A eso de las 10 de la mañana de ayer, terminaron los meses de zozobra en torno a los planes de salvamento de la cadena de tiendas de bajo costo Justo & Bueno (J & B), los cuales nunca llegaron.
Ante esa circunstancia, Santiago Londoño Correa, superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, no tuvo otra alternativa distinta que ordenar reactivar la liquidación de la compañía e iniciar el proceso de devolución de los locales en los que operaban las tiendas a sus respectivos dueños, para lo cual fijó un plazo máximo de 20 días.
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La liquidación de dichas tiendas, controladas por Mercadería, firma creada por Michel Olmi, estaba cantada desde el miércoles de esta misma semana, luego de que a escasas horas de que se reanudara la audiencia pública en la que se definiría la suerte de J & B, Alfonso Giraldo, representante de Lobbying & Consulting, interesada en el salvamento de dicho comercio y última esperanza de los trabajadores, arrendadores y proveedores, les anunció que no presentaría una propuesta para ello.
La razón la daría el propio Darío Laguado, agente liquidador designado para el proceso de Justo & Bueno, quien durante su primera intervención en la audiencia de ayer informó que el salvamento de la organización requería, como mínimo, un aporte cercano a los 303.150 millones de pesos.
Ninguno de los dos proponentes (Marco Gerardo Monroy y Alfonso Giraldo) que durante meses alimentaron la ilusión de miles de familias por una eventual salvación levantaron la mano. Por el contrario, ambos desistieron de presentar un plan que permitiera la continuidad de ese negocio, que venía sacándole el cuerpo a una inminente quiebra desde mediados del 2021.
Ante la confirmación de dichos desistimientos ayer, Londoño Correa, el juez del caso, procedió a fijar las condiciones en que se llevará a cabo la liquidación de Justo & Bueno.
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Como primera medida, el funcionario le ordenó al agente liquidador estructurar un cronograma que permita la devolución ordenada de todos los locales en los que operaban las tiendas de Justo & Bueno, para lo cual estableció un plazo máximo de 20 días.
Para la elaboración de ese cronograma fijó un término de 24 horas, plazo que Laguado, el liquidador, consideró insuficiente debido a que J & B era una organización con presencia en más de 450 municipios del país, lo cual dificultaría esa tarea.
Debido a esto, le solicitó al juez una prórroga para presentar dicho plan hasta el próximo lunes 8 de agosto.
También pidió conservar los contratos de trabajo de un grupo de colaboradores que ya se tiene identificado, toda vez que se requiere de su concurso para adelantar la elaboración del cronograma de entrega de los locales y la devolución de estos.
Londoño Correa también les dijo a los propietarios de locales que, ante la declaratoria de la liquidación de esta cadena de tiendas, no pueden acudir a las vías de hecho para recuperar sus inmuebles, pues ya se ordenó la devolución de estos a través de un plan ordenado.
Mientras que a las compañías de leasing que tienen arrendados bienes, muebles y equipos que permitían la operación de las tiendas, tales como neveras, cajeros automáticos, góndolas, cajas registradoras, entre otros, el juez les dijo que pueden proceder a retirarlos por cuenta propia, pero de manera ordenada.
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Si bien en las últimas semanas el agente liquidador había devuelto ya a sus propietarios unos 40 locales que permanecían con sus puertas cerradas, se estima que aún quedan en todo el territorio más de 1.000 de estos inmuebles cuyos dueños tendrán que asumir no solo la restauración de los mismos debido a su deterioro, sino también las deudas de impuestos y de servicios públicos que se dejaron de pagar desde febrero pasado, lo que llevó a la suspensión de estos.
Lo que viene
Durante la audiencia realizada ayer, algunos empleados y propietarios de locales manifestaron su preocupación por lo que se les adeuda de salarios y prestaciones sociales, así como de cánones de arrendamiento, pues muchos de los dueños dependen de esos ingresos para su sustento diario.
Las cifras del liquidador dan cuenta de que el fin de esta organización dejará sin trabajo a unos 5.700 trabajadores que estaban activos hasta abril pasado, el cierre definitivo de los locales que hasta el miércoles en la noche aún operaban y más de 280 proveedores, de los más de 450 que en su momento más exitoso llegó a tener la compañía, pendientes de que se les cancelen millonarios recursos de una deuda que fue creciendo en los últimos meses.
No es para menos. Las acreencias de Justo & Bueno solo en lo corrido del presente año pasaron de cerca de 134.000 millones de pesos en abril a 303.149 millones cuatro meses después, un crecimiento del 124,5 por ciento en ese periodo. Y el riesgo de que la totalidad de esa deuda se pierda es inminente.
Algo que había anticipado Michel Olmi, creador de este modelo de negocios, en entrevista con EL TIEMPO a mediados de mayo, al señalar que debido a que Justo & Bueno no alcanzó su etapa de maduración “no tiene una base significativa de activos fijos que respalden acreencias ante un escenario de liquidación”.
Pero Marco Gerardo Monroy y Alfonso Giraldo, pese a la decisión de liquidación, siguen alimentando la ilusión de quienes buscan recuperar algo de esos dineros. Dijeron estar dispuestos a iniciar un negocio bajo el mismo esquema de J & B con el aporte de capital de un aliado estratégico de talla mundial, los trabajadores, dueños de locales y proveedores que quieran apostarle. ¿Cómo los harán? Al igual que con propuestas anteriores, no revelaron detalles.
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