La Personería le pone la lupa al problemático contrato de reforzamiento de la Unidad Deportiva el Salitre

La historia de las obras de esta infraestructura deportiva de la ciudad es larga y ha estado enmarcada por incumplimientos. El último contrato fue adjudicado en octubre de 2023 tras un largo pleito contra con el consorcio Unión Temporal San Antonio IDRD Reforzamiento Asemain, a quienes se les había adjudicado la obra en 2017 y no cumplió con lo pactado.

Esta situación es particularmente importante porque debido a los incumplimientos y el abandono de la obra, el IDRD debió contratar una consultoría para hacer una revisión de la patología de la estructura, análisis de calidad, estado, y estudio de funcionalidad de las obras de la Unidad Deportiva El Salitre; la cual concluyó que lo procedente, después de los años de abandono, era demoler la estructura actual y no solo reforzarla.

Sin embargo, ni siquiera el nuevo contrato adjudicado el años pasado, que busca subsanar estos antecedentes, ha podido destrabar el destino de esta construcción pues, a la fecha y según la Personería, está suspendido porque todavía no cuentan con la aprobación previa y resolución de intervención por parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), dado que una parte del complejo deportivo está catalogada como bien de interés cultural y por eso no es posible su demolición total o parcial.

En ese sentido, la Personería de Bogotá ha señalado que “a raíz de la reciente suspensión del contrato firmado en 2023, por 43.951 millones de pesos, para intervenir, nuevamente, las instalaciones de la Unidad Deportiva El Salitre (UDS) -tras el siniestro del contrato adjudicado en 2017 para el reforzamiento y adecuación del edificio-, el ente de control realizará una veeduría permanente al avance de las obras con el fin de vigilar el cumplimiento del cronograma y lograr que el complejo deportivo se entregue”.

En ese sentido, el personero Andrés Castro citó a una reunión en la que estuvieron el IDRD, el contratista y el interventor de la obra y donde expusieron los avances de los nuevos trabajos de construcción.

La crítica situación de este lugar se debe al incumplimiento de una obra adjudicada en el 2017 por la administración de Enrique Peñalosa y que estaba a cargo del contratista ‘Unión Temporal San Antonio IDRD’. Desde ese momento el edificio de ligas donde entrenaban los deportistas de la unidad fue cerrado.

Acorde a lo establecido, este trabajo debía ser entregado en septiembre de 2018, sin embargo, el contratista solicitó una prórroga y un anticipo de 2.874 millones de pesos para adelantar el proyecto, que se encontraba todavía en su fase inicial.

La prórroga fue viabilizada el 1 de noviembre de 2019. Sin embargo, nunca se mostraron los avances ni las cuentas del anticipo y por eso, en 2020, el IDRD inició un proceso por incumplimiento.

A esto se le suma que tras el vencimiento del plazo contractual solo se había alcanzado un avance del 38 por ciento de la obra. “El contratista había dejado las obras botadas y a la intemperie. Quitó el techo y a raíz de eso la estructura empezó a deteriorarse más por la lluvia y el sol”, le dijo a este medio el IDRD en noviembre de 2023.

En medio de esa controversia, la Contraloría de Bogotá, también configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por un monto de 8.775 millones de pesos al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) por el posible daño causado al patrimonio del Distrito durante la ejecución del contrato 2999 de 2017 suscrito para el reforzamiento de la Unidad Deportiva El Salitre (UDS) y su respectiva interventoría.

De acuerdo con la auditoría de regularidad adelantada al IDRD por el organismo de control en ese entonces, tanto el contrato de obra, como el contrato de interventoría “registraron un inadecuado manejo de los recursos públicos y afectaron el erario del Distrito”.

Así pues, luego de dos años de un conflicto jurídico por el incumplimiento en el proyecto, la entidad logró que el contratista devolviera los 2.874 millones de pesos del anticipo y que la póliza de seguro del mismo pagara otros 2.300 millones por daños generados. No obstante, debido al deterioro generado por el tiempo en el que la estructura del edificio estuvo a la intemperie, este espacio ahora deberá ser demolido totalmente.

En octubre del 2023 el IDRD adjudicó los estudios y diseños de la UDS para hacer las contrataciones de este proyecto. En este mes (octubre) comenzó la primera fase del contrato, que es la de estudios, diseños y obra del proyecto y el cual exige la demolición y reconstrucción del edificio centro de entrenamiento deportivo y la interventoría. El contrato costará más de 45.000 millones de pesos.
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​JONATHAN TORO ROMERO
Redacción Bogotá