En la mañana de este martes, a las 10 a. m., el Gobierno Nacional da los primeros pasos formales en su propósito de lograr lo que llama la paz total. A esa hora en la Cámara de Representantes, el ministro del Interior, Alfonso Prada, radicará el proyecto de Ley de prórroga de Ley 418 de 1997, de Orden Público, herramienta jurídica para allanar el camino en la búsqueda de reconciliación entre los colombianos.
Se trata de una iniciativa ambiciosa y que, seguro, creará una enorme controversia. Así, por ejemplo, crea la figura de miembro-representante, que serán básicamente las personas que deleguen los grupos ilegales para sentarse a dialogar, negociar y suscribir acuerdos con el Gobierno, y a quienes el presidente podrá levantarles sus órdenes de captura.
En línea con esta decisión, el Gobierno Nacional podrá, en medio de las conversaciones, concertar la ubicación temporal en determinadas zonas del territorio nacional, “de considerarse conveniente”.
En esos territorios quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra estos y los demás miembros del grupo organizado al margen de la ley.
Para lograr está habrá un muro de contención: Que no estén ubicadas en áreas urbanas y se garantice el normal y pleno ejercicio del Estado de Derecho. Se crearán las regiones de paz para desarrollar los diálogos. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, va a ser quien reciba el listado de los integrantes de cada organización, bajo el principio de buena fe.
“Es satisfactorio registrar que el PL que define la política de paz como política de Estado (reforma ley 418/97) en la que trabajamos durante meses, será radicada por el Gobierno. Esta ley, entre otras medidas: crea el Gabinete y las regiones de paz, el Servicio Social para La Paz”, dijo el senador Iván Cepeda, uno de los autores del texto.
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