Llegó el día del cumplimiento del plazo del ultimátum del Gobierno Nacional a los indígenas que ocupan 30 predios en el norte del Cauca. Lo han venido haciendo desde hace 17 años. El Gobierno fijó hace dos días el plazo y dio 48 horas para salir de las haciendas.
No obstante, los indígenas mantienen la postura de que no son invasores y que no desalojarán los terrenos. Pero dicen que quieren dialogar, ya sea con el presidente Gustavo Petro o delegados del Gobierno Nacional para hallar una salida concertada.
Los enfrentamientos por tierras se han dado, principalmente, en los municipios de Santander de Quilichao, Villa Rica, Puerto Tejada, Padilla, Guachené, Caloto, Corinto y Miranda.
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Aseguran que este es un proceso de liberación de la tierra, argumentando una expropiación de tierras que aseguran fueron de ellos, expropiación que se remonta a últimas décadas, pero también a siglos pasados.
A su vez, exigen el resarcimiento por hechos de violencia, como la masacre de indígenas en la hacienda El Nilo por cuenta de paramilitares, el 16 de diciembre de 1991. Allí, 20 nativos que tenían ocupada la hacienda por razones similares a las de las de hoy fueron asesinados por los ‘paras’.
Por eso, este jueves primero de septiembre aumentan la tensión y la incertidumbre en el norte caucano.
En el Consejo Regional indígena del Cauca (CRIC), que representa a 139 autoridades indígenas, señalan, en un comunicado: “Los pueblos indígenas del Cauca, han realizado un ejercicio constante, reivindicativo de los derechos colectivos de la tierra que, por años, han manipulado, usurpado y utilizado indiscriminadamente, los diferentes actores colonialistas que han considerado las tierras americanas como unos granes baldíos”.
También dijeron: “Una de las características y legados dejados por el gran Manuel Quintín Lame Chantre, además de hacer exigibles las leyes en favor de los pueblos indígenas han sido los siguientes: defensa de las parcialidades y oposición militante a las leyes de división y repartición de las mismas; consolidación del cabildo indígena como centro de autoridad y base de su organización”.
También dicen que buscan la recuperación de las tierras perdidas a manos de terratenientes, y que hay un desconocimiento de todos los títulos que no den base en cédulas reales. Además, hablan de la liberación de los terrazgueros, mediante la negación a pagar terraje, o cualquier otro tributo personal.
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Los indígenas consideran que sus acciones son una “afirmación de los valores culturales de sus comunidades, así como por el “rechazo a la discriminación racial y cultural a que son sometidos los indios colombianos”.
También anotan: “Los pueblos indígenas, de manera permanente, han buscado mecanismos de dialogo con los diferentes gobiernos que a lo largo de la emancipación han pasado por estas tierras; desde la Corona Española con las Leyes de Indias y los títulos coloniales hasta la Independencia, durante la cual, permanentemente se, buscó el reconocimiento legal de los pocos terrenos dejados después de la repartición inconsulta de españoles, criollos y mestizos”.
También dicen que “la búsqueda permanente de solución a la legalización de tierras colectivas de resguardos, territorios, parcialidades y reservas indígenas, que ha llevado a pedir a diferentes gobiernos una reforma agraria integral, reivindicativa de derechos con alternativas de sostenibilidad no es algo nuevo”.
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Agregan: “Pese a que la Ley 200 del 1936 y la Ley 136 de 1961 dieron sus inicios a la reforma agraria, es en la ley 160 de 1994 que se habla de procedimientos de legalización de tierras colectivas para indígenas”.
“Pese a estar la Ley 89 de 1890 y sus reglamentarios para reconocimiento de títulos Coloniales, la voluntad del Gobierno ha sido incipiente, casi nula, lo que ha generado una búsqueda de los pueblos indígenas a ser actores directos en el proceso democrático de la reivindicación de la tierra y entrega a sus verdaderos dueños, con pocos resultados”, sostienen.
“Ante estos panoramas en los que diferentes estructuras como el Incora, Incoder y la Agencia Nacional de Tierras, creados por los gobiernos de turno, han sido destinados a cumplir con los procesos de legalización de tierras que lastimosamente, cada cuatrienio se quedan en promesas y obligaciones legales incumplidas”.
Aseguran que “por esto son las acciones de reivindicación de la tierra; estas luchas que no han sido gratuitas no pueden ser denominadas por el Gobierno Nacional como ‘invasiones’, ya que esto nos llevarían a hacer un recuento histórico para determinar “quien es el invasor en estas tierras”, llegando a un no muy buen fin”.
Dicen: “Por lo tanto, “no pueden darse a entender de esta forma, más aun cuando resultado de la lucha constante por la reivindicación territorial como pueblos originarios, la sangre de nuestros humanos indígenas ha manchado esta tierra”.
Aseveran que el dialogo y la negociación siempre han estado en la mesa puesta para que el Gobierno de turno llegue a cumplir con los derechos reivindicativos y exigidos en tantas movilizaciones.
“No son solo deudas históricas, son también deudas morales, que deben llamarse en el marco del respeto como son ‘reivindicativas” y no desdibujarlas como actos invasores para ganar aumento del raiting, y generar actos de disociación y que traten de fragmentar esta propuesta de nuevo país que se espera construir en la que todos quepamos”, afirman.
“La reforma agraria que tanto se ha pedido deberá llamar a todos los actores para lograr hacer el cambio, sin desmeritar los derechos ancestrales adquiridos de la tierra y su función social y ecológica, reivindicaciones que los mayores, hombres y mujeres, de nuestras comunidades indígenas hacen (apelativo que se lleva con dignidad, que significa para nuestros pueblos llevar la sabiduría y legado histórico de la raíz indígena) y que ancestralmente han defendido ante el invasor”, se lee en la misiva.
De tal manera, delegados del Cric invitaron al presidente Petro o funcionarios del Gobierno Nacional “a que se acerquen al espacio de diálogo y negociación que se ha conformado en Monterilla, en Caldono, lo más pronto posible para continuar armonizando la palabra, y poder llegar a una proceso real de reconocimiento de nuestro territorio por los medios adecuados”.
“Invitamos a los diferentes representantes del Gobierno a no deslegitimen las luchas reivindicativas, y a que sean revaluados los paradigmas modernizantes colonialistas, haciendo uso del reconocimiento de la diversidad consagrado en la Constitución colombiana, devele qué la mirada occidental no es la única posible, y qué la tradición primordial tiene todo el derecho a continuar ordenando la vida y el territorio”, dicen.
Reiteran que no se irán de estos terrenos. “Nuestro derecho prexistente como pueblos indígenas del gran Abya yala ancestral, nuestro derecho constitucional y legal lo seguiremos reclamando, bajo el amparo de la reivindicación”.
Eduin Mauricio Capaz, consejero del Cric, señala que lo que los indígenas reclaman son el cumplimiento de acuerdos de gobiernos a lo largo de más de 20 años, uno de ellos, por ejemplo, el resarcimiento por la masacre del Nilo.
Los diferentes sectores gremiales y empresariales del Cauca reaccionaron frente a lo anunciado por el Gobierno Nacional.
“Pertinentes y contundentes recibimos las declaraciones de la ministra de agricultura, Cecilia López, porque estas declaraciones están tan dirigidas a proteger la propiedad privada que esta cobijada dentro de la constitución en el artículo 58″, dice Gerardo Arroyo, director ejecutivo del consejo gremial y empresarial del Cauca”.
“También lo vemos como un mensaje y una oportunidad para que esas comunidades que están invadiendo muestren gestos de buena voluntad y se retiren de manera voluntaria de la región, cesen las invasiones y con ellos podamos sentarnos en una mesa de dialogo en igualdad de condiciones para que a partir de las diferencias podamos encontrar consensos que nos permitan construir región, que nos permitan devolver la estabilidad al departamento y la seguridad”, añadió el directivo.
Isabella Victoria Rojas, directora ejecutiva de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca (SAG) manifiesta, por su parte, que este anuncio lo reciben con “mucha esperanza”.
“Esperamos que las comunidades invasoras acaten este nuevo llamado solidario y generoso que hace el gobierno nacional para que en un acto de buena voluntad y sobre todo de cumplimiento de la ley restituyan los derechos de los propietarios legítimos de los predios”.
“La propiedad privada es el eje central de una democracia y celebramos con mucha alegría el anuncio de que efectivamente, este gobierno tiene la decisión y convicción de hacer la defensa de esa propiedad”, resaltó la ejecutiva.
Según la empresaria, desde el 2014 se tienen 71 predios o fincas afectadas por las invasiones, lo que se traduce en 6.600 hectáreas afectadas y 4.890 hectáreas improductivas.
La mayoría de los conflictos han sido en el norte caucano, pero está el caso de Coconuco, en el municipio de Puracé, oriente de este departamento, donde los indígenas pugnan por un predio donde hay un centro turístico, cuyos administradores sostienen que es una propiedad de más de 30 años y que lo que se quiere es tomar un negocio ajeno.
En el asunto hay discusión de documentos de la Colonia.
En Coconuco, la comunicadora indígena María Efigenia Vásquez murió en octubre de 2017 y los nativos acusan al Escuadrón Antidisturbios (Esmad).
Los choques más recientes se dieron el pasado 22 de agosto en el sector Alto del Palo, en Caloto.
De acuerdo con el secretario de Gobierno de Caloto, Joaquín Castañeda, la confrontación sucedió, luego de que un grupo de indígenas llegaron a retirar un bloqueo instalado desde hace un mes por comunidades negras en la vía que conduce a Corinto.
La confrontación dejó a dos personas heridas, una con quemaduras y otra con cortes en los dedos.
POPAYÁN
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