Invasiones de predios por indígenas y campesinos: hay preocupación – Sectores – Economía

Luego de que hace unas semanas se registrara en el norte del Cauca una invasión de predios, situación que ha sido recurrente en ese departamento, en las últimas horas se han reportado situaciones similares en cuatro departamentos.

Desde el 2014, en el Cauca, los gremios estiman que hay 71 predios afectados en los municipios de Guachené, Padilla, Corinto, Miranda, Santander de Quilichao, Caloto y Puerto Tejada.

Pero aparte del Cauca, en los últimos días también se han presentado casos de ingresos a predios en el Valle, Cesar y el Huila. Diferentes expertos consultados por EL TIEMPO advierten sobre el riesgo de que estos hechos se extiendan a otras regiones.

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La preocupación ha venido creciendo al punto de que un alto funcionario del Gobierno le dijo a este medio que van a tratar el tema en un próximo consejo de ministros.

Productores del agro e investigadores sociales coinciden en que hay una relación entre las invasiones y la expectativa de una reforma agraria mencionada por la ministra de Agricultura, Cecilia López, que busque garantizar una distribución más equitativa de la tierra a través de estrategias como la de gravar las tierras improductivas o de entregar tierras baldías a los campesinos.

Por otra parte, el experto en tierras, agro y desarrollo rural Enrique Herrera afirma que la tierra se volvió “un vehículo político con un contenido ideológico y detrás de ella hay una promesa electoral que está provocando, desde la campaña, este tipo de comportamientos que rompen con la legalidad y la seguridad jurídica de la propiedad rural». Además, señala que se podría promover un fenómeno de contagio en otras zonas del país.

Por el momento, una de las zonas más afectadas es la del norte del Cauca, donde se concentran los principales ingenios azucareros y otros predios de privados.

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Los empresarios calculan que en lo que va de año se han invadido o afectado más de 30 predios en los municipios de Padilla, Guachené, Caloto y Miranda

Los empresarios de la zona calculan que en lo que va de año se han invadido o afectado, es decir que ya no se puede continuar con las labores de la agroindustria, más de 30 predios en los municipios de Padilla, Guachené, Caloto y Miranda; además, la mitad de los casos se han dado desde junio. De hecho, agosto ha sido el mes más crítico, con afectaciones casi diarias. Van más de 1.000 hectáreas afectadas en el 2022.

Gremios y empresas del sector azucarero, ganadero y agricultores de la zona han denunciado que han sido sujetos de acciones como amenazas a los trabajadores, daño de la infraestructura, maquinaria y destrucción de cultivos.

“Se han intensificado los ataques contra la vida, el trabajo, la libre empresa y la propiedad privada en el norte del Cauca”, han reclamado en varias ocasiones el Consejo Gremial Empresarial del Cauca, la Sociedad de Agricultores (SAC) y Ganaderos del Cauca y del Valle, Asocaña y Procaña.

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Por generaciones, indígenas en el norte del Cauca vienen enfrentados a hacendados e ingenios.

La disputa por la tierra en el norte del Cauca se ha dado por generaciones. 

Foto:

Santiago Saldarriaga/El Tiempo

Igualmente, los 31 gremios que componen el Consejo Gremial Nacional manifestaron su preocupación y rechazo por esta situación e hicieron un llamado al Gobierno y a la Fiscalía para que garanticen la vida de las personas y el derecho al trabajo, la productividad y la propiedad privada.

Otro de los hechos fue el que se presentó entre Caloto y Santander de Quilichao a inicios de agosto, cuando un grupo de personas con banderas y emblemas del Consejo Regional Indígena (Cric) llegaron a ocupar una parte de la Hacienda Japio, en el Cauca, para reclamar ese predio que actualmente le pertenece a la familia Eder Garcés, dueños del Ingenio Manuelita.

Similar situación ocurrió a finales de julio en el municipio de Padilla, también en el Cauca, cuando organizaciones indígenas ocuparon predios privados de cultivos de caña, o recientemente, en El Tetillo, en Padilla, donde también hubo otro caso.

Pero la tensión no solo está creciendo en el Cauca. En otras zonas del país también se han presentado invasiones en las últimas semanas. Estas ya no por indígenas, sino por campesinos. Por ejemplo, en Neiva un grupo de personas invadió predios que reclamaban como propios, también, en el municipio de Curumaní, en el departamento del Cesar, alrededor de 150 personas ocuparon una finca ganadera y palmera hace unos días.

Ante lo ocurrido, el Comité Agropecuario del Cesar realizó una manifestación pacífica y les pidió a las autoridades prudencia con los mensajes que se están enviando respecto a la tierra.

“Nos preocupan mucho los mensajes que está enviando el Gobierno del tema de la expropiación y de los cobros de impuestos de la tierra”, le dijo a EL TIEMPO Joaquín Tomás Ovalle, presidente del Comité.

La razón es que el grupo de personas que invadió la finca dijo que era un comité que buscaba reivindicar las tierras y que tomaban la finca porque la necesitaban para trabajar, para volverla productiva, según cuenta.

“La gente lo está tomando como que se le presentó un negocio. Hay miedo de que continúen las invasiones”, resaltó.

Igualmente, hace unos días más de 100 personas invadieron el predio conocido como Caballo Loco en el municipio de Dagua, Valle, donde por más de 20 años ha funcionado la Fundación Paz Animal, que está en un terreno administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Ana María Sanclemente, alcaldesa de Dagua, aseguró en medios locales que las personas que ocuparon el predio adujeron que el presidente, en su discurso de posesión el 7 de agosto, aseguró que todos los bienes en extinción de dominio de la SAE pasarían a ser la base de una nueva economía productiva, administrada por las organizaciones campesinas.

Francisco Lourido, presidente de la junta directiva de la Sociedad de Agricultores en el Valle, sostiene que la situación es muy compleja y que se necesita un mayor diálogo para llegar a puntos de acuerdo. “Las invasiones se siguen dando en predios con titulaciones legalmente adquiridos y lo más grave es que se pierde el derecho a la propiedad privada. Además, normalmente las tierras que se toman en forma ilegal las comunidades indígenas se vuelven improductivas, que no generan empleo ni comida”, contó.

Según Procaña, gremio que aglutina a los productores de caña, las pérdidas acumuladas en la agroindustria por este tipo de situaciones llegaban a más de 100.000 millones de pesos hace unas semanas.

Llamado del Gobierno a parar la ocupación de tierras

Cecilia López, ministra de Agricultura, pide a campesinos no invadir tieras

La ministra Cecilia López, dijo que hay compromiso con dar acceso a proyectos productivos.

Foto:

Rodrigo Sepúlveda. Archivo EL TIEMPO

Ante esta creciente preocupación, la ministra de Agricultura, Cecilia López, hizo la semana pasada un llamado a los campesinos del país para que paren la invasión de tierras productivas en manos de privados y les exigió que cualquier estrategia de acceso a la tierra tiene que hacerse pero dentro del marco de la ley.

“Hay un tema básico, y es que tenemos que respetar nuestra Constitución, tenemos que hacerlo dentro del orden legal que existe en el país. Esto es un mensaje crítico, no es invadiendo tierras, no, perdón. Tienen un gobierno comprometido con darle acceso a lo que se merecen para hacer estos proyectos locales agroindustriales, pero respetando la ley, respetando la institucionalidad”, aseguró.

Días antes, también se refirió al tema en una entrevista radial en Blu Radio en la que afirmó que, sin duda, habrá que respetar los derechos, pero que este no es el mismo país de antes.

“Hay que encontrar un camino porque lo más importante es la paz, eso quiere decir que todos tenemos que ceder. (…). Tanto las pretensiones de los indígenas tienen que ceder como las pretensiones de quienes han sido los dueños de la tierra seguramente van a hacer un esfuerzo; es que si no, no hay diálogo y no podemos seguir en guerra; encontremos el camino, con diálogo”, advirtió.

López ha explicado en otras ocasiones que el Gobierno usará estrategias como gravar las tierras improductivas gracias al despliegue del catastro multipropósito para que los impuestos correspondan mucho más a la capacidad productiva de los predios. Ante ello, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), dijo que el problema es que no hay una definición de tierra productiva o improductiva.

“Todas esas imprecisiones lo que generan es una sensación de inseguridad jurídica, y eso es muy peligroso para la inversión en la ruralidad”, sostuvo el dirigente gremial.
La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, también se refirió a este tema. “Debe haber un diálogo nacional que hagamos todos los colombianos en función de que la tierra esté en función de garantizar la vida”, dijo.


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