.
Camilo González Posso, director de Indepaz, afirmó que, a diferencia de otros gobiernos que se han limitado a prorrogar esta ley de orden público, en esta ocasión “se le dan al Presidente otras facultades para avanzar en forma más acelerada en las conversaciones de paz con grupos ilegales”.
“La regionalización me parece que es adecuada y tiene que ver con facilitar y agilizar procedimientos para buscar soluciones de paz”, dijo.
¿Cómo sería el servicio social para los jóvenes?
Una de las novedades que se propusieron en este proyecto es la creación del servicio social para la paz como alternativa al servicio militar obligatorio. La idea, en caso de que el Congreso lo apruebe, es que se implemente de manera gradual, que tenga una duración de 12 meses y una remuneración. Y se podría prestar mediante un servicio social en aspectos como alfabetización digital en zonas rurales o urbanas, trabajo con víctimas del conflicto armado, refrendación y cumplimiento de acuerdos de paz, promoción de la política pública de paz, o protección de la naturaleza y la biodiversidad.
El senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar manifestó al respecto en su cuenta de Twitter. “Jóvenes, aquí tienen un menú de posibilidades para prestar servicio a su patria sin la horrorosa opción de ir a la guerra”.
Expectativa entre los partidos en el Congreso
Radicación proyecto de ley para la ‘paz total’.
Juan Francisco Valbuena / EL TIEMPO
Diversas reacciones en el Congreso se dieron ayer tras la radicación del proyecto de ley que prorroga la Ley 418 o de orden público y que modifica algunos de sus aspectos.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, afirmó que el propósito del Gobierno Nacional es avanzar en “un proceso de paz diferente y audaz que nos llevará a la paz total”.
El funcionario, quien será protagonista del trámite de esta iniciativa en el Legislativo, invitó a los actores del conflicto armado a sumarse a la transformación de la paz a través del diálogo social, uno de los objetivos de la ‘paz total’.
“Recogemos todos los elementos anteriores de la (Ley) 418 (o de orden público) en relación con el impacto judicial y suspensión de capturas y la posibilidad de habilitar los territorios”, afirmó Prada en la radicación de la iniciativa.
Recogemos todos los elementos anteriores de la (Ley) 418 (o de orden público)
Su colega de Defensa, Iván Velásquez, habló sobre la propuesta de crear el servicio social para la paz en lugar del servicio militar obligatorio y afirmó que esta transformación sería “gradual” y que tendría “que tener en cuenta las capacidades de las fuerzas y la posibilidad de continuar cumpliendo cabalmente” con sus obligaciones de protección a la ciudadanía.
El presidente del Congreso, Roy Barreras, manifestó que espera el acompañamiento de todas las fuerzas políticas en el Congreso para la aprobación de esta norma, que hace parte de la construcción de la ‘paz total’ en la que avanza el Gobierno Nacional.
“Lo que se ha hecho hoy es novedoso, pues la concepción del orden público no es solo sometimiento, sino también la convivencia pacífica”, afirmó Barreras.
David Racero, presidente de la Cámara, le solicitó al Gobierno Nacional que envíe el mensaje de urgencia para el trámite de esta norma.
Si el Ejecutivo accede a esta petición, el proyecto se tramitaría en las comisiones primeras de Senado y Cámara de manera conjunta y se podría debatir y votar en las plenarias de ambas corporaciones de manera paralela.
Fuerzas políticas como el Pacto Histórico, Alianza Verde y Comunes certificaron su apoyo a la iniciativa con la presencia de varios de sus congresistas en la radicación de ayer.
En el resto de partidos y movimientos políticos hay expectativa por estudiar más a fondo el contenido y los alcances de esta iniciativa
Y en el resto de partidos y movimientos políticos hay expectativa por estudiar más a fondo el contenido y los alcances de esta iniciativa oficial y que tiene el respaldo de los aliados del Ejecutivo.
Hay que tomar en cuenta que la aprobación de este proyecto de ley entregaría las herramientas para que el Gobierno Nacional avance en procesos de paz en el futuro con las condiciones que se avalen en esta iniciativa, las cuales, en todo caso, podrían cambiar en el transcurso de los debates en el Congreso.
Por ello, varios congresistas de diferentes partidos prefirieron no pronunciarse por el momento sobre las posiciones de sus bancadas, las cuales se irán conociendo en los próximos días.
Lo que sí parece claro es que partidos como el Centro Democrático, opositor del gobierno de Gustavo Petro, propongan varias modificaciones al proyecto de ley presentado ayer. No se puede olvidar que el uribismo fue tal vez el único opositor al proceso de paz con las Farc e impulsó normas para que algunos aspectos de este no se repitan.
REDACCIÓN POLÍTICA
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