A pesar de que Empresas Públicas de Medellín (EPM) le solicitó el pasado 10 de noviembre a la Creg que modifique la fecha de entrada en operación del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, la entidad que regula los servicios de electricidad y gas todavía no se ha pronunciado.
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“Si bien el cronograma de construcción y montajes de la obra avanza sin retrasos, EPM ha recibido nuevos requerimientos de diferentes autoridades que le imponen cumplir una serie de obligaciones y actividades adicionales que hacen previsible un desplazamiento del cronograma que no le es imputable”, se leía en el documento.
Entre ellos, está la resolución de la UNGRD sobre la recomendación de evacuación de las comunidades, el oficio de la Anla en el que pide actualizar el Plan de Contingencia y un oficio de la Procuraduría General de la Nación.
El problema es que Hidroituango se comprometió en la subasta de Cargo por Confiabilidad a encender las dos primeras unidades de generación antes del 30 de noviembre y, si no lo hace hoy, se ejecutaría una garantía bancaria por 200 millones de dólares que respalda la entrada en operación comercial de la hidroeléctrica, tal y como ocurrió entre 2018 y 2019 cuando se incumplió la primera fecha para generar.
“Si el proyecto no entra en operación comercial, se le ejecutaría la garantía por esos 200 millones de dólares y se perdería el ingreso de Cargo por Confiabilidad. No es que tenga una multa en sí sino que ellos tienen unas garantías que respaldan sus Obligaciones de Energía Firme”, aseguró Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores.
El experto en el sector también señaló que la regulación es muy clara y que en subastas pasadas del cargo por confiabilidad ha habido proyectos que no estuvieron a tiempo y a los cuales se les ejecutó la garantía bancaria que aportaron y se les quitó el ingreso anual que esperaban recibir de dicho cargo cada año.
“Lo que le está pidiendo EPM a la Creg es que haga una excepción. Imagino que la entidad lo estudiará pero ello implicaría no cumplir con lo que está en el marco regulatorio. Hay que entender que hay muchos proyectos a los que ya se les han ejecutado las garantías y dirían por qué a ellos no se les permitió”, dijo.
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