Tras completarse 80 días de la salida definitiva de más de 1.500 indígenas del parque Nacional y luego de que se firmó un acuerdo con 10 puntos entre autoridades distritales y nacionales y las Autoridades Indígenas en Bakatá (AIB), lideres de estas comunidades señalan que no les han cumplido con lo prometido y que dicha situación ha generado un brote grave de tuberculosis.
Según Jairo Montañez, coordinador técnico de las AIB, los miembros de los 15 pueblos indígenas que se encontraban en el parque Nacional, y que fueron reubicados en albergues temporales, han empezado a presentar problemas de salud relacionados con el hacinamiento y las condiciones de salubridad de los espacios que el Distrito les asignó.
Ante esta situación, señalaron que una de las posibilidades es abandonar las unidades de protección integral del Idipron en donde actualmente pasan la noche.
“Más que volver al parque Nacional, es volver a las calles debido al poco avance en los acuerdos. Nosotros emitimos una alerta porque desde que estamos en los albergues hemos tenido 40 casos de tuberculosis (…) No hemos recibido la atención diferencial en salud que nos prometieron”, señaló Montañez.
¿En qué va el cumplimiento de los acuerdos?
Los compromisos fueron el resultado de dos días de negociaciones –5 y 6 de mayo– en la sede del Centro Nacional de Memoria Histórica, conversaciones en las que representantes de la Defensoría del Pueblo, la Comisión de la Verdad, la Procuraduría y la Personería fueron garantes.
Allí, el Distrito y la Nación se comprometieron a trabajar en siete acciones para ampliar los procesos de participación de las AIB. Además, se incluyó un punto relacionado con la entrega de ayudas y dos con la reubicación de indígenas. Por último, uno más en donde los líderes de las comunidades se comprometen a que los acuerdos se verán reflejados en la población que hace parte de las Autoridades Indígenas en Bakatá.
Para los líderes de las comunidades indígenas, aunque hay voluntad de las entidades, los avances no han ocurrido en los tiempos que esperan. “Sabemos que se está haciendo una gestión con los temas de la política pública, que se logró el tema del recurso y del financiamiento, pero una cosa es que se logre y otra, que se entregue o que se materialice”, señaló Jairo Montañez, coordinador técnico de las AIB.
Ante las inquietudes de los indígenas, desde el Distrito han manifestado que trabajan para dar cumplimiento a cada uno de los acuerdos firmados; no obstante, no entregaron cifras de cumplimiento sobre los acuerdos.
“Nos comprometimos a varias cosas, el primero es sacar adelante el plan de choque de nuestras medidas afirmativas que están incluidas en el plan de desarrollo, y esas medidas ya tienen recursos y están presupuestadas en los diferentes presupuestos de las entidades distritales”, explicó semanas atrás el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, en entrevista con EL TIEMPO.
Hay dos puntos sobre los cuales se centra el clamor de los indígenas: la entrega de kits de alimentación –dicen que solamente han recibido 16 mercados– y el retorno a las regiones.
“Lo que más nos preocupa es la salud de las personas, principalmente de los niños por el tema del hacinamiento y la alimentación, que generó un pico de enfermedades en menores y varias hospitalizaciones. He de decir que el tema de los retornos ha sido un fracaso desde todas las partes. La Unidad para las Víctimas ha hecho presencia para hacer la caracterización, pero no sentimos que realmente exista un plan en donde las comunidades se vean incluidas”, agregó el representante de los emberás.
El líder indígena se refiere al octavo punto del acuerdo, en el que las secretarías de Gobierno y de Desarrollo Económico, el Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas (Uariv) se comprometieron a realizar un proceso de transición “para el retorno digno, seguro y con garantías” con las personas que tuvieran el deseo de regresar voluntariamente a sus territorios.
De acuerdo con datos de la Unidad para las Víctimas, durante la cuarta fase de retornos –la primera desde la firma de los acuerdos–, que se llevó a cabo el 9 de junio, 65 familias confirmadas por 182 regresaron a los municipios de Pueblo Rico, en Risaralda, y a Carmen de Atrato, en Chocó.
“La Unidad para las Víctimas aportó al cumplimiento del principio de dignidad brindando el traslado de la comunidad en temas de operación logística, ayudas humanitarias para las familias retornadas y receptoras”, explicó la entidad.
Asimismo, la Unidad señaló que durante el proceso de manifestación de intencionalidad –en el cual se les pregunta cuántas personas desean retornar– se identificaron solo 115 hogares y 335 personas con voluntad de regresar a sus territorios (ver gráfico).
De acuerdo con Montañez, la falta de celeridad en estos retornos ha ocasionado que las condiciones de habitabilidad sean “extremas”. “La cantidad de personas por salón sobrepasa las 150, entre niños, personas de la tercera edad y adultos, quienes duermen en su mayoría en el suelo”, dijo.
REDACCIÓN BOGOTÁ
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