La navegabilidad del río Magdalena como prioridad de la región Caribe, fue uno de los proyectos de gran impacto que propuso el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo para ser incluidos dentro de las propuestas del Plan Nacional de Desarrollo, así como del Presupuesto General de la Nación.
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En conversaciones con el ministro de Transporte, Pumarejo planteó que la navegabilidad del río Magdalena se maneje por una empresa de economía mixta, que se haga cargo del dragado y las obras rígidas, así como de la zona marítima portuaria de Barranquilla.
El mandatario explicó que con ello se garantizarán las condiciones adecuadas del río Magdalena a partir de 2023, a través de un proyecto a largo plazo que incluya la compra y operación de dos dragas, obras rígidas, monitoreo para el mantenimiento y profundización del canal de acceso en Barranquilla hasta Barrancabermeja (Santander).
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De acuerdo con este proyecto las intervenciones de infraestructura hidráulica incluyen protección de orillas, reparación de tajamar, diques sumergidos, revestimiento de orilla, amarraderos, entre otras. Igualmente, se contemplan actividades de dragado, con las que se busca garantizar niveles de servicio a lo largo del canal.
La compra de dos dragas para el mantenimiento de la navegación del río Magdalena es una propuesta.
Prensa Cormagdalena
La inversión sería por 1.4 billones de pesos, recursos disponibles por la APP desierta, con lo que se crearán más de 23.000 puestos de trabajo.
Pumarejo presentó la propuesta durante la instalación del Bloque Parlamentario Caribe, espacio en el que participaron parlamentarios de la región, gobernadores, alcaldes de ciudades capitales, gremios y otros sectores organizados para impulsar acciones conjuntas en beneficio de las comunidades de esta zona del país. El encuentro se llevó a cabo en
La propuesta para bajar las tarifas de energía
Sobre las tarifas de energía en la región, la propuesta expuesta por el alcalde Pumarejo fue la creación de un fondo de recursos públicos que permita la estabilización de la tarifa, “a través de compensaciones monetarias directamente a los costos de prestación del servicio mitigando de esta forma el efecto de las variables que generan alzas por encima del promedio nacional”, explicó.
Pumarejo piensa que con ello se busca reducir el impacto de las altas tarifas en la economía de los más de 11 millones de usuarios de la región Caribe, bajo principios de justicia, equidad y solidaridad.
Air-e es una de las dos empresas operadoras del servicio de energía en la costa.
Vanexa Romero /EL TIEMPO
El mandatario hizo énfasis en que la problemática tiene dos alcances: uno nacional, toda vez que el aumento de las tarifas de energía eléctrica se ha visto reflejado en todo el país, pero con mayor afectación en el Caribe.
Eso quiere decir que al indicar que aumentó el acero, el concreto y muchos de los insumos de los productores, implique que se deba incrementar el costo de la energía
Sobre ello, rechazó que aunque los embalses estén llenos, se ha usado la fórmula del índice de precio al productor para la remuneración de muchos de los contratos a largo plazo de los generadores. “Eso quiere decir que al indicar que aumentó el acero, el concreto y muchos de los insumos de los productores, implique que se deba incrementar el costo de la energía”, por lo que sentenció que los embalses ya están construidos. “Hoy lo que estamos pagando es un costo de mantenimiento y operación, y el índice de precio al productor no corresponde a eso”, aseveró.
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Esto ha llevado, de acuerdo con Pumarejo, a que muchas de las tarifas en Colombia tengan un aumento de generación de hasta 30% cuando esta tiene costos menores en las hidroeléctricas, no en las termoeléctricas.
La demanda a la Creg
Recordó la demanda de los alcaldes de ciudades capitales de la región a la resolución de la CREG, reconociendo que esa no es la solución de fondo. “El problema es que le entregaron a AIR-E y a Afinia la región Caribe, pero les dijeron “defiéndase solos” porque les dijeron que tenían que comprar toda la energía a los generadores y a los transmisores y se la tienen que pagar toda”, subrayó.
Para atender esto, las empresas le están cobrando al usuario que paga por el que no paga y por las pérdidas inherentes a 10 años o 15 años de malos manejos. “Debemos exigirle a los generadores y transmisores que hagan parte de la opción tarifaria”, con el fin de revisar un cobro a largo plazo para desde ya bajar los costos de energía.
Mientras tanto, crear un fondo de estabilización de precios en el Caribe e incluirlo en el Presupuesto Nacional. “Así como lo hicieron cuando los colombianos tuvimos que asumir muchos de los proyectos y los errores en otras regiones, hoy pedimos lo mismo con el Caribe”, puntualizó Pumarejo.
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